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Nacional | Lunes 26 • Diciembre • 2016

Poder Ejecutivo y magistrados firmaron convenio para terminar diferendo y juicios por aumentos salariales en el Poder Judicial

El viernes, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, y el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, firmaron con representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay un convenio con el que se intenta comenzar a resolver el diferendo que se mantiene desde 2012 con el personal del Poder Judicial. Ferreri explicó que el gobierno espera que este “sea el primer paso”, y dijo que “luego quedan una serie de colectivos”, como “fiscales, defensores, funcionarios, actuarios”, con los que también “tendremos que ir negociando”. “El espíritu del Poder Ejecutivo es negociar con todos y buscar una solución que contemple a todos los funcionarios, comenzando con los magistrados”, agregó, en declaraciones a la Secretaría de Comunicación de Presidencia. Mañana habrá una reunión similar con el gremio de fiscales para presentar la misma iniciativa. Después de conseguir el acuerdo de todos los colectivos, el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento el proyecto de ley que destinará los créditos al pago de las partidas correspondientes. “Había diferendos en cuanto a salario, desde el período diciembre de 2012 hasta la fecha, y luego sobre los aumentos hacia adelante. Finalmente, se llegó a un acuerdo por el que, para el período diciembre de 2012 a diciembre de 2016, se estará otorgando una partida equivalente a un aumento de 10% del salario, aunque habrá que descontar algunos aumentos que ya se han otorgado a cuenta, y para adelante se está llegando a un acuerdo que implica un aumento de 14%. Ya fue dado 7,66% y se otorgará un aumento para llegar a ese 14% en dos etapas, al 1º de enero de 2017 y al 1º de enero de 2018. Esto permitirá poder cumplir con el acuerdo de manera paulatina, lo cual se acompasa con las posibilidades fiscales del Poder Ejecutivo”, explicó el subsecretario del MEF.

Según Presidencia, este acuerdo implica unos 9,5 millones de dólares para “equilibrar los pagos hacia atrás”, y luego “un incremento salarial que tendrá un costo de aproximadamente 2,5 millones de dólares por año”.

De concretarse un acuerdo general con todos los sectores del Poder Judicial, el gobierno evitaría que continuaran los juicios contra el Estado, que ya ganaron unos 3.800 funcionarios. Vale recordar que el diferendo se originó a partir de la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional de 2010, en la que se fijó un aumento para los magistrados que los funcionarios judiciales consideraron que también les correspondía, según la redacción del texto, algo que la Justicia respaldó en primera y segunda instancia.


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