El gobierno buscó saldar las observaciones que recibió del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la ley de Negociación Colectiva. Lo hizo con un borrador de proyecto de ley, al que accedió la diaria, que probablemente no dejará conformes ni a los empresarios ni al PIT-CNT.

En el borrador se modifican casi todos los puntos objetados por la OIT respecto de la ley de Negociación Colectiva. En primer lugar, se agrega una frase en el artículo 4º, referente al “deber de negociar de buena fe”, que establece que “el deber de información de la parte del sujeto empleador sólo será exigible por aquellos sindicatos que cuenten con personería jurídica”. Esta modificación busca saldar la observación del comité referente a la necesidad de que “todas las partes en la negociación, gocen o no de personería jurídica, deben ser responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de las informaciones que reciban en el marco de la negociación colectiva”.

En segundo lugar, se propone derogar la parte final del artículo 14, sobre los sujetos de la negociación, que establece que “En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior”. Esto corresponde a la observación realizada por la OIT referente a que “la negociación con la organización más representativa de nivel superior sólo debería llevarse a cabo en la empresa si cuenta con una representación sindical conforme a la legislación nacional”.

Además, el borrador incorpora un agregado al artículo 10º, sobre las competencias del Consejo Superior Tripartito, que aclara que éste se pronuncia “como órgano asesor del Poder Ejecutivo”, buscando subrayar el carácter no imperativo de sus pronunciamientos.

Con este borrador, el gobierno desestima dos observaciones realizadas por la OIT. En primer lugar, la propuesta del comité de que el Consejo Superior Tripartito tenga un presidente “independiente, preferentemente nombrado por las organizaciones de trabajadores y de empleados conjuntamente, que pudiera desempatar en caso de una votación”. En segundo lugar, no toma en consideración -al menos en este proyecto de modificación de la ley de Negociación Colectiva- las objeciones planteadas por el Comité al decreto 145/2005, que deroga otros dos decretos que daban al Ministerio del Interior la potestad de desalojar empresas ocupadas por los trabajadores. “El Comité estima que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma”, había señalado en su momento la OIT. Éste fue uno de los puntos más importantes del reclamo de los empresarios cuando presentaron su queja ante la OIT.

Con este panorama, en las cámaras empresariales hay posiciones encontradas respecto de la postura a tomar. Según fuentes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, se coincide en que el gobierno está haciendo “una propuesta de mínima”, que establece modificaciones “que le son cómodas” y que “los temas más importantes planteados por los empresarios no se tocan”. Pero hay posiciones encontradas sobre qué actitud adoptar: están quienes piensan que estos cambios deben rechazarse y quienes consideran que se trata de una propuesta que, “aun siendo light, muestra un talante, una intención de ir más al medio” y, por lo tanto, debería aceptarse “para mostrar buena voluntad”.

Por su parte, el PIT-CNT considera que la ley de Negociación Colectiva “es buena, ha demostrado en la práctica que es positiva” y no debería modificarse, dijo a la diaria Milton Castellanos, dirigente de la central. “Vamos a defender la ley tal como está. Si hay algo bueno y efectivo, ¿por qué tocarlo?”, preguntó.