Desafiando el calor cercano a los 40 grados y la euforia rolinga previa al recital en el estadio Centenario, Unidad Popular logró congregar ayer de tarde a más de 200 personas en la plaza Libertad, para protestar contra “el tarifazo, la carestía y el ajuste fiscal”. Algunos de los asistentes portaban carteles que reclamaban el derecho a la vivienda -“Quiero tener mi casa. Solución habitacional, derecho de todos”, “Basta de especular con la vivienda”-, otros instaban al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a bajarse el sueldo y a “dejar de mentir” con la inflación, o directamente le reclamaban que renunciara, porque “su economía mata al pueblo”. Otros carteles reflejaban cuestionamientos más generales al gobierno del Frente Amplio (FA), con el que algunos sectores de Unidad Popular tienen una historia en común: “Traidores. La historia los juzgará” o “Tarifazo=corrupción=crisis. Trabajadores no deben pagar”.

En su proclama, Unidad Popular argumentó que el gobierno “ha decretado un verdadero tarifazo antipopular, como parte de un ajuste fiscal instalado ya con las tarifas de principios de 2015 y consolidado con el presupuesto votado recientemente”, que “viene a agravar el proceso de carestía ya instalado en artículos de primera necesidad”. Este “tarifazo” se refleja, sostienen, en la no rebaja del precio de los combustibles ni de la energía eléctrica, y en los aumentos de las tarifas de OSE y Antel, cercanos a 10%, por encima de la inflación. “Esta apropiación vía tarifazo, mayormente sobre los salarios, por parte del Estado oligárquico se implementa para pagar la oprobiosa deuda externa y beneficiar con subsidios, exenciones impositivas y otros mecanismos a los grandes capitales y al latifundio”, afirman.

Unidad Popular respalda los reclamos de los “pequeños y medianos productores” contra la suba de tarifas y realiza una serie de propuestas.

Sugiere eliminar la intermediación especulativa; fijar precios máximos mayoristas para artículos de primera necesidad; eliminar el IVA en los artículos de primera necesidad, las tarifas públicas de uso doméstico, los servicios médicos, los préstamos sociales a trabajadores y jubilados; crear organismos estatales de abastecimiento; prohibir prácticas de acopio empresarial. También propone eliminar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y sustituirlo por “fuertes impuestos progresivos al capital y grandes depósitos bancarios”, así como eliminar “los intereses usurarios de los préstamos sociales del Banco de Previsión Social, el Banco República y entidades financieras”.