Aún no eran las 16.00 en Paysandú y, como ocurre en gran parte del interior del país, no andaba nadie por ningún lado. La temperatura rondaba los 30°C. En Montevideo y Florida, en el local del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el secretario del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango, y la directora de Economía Social de la cartera, Mariela Fodde, hablaban con dos o tres sanduceros. Los ministros y sus equipos llegaron ayer desde Montevideo para un nuevo Consejo de Ministros que tendrá lugar en la pequeña localidad sanducera de Piedras Coloradas este lunes.

En simultáneo al encuentro en el local del Mides, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, se reunía con trabajadores de la cooperativa Cotrapay (ex Paylana), de ANCAP, de Azucarlito y con empresarios del Centro Comercial e Industrial. En la misma línea de acción, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se reunía con representantes del sector de la bebida, del sindicato policial y del PIT-CNT con sede en Paysandú. En la zona sur de la capital departamental, un pizarrón indicaba que el kilo de tomates cuesta $ 45. Pero el negocio permanecía cerrado, al igual que la mayoría de los comercios, con excepción de los que están integrados a las estaciones de servicio. Algunas vallas de seguridad con pocos policías reflejaban la singularidad del día. En un momento avanzaron con prisa unos efectivos de la Guardia Republicana; un niño lo observó todo desde la puerta de su casa, en la calle 33 Orientales.

Ya cerca de las 18.00, un vehículo del Mides donde viajaban jerarcas regionales y nacionales se dirigió al barrio periférico Curupí, castigado por las inundaciones y por la pobreza. Allí, en un galpón de metal, aguardaban decenas de trabajadores que vestían remeras con la insignia del ministerio, además de autoridades municipales y trabajadores sociales. Eran integrantes de la cooperativa Unidos por la Clasificación, integrada en gran parte por mujeres jefas de hogar, y que se encontraba en un día clave porque el presidente Tabaré Vázquez pasaría por allí a escuchar la problemática para brindar -ante las cámaras de televisión- una posible respuesta.

Se pasaban el mate y conversaban. Nancy Medina, la presidenta de la cooperativa, no tuvo problema en dejar la ronda con sus compañeros de trabajo para explicar la situación que vive este grupo de trabajo en la zona norte del departamento. Se trata de un grupo organizado de recicladores que, cuando reparten los ingresos el sábado, se dan cuenta de que “no es suficiente para la cantidad de gente que trabaja”, dijo a la diaria. El intermediario, quien compra el material reciclado, saca ventajas y deja un margen chico a quienes llevaron adelante el proceso de recolección, prensado y clasificación.

Trabajan en dos galpones y tienen convenios con la Intendencia de Paysandú, aunque lo que necesitan con urgencia es tener un ingreso mínimo por la tarea que desempeñan. En tiempos en que la alarma por el dengue no cesa, ellos son los que realizan el “descacharre” y vacían todos los objetos que acumulan agua en la zona. Pero no cobran por ello, y los cacharros que se llevan no son de mucho valor. Entonces, esperan ser amparados por la Ley de Envase (17.849), que aún no llegó al departamento. En caso de que esta reglamentación se aplique a Unidos por la Clasificación, su presidenta explicó que estarán “pagados por el ministerio”, y eso los ayudará a “salir adelante”. Bajo esta ley, se generará un canon que se le cobra a la Cámara de Industrias, explicó a la diaria uno de los técnicos involucrados. Hay en total 18 recicladores formales y cerca de 70 informales en todo el departamento. La idea de este proyecto es profesionalizar la tarea que realizan a diario estos trabajadores. Con esto se logra “sacar a estas personas de la situación insalubre y que pasen a una situación de mejor nivel en cuanto a vestimenta, lugar de trabajo y condiciones de higiene”, indicó a la diaria Fleitas, el jefe regional del Mides.

Comenzaban a llegar al galpón jerarcas y periodistas, porque en la gira de Vázquez estaba incluido este “ecocentro”, como le llaman los cooperativistas. Rodeado por un alambrado que no parecía difícil de vulnerar, Ruben Darío Betancor, uno de los cooperativistas, que trabaja desde hace tres meses, contaba que los robos son moneda corriente y que los delincuentes “no tienen piedad con nadie”. Se divisan roturas en los vidrios del baño, hay agujeros producto de las roturas. “Me enteré ayer de que venía la ministra [del Mides, Marina Arismendi]”, reconoció minutos antes de que se presentara el primer mandatario. Medina se hizo eco también de esta inseguridad, y dijo que espera que otra cooperativa de serenos, o un 222, sirva para que mermen las agresiones.

Vázquez bajó del auto presidencial y se dirigió al galpón junto con Arismendi. Allí se comprometió a darle US$ 10.000 -de los fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- a la cooperativa, para que tenga un capital de base que le permita encarar de otra manera un negocio que deja a sus integrantes con menos ganancias de las merecidas. En declaraciones posteriores en el local del Mides, el presidente dijo que “la calidez de la gente que vive en condiciones extremas” es sorprendente, mientras que “por ahí hay poderosos que han ganado mucho dinero y viven de queja en queja”.