En la Fiscalía General de la Nación no hay una unidad especializada en medioambiente. En el Poder Judicial, tampoco. Las denuncias que realizan los ciudadanos son procesadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En la página web de la Secretaría de Estado, desde donde se pueden ingresar las denuncias, se aclara que algunas de éstas no son de su “competencia, por lo que deben elevarse a otras instituciones públicas”. Es en este contexto que la senadora blanca Carol Aviaga, perteneciente al sector Aire Fresco (Partido Nacional, PN), que lidera Luis Lacalle Pou, y contraria al emprendimiento de megaminería de Aratirí, visitó el lunes al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Consultada por la diaria, Aviaga contó que le transmitió a Díaz su preocupación por la “falta de controles medioambientales por parte de los ministerios”. La senadora calificó el encuentro de “muy bueno” y aseguró haber recibido un compromiso de palabra por parte de Díaz para avanzar en la creación de un órgano especializado en medioambiente en la órbita fiscal. La concreción de esta unidad, según percibe la legisladora, sería el primer paso hacia un Uruguay con juzgados ambientales.

“Si te duele la garganta no vas a ir al urólogo”, señaló Aviaga para justificar la creación de este órgano, cuyo cometido sería el de controlar específicamente los conflictos medioambientales. A su entender, esto va a demorar muchos meses, por lo que se creará, junto con legisladores del resto de los partidos políticos, catedráticos universitarios y científicos idóneos en la materia, un equipo multidisciplinario que se enfoque en este tipo de dificultades y comience a trabajar en la creación de un proyecto de ley para penalizar en forma más severa el delito ambiental y territorial. La senadora y el fiscal de Corte retomarán el diálogo luego de la Semana de Carnaval.

Actualmente existen unidades especializadas para el crimen organizado, de menores y de derechos humanos; esta última fue creada por resolución de la Fiscalía de Corte en setiembre del año pasado. La posibilidad de crear un tribunal ambiental requiere un proceso más largo, ya que se precisa la aprobación de las cámaras legislativas y un ida y vuelta entre los distintos partidos. El año pasado, el senador Jorge Larrañaga, también del PN, presentó un proyecto de ley para crear un tribunal medioambiental.

Entre 2005 y 2010 se duplicaron en el mundo las cortes y los tribunales medioambientales, de acuerdo con un estudio del World Resources Institute realizado en abril de 2010. En América Latina y el Caribe hay algunos ejemplos, entre los que se destacan el Tribunal Agroambiental de Bolivia, los tribunales ambientales de Florianópolis, Matto Grosso y Manaos, la Corte Ambiental de Chile, la Corte Ambiental de Bahamas y la Comisión Ambiental de Trinidad y Tobago. En tanto, las autoridades legislativas porteñas debaten sobre la creación de juzgados ambientales que se dediquen sólo a los asuntos relativos a la contaminación.