Durante la ceremonia de traspaso de mando, primero habló el presidente saliente de la SCJ, Jorge Chediak, quien sostuvo que 2015 “no fue fácil” pero, “más allá de los avatares sufridos, terminó relativamente bien”. Se refería al conflicto que mantenían los funcionarios judiciales con el Poder Ejecutivo desde 2011, cuando, en ocasión del entonces nuevo Presupuesto Quinquenal, un aumento de los sueldos de los ministros de Estado desencadenó en un aumento de los de la SCJ y, con esto, del resto del Poder Judicial, efecto que no se buscó al redactar la ley.
Después de más de cuatro años de negociaciones, que terminaron con una demanda al Estado por parte de los judiciales, el 23 de diciembre se dio por finalizado el conflicto, cuando se acordó en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social distribuir la partida de 246 millones de pesos aprobada en el Presupuesto Quinquenal para este mandato, de manera de que cada trabajador reciba 25.000 pesos y el sobrante sea repartido entre todos los funcionarios en porcentajes de acuerdo con el grado y el escalafón. A esto se le suma un incremento de 7,8% en los salarios a partir de enero -además de los ajustes por inflación que correspondan-, lo que totaliza unos 350 millones de pesos.
A su turno, Pérez Manrique consideró que el conflicto “ha contaminado el relacionamiento con los otros poderes del Estado” y que, “ahora que se ha levantado la intoxicación”, espera que haya “actitudes más abiertas”. Consultado por el diálogo con el Poder Ejecutivo, dijo que se trata de “un relacionamiento cortés y amable”, pero estableció la “necesidad de diálogo con los demás poderes”. “Es necesario que podamos hablar para encontrar una apertura a toda la problemática del Poder Judicial”, insistió.
Es lo que no hay
La situación presupuestal del Poder Judicial ocupó un amplio espacio en su primer discurso como presidente. “El Presupuesto Nacional aprobado en 2015 no previó incremento de rubros alguno para el Poder Judicial”, afirmó de entrada, y agregó que “mantener los valores del presupuesto anterior para los gastos de funcionamiento e inversiones” es algo que le resulta “absolutamente preocupante”, teniendo en cuenta el aumento de la inflación y “un notorio incremento de las necesidades por diferentes factores”.
“El Poder Judicial debe asumir el quinquenio a partir de una línea de base incrementada por aportes adicionales del Poder Ejecutivo para gastos de funcionamiento de 58.200.000 pesos”, estableció. Añadió que, “para poder funcionar durante todo el presente año, es necesario un refuerzo extra de 76.859.741 pesos”.
Pérez Manrique informó que esta restricción presupuestaria motivó la creación de un comité de crisis en el Poder que preside, integrado por dos ministros de la SCJ y la jerarquía administrativa, con el fin de analizar el presupuesto de gastos e inversiones y tomar medidas para limitarlos al “mínimo imprescindible”. Anunció que la escasez de recursos es tal que, a pesar de las medidas tomadas por el comité, “será necesario un refuerzo para no suspender los servicios antes de fin de año”.
Entre las medidas tomadas para afrontar la crisis se encuentran la de no instalar nuevas salas de videoconferencias, cableado de datos ni equipamiento informático; no realizar traslados de sedes ni apertura de nuevas oficinas, salvo las dispuestas por la SCJ durante 2015; y otras más, como el estudio de la supresión del servicio tercerizado de certificaciones médicas, ejemplificó el nuevo presidente en diálogo con la prensa.
El refuerzo
Los casi 77 millones de pesos solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas son parte del refuerzo. El Poder Judicial solicitó además 50 millones para invertir en la construcción del Centro de Justicia de Maldonado, iniciada el 19 de agosto de 2015, con un avance a la fecha de 14%. Pérez Manrique estableció que la SCJ la considera “una inversión prioritaria”, “estratégica y financieramente de gran trascendencia”, por tres razones: el superior costo de los alquileres en Maldonado, las dificultades que implica conseguir “un local apropiado para el servicio” y el hecho de que en este departamento el Poder Judicial no dispone de locales propios. Agregó que se está realizando el “máximo esfuerzo para que se culmine en el plazo de 24 meses”.
Otro refuerzo, de 20,9 millones de pesos, será solicitado para poner en marcha el nuevo Código Aduanero, para el cual la entrada en vigencia de las normas procesales se prorrogó hasta el 1º de marzo, a propuesta de la SCJ, la Fiscalía de la Nación y la Dirección Nacional de Aduanas. Según Pérez Manrique, “en los departamentos de frontera serán miles los expedientes que pasarán a tramitar ante los Juzgados de Paz” y “todo ello sin contar con fondo presupuestal alguno para el rubro”, por lo que, “de no disponer de los fondos, el régimen no podrá ser aplicado”.
En otro orden, el nuevo presidente anunció que el Poder Judicial pondrá a disposición de la ciudadanía una nueva aplicación desarrollada íntegramente por los técnicos del Poder Judicial para dispositivos móviles, que permitirá comunicar a los usuarios, gratuitamente y en tiempo real, cuando exista cualquier evento o movimiento en expedientes de su interés.
Consultado sobre el fallo pendiente respecto de la ley de medios aprobada a fines de la legislatura que cerró el mandato de José Mujica, afirmó que “por el mes de abril habrá un primera sentencia”. Agregó que “los argumentos a favor de la inconstitucionalidad son muy complejos”.