La madre afirma que se queda en Uruguay porque descubrió que su hija de cuatro años era abusada sexualmente por su padre en España, donde vivían. Hizo la denuncia. Según consta en la oposición de excepciones de la defensa, esta era “una práctica constante cuando ella [la madre] no estaba en casa”, y además vivían en una “pesadilla determinada por violencia, miedo, sumisión, humillación y vergüenza impuestos por el padre”. La intención de la denuncia era poder quedarse con su hija en el país, y que se desestimara la solicitud de restitución internacional cursada por el padre el 29 de julio de 2016. El hombre considera que hubo una “retención ilícita”, ya que la niña viajó con su autorización “para vacacionar”, pero debía volver el 24 de mayo y no lo hizo. La jueza Rossana Pose desestimó lo expuesto por la defensa, y ordenó que la niña vuelva a España; sin embargo, dice que a los efectos de realizar una restitución “segura”, la niña debe viajar acompañada de un familiar. En un informe de Laura Gandolfo, la psicóloga que trabaja con la niña hasta hoy, fechado en julio de este año, y presentado como prueba por la defensa, dice que “en expresiones verbales, juegos y dibujos se ven indicadores de abuso sexual por parte del padre, en actividades obligadas relacionadas a ‘juegos sexuales’ a modo de rituales”. Las acciones del padre, continúa, “han vulnerado su bienestar físico y psíquico, arriesgando el desarrollo neuropsicológico y emocional de su hija”, por lo que recomienda “el alejamiento del padre-victimario y la permanencia de la niña en un entorno más sano para su desarrollo y crecimiento”. Dado el “alto nivel de angustia que presenta, se indica especial cuidado en el proceso judicial para evitar la revictimización de la niña”. Para la jueza, este informe “carece de imparcialidad”, y lo mismo ocurre con las declaraciones testimoniales, “sospechosas” por “vínculos familiares muy estrechos con la requerida [es decir, la niña]”.

Pruebas

La perito Mariela Dipólito, del Departamento de Asistencia Social (DAS), dependiente del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, sugirió durante la investigación, tal como consta en los documentos a los que accedió la diaria, que la niña permanezca en Uruguay, en el entendido de que “existen pruebas e indicadores de que la madre era víctima de violencia doméstica y de género”, y que al llegar a Uruguay la niña comenzó a mostrar “signos y síntomas que indican que es altamente probable que haya sido víctima de abuso sexual por parte de su padre”, por lo que “la primera medida de protección es la separación de la niña del supuesto abusador”. En agosto de este año, la perito Ana Nin, psicóloga y subdirectora del Departamento Médico Criminológico del Instituto Técnico Forense, expresó en su informe que la niña se encontraba “muy angustiada por el temor a perder a su madre y por las represalias de su padre por su viaje a Uruguay”, y concluyó de forma “indubitable” que la niña “ha sido espectadora de situaciones de violencia doméstica y protagonista de conductas inadecuadas y violentas por parte de su padre”. En base a esto, la jueza alega que “la violencia doméstica se entiende acreditada” pero “no así el abuso sexual a la niña”. En este sentido, afirma que “a los efectos de analizar un eventual abuso sexual, en territorio español podrá periciarse al padre y contar con mayores elementos” para resolver “un extremo tan complejo y delicado”. Sin embargo, dice en la sentencia que el hecho de que la niña sea restituida no implica que la tenencia le sea concedida al padre, “ni que pueda visitarla”, ya que “la resolución de estos extremos” corresponde al juez “naturalmente competente”, que es “el de la residencia habitual de la niña”. Dice también que “la retención de la niña de parte de su madre no ha sido autorizada”, cuando debería ser “otorgada de forma indubitable y expresa por su padre”.

Rebasando límites

Distintas organizaciones sociales, entre las que se encuentran la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Cotidiano Mujer, Mujeres de Negro y El Abrojo, emitieron ayer un comunicado en el que expresan su “más profunda indignación” con esta decisión judicial “aberrante”, con la que creen que se han “rebasado todos los límites tolerables”. Denuncian que, con la decisión, la jueza deja a la niña “en la más absoluta desprotección, y ningún argumento ni fundamento avala que un Estado deje a una niña a merced de su padre abusivo”. Y preguntan: “¿De qué otra forma esta niña tiene que gritarle al mundo adulto, en especial a esta jueza, que fue abusada sexualmente por su padre, que no quiere volver a verlo, que le tiene terror, que la ha dañado?”. Según supo la diaria de varias fuentes, el fallo del Tribunal de Apelaciones saldría antes del comienzo de la feria judicial, que empieza el viernes, es decir, entre hoy y mañana.