En virtud de que hoy vence el plazo otorgado a Venezuela por las autoridades de los cuatro países fundadores del Mercosur para que internalice la normativa del Mercosur, bajo la advertencia de perder el derecho a voto, la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, envió una misiva a sus colegas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay presentando una “formal controversia”, atendiendo a lo dispuesto por el preámbulo y el Reglamento CMC 37/03 del Protocolo de Olivos, con el fin de “iniciar las negociaciones directas con respecto al cumplimiento” de Venezuela. “A su vez, esta controversia incluye el desconocimiento ex profeso por parte de sus respectivos gobiernos, de la Presidencia Pro Tempore Venezolana del Mercosur que le correspondería plenamente, sin que hubiere elementos legales y jurídicos que imposibilitaran tal función”. Rodríguez dice en la carta que durante el segundo semestre de 2016 le ha correspondido a Venezuela el ejercicio de ese cargo y que los gobiernos del resto de los países “han pretendido ignorarla, usurpando sus funciones, con evidente desacato de lo dispuesto en los tratados constitutivos del bloque”.

Ante la intención de “modificar la condición de Venezuela como Estado Parte” del Mercosur “alegando un supuesto incumplimiento” de su obligación de incorporar “a su derecho interno el acervo normativo del mecanismo de integración del bloque en un plazo de cuatro años”, Rodríguez aclara que Venezuela “no sólo ha conducido un altísimo porcentaje de asunción de dicho acervo, sino que además, ha permitido comprobar que el nivel de cumplimiento venezolano rebasa el que es dable comprobar” en los demás países del bloque. La canciller detalla datos sobre la normativa integrada por su país y concluye que “la incorporación del acervo normativo del Mercosur” por parte de Venezuela “se eleva al 95% del total, habiendo actuado, con flexibilidad y equilibrio, de forma gradual, efectiva, continuada bajo el reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferencial, y conforme con el Grupo de Trabajo, en un tiempo inferior y con mejores resultados que los que se desprenden de las actuaciones de los demás Estados Partes”. La carta establece que Venezuela considera “lamentable” que los demás estados partes, “en lugar de acudir a las instituciones comunes para, con Venezuela, debatir acerca de la situación del Mercosur, hayan optado por suplantarlas y, a espaldas de un Estado parte, se hayan atrevido a asumir competencias de las que carecen conforme a los tratados constitutivos y amagar con medidas sancionadores que en absoluto tienen encaje en el bloque”. “Todos somos conscientes de que detrás de estas actuaciones no subyace una preocupación real y genuina por el presente y futuro del Mercosur, sino la utilización temeraria del mecanismo de integración al servicio de una política de hostigamiento al gobierno” de Venezuela “ajena al cumplimiento de sus obligaciones y al preceptivo respeto de sus derechos estatutarios”. Rodríguez finaliza pidiendo que “en el marco de este procedimiento que se inicia, se abstengan de realizar cualquier acto que pueda perjudicar, afectar, desmejorar o contradecir las resultas que necesariamente deben asumirse como consecuencia de la controversia planteada”. Ayer, por unanimidad, el Parlasur dio a conocer un acuerdo “en reafirmación del respeto a las normas y a la institucionalidad del Mercosur”, en el que exhorta a los estados partes a cumplir con todos los derechos y obligaciones y a “canalizar sus controversias y diferencias” a través de los mecanismos institucionales previstos.