Con la tónica habitual de sus últimas comparecencias en el Parlamento, los dirigentes del Sindicato del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (SUINAU) cuestionaron la semana pasada en el Parlamento a la actual administración del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), encabezada por Gabriela Fulco, mientras dedicaban loas a la gestión de su antecesor, Ruben Villaverde.
Según consta en la versión taquigráfica, el presidente de SUINAU, Joselo López, dictaminó ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes que el INISA está “en una de las peores crisis de la historia” y que los trabajadores desconocen el plan de gestión de la actual administración. López sostuvo que hay “alrededor de 30 o 40 gurises durmiendo en el piso”, que falta personal, que no hay equipos de dirección estables, que “en ciertos momentos mandan más los gurises que los trabajadores”, que “se conceden determinados beneficios a los que peor se portan”, que el programa de salud “quedó totalmente desmantelado”, entre otros cuestionamientos. Además, los trabajadores les dejaron a los legisladores un material sobre “situaciones complejas que se han dado en los establecimientos” por las cuales el sindicato realizó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). “Se incluye el presunto abuso de dos jóvenes mayores a un joven de 15 años -que está en proceso judicial- y otro tipo de situaciones muy lamentables”, comentó López. El presidente del SUINAU dijo a la diaria que este caso está en la Justicia, denunciado por el director del centro donde está recluido el adolescente.
El diputado frenteamplista Jorge Meroni, presidente de la comisión, dijo a la diaria que la documentación que dejaron los funcionarios se reduce a una denuncia que formularon ante la INDDHH. Meroni recordó que el directorio del INISA relató en comisión, a fines de noviembre, una situación muy distinta, destacando los avances constatables en el sistema desde la asunción de la nueva administración. Acotó que lo más probable es que los legisladores realicen una recorrida por los centros cuando culmine el receso parlamentario, para verificar por sí mismos su estado.
Juan Faroppa, integrante del directorio de la INDDHH, declaró a la diaria que los trabajadores del SUINAU presentaron la semana pasada una denuncia por “las condiciones de trabajo de los funcionarios de INISA” y otra “vinculada a la situación de un interno menor de edad”, pero no quiso dar mayores detalles. Faroppa explicó que el tema se está “procesando” y que se realizó una visita al centro donde está privado de libertad el joven. Por otra parte, señaló que a la INDDHH no le “consta” que exista una denuncia judicial por este tema.
Tocan a todos
El SUINAU ocupó en la mañana de ayer las oficinas del INISA, en rechazo al sumario iniciado a 37 trabajadores por una huelga que realizaron en agosto de 2015, en protesta por el procesamiento por torturas de 26 funcionarios. La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones de 3º Turno resolvió absolver a 14 de los 26 funcionarios, mientras que para los 12 restantes confirmó su procesamiento, aunque no por “torturas” sino por el delito de “abuso de autoridad”.
Las autoridades del INISA entendieron que durante la huelga de 2015, que determinó que el gobierno decretara la esencialidad por 30 días en tres centros de reclusión, los trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo y cometieron faltas administrativas, y por ese motivo les inició un sumario. El SUINAU resolvió ocupar la sede del INISA “en contra de las medidas represivas de la Administración Fulco, que intenta una vez más desconocer a la organización sindical y las medidas legítimamente tomadas por los trabajadores”, según detalló en un comunicado.
El sindicato sostiene que en aquella instancia cumplió con el decreto de esencialidad, que comenzó a regir un día después de que los trabajadores resolvieron la medida de huelga, y que los funcionarios volvieron a sus puestos de trabajo una vez que se realizó la requisa acordada con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y con el directorio del INISA. “Por una decisión de carácter colectivo, como es la realización de una huelga, no se les puede iniciar un procedimiento administrativo individual a los trabajadores”, cuestionó López.
El directorio del INISA, por su parte, emitió un comunicado ayer en el que da a conocer la situación de ocupación de la sede central del organismo por parte del sindicato y afirma que la medida, que “apuntaría a detener un procedimiento administrativo” realizado tras una investigación “desarrollada con total apego a la legalidad”, afecta “la prestación de un servicio de extrema complejidad y sensibilidad como lo es la privación de libertad de adolescentes”; advierte que debe procurarse “por todos los medios no generar situaciones de riesgo”.