Hace dos años, Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica que aprobó la ley que regula la producción, distribución y comercialización de cannabis (Nº 19.172) como una de las 15 estrategias gubernamentales “por la vida y la convivencia” que ayudarían a terminar con el narcotráfico y narcomenudeo, fomentarían el uso de marihuana medicinal y proveerían al uruguayo de marihuana de calidad. El cumplimiento de esos objetivos todavía está en veremos. “Los resultados de la aplicación de la ley son modestos”, se lee en “Uruguay: a dos años de la ley que regula el cannabis”, informe realizado por la comunidad jesuana Iepes, única organización religiosa que es miembro del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas.
En el informe también se concluye que “es visible el inicio del debilitamiento de las viejas estructuras vinculadas al cultivo, producción y distribución ilícita de cannabis, haciendo desaparecer a ciertos sectores del mercado negro”. Sin embargo, “al mismo tiempo los vacíos de la ley (como el no abrir el mercado interno a emprendimientos locales y cooperativas, o como dejar al turismo cannábico al margen de la actual normativa) han contribuido a la creación de un nuevo mercado negro muy lucrativo”, se señala. Esto implica una pérdida “importante en recaudación fiscal y disminuye fuertemente la efectividad del control de calidad del cannabis en el mercado, tomando en cuenta que gran parte de ese mercado negro emergente manifiesta su descontento por no ser incluidos en la legislación actual”.
Desde el oficialismo
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, fue entrevistado por los investigadores y reconoció que la implementación de la ley les ha llevado “más tiempo” de lo calculado. La “dificultad” con la venta en farmacias es “un problema administrativo” de licitación. “Se quiere evitar que alguna [de las empresas] esté financiada por organizaciones del narcotráfico”, explicó. Consultado por la diaria, Romani aseguró que las farmacias son la mejor plataforma para la venta, y que aunque aún no están abiertas las inscripciones para registrarse y poder comprar, y que se espera que en mayo esté marchando todo. Recordó que en octubre sólo se otorgaron dos licencias para producir y que se prevé que en abril ya estén las cuatro toneladas de marihuana listas para vender. Romani señaló que con esa cantidad no se cubriría el consumo de 160.000 personas, número estimado de uruguayos que consumen, pero que planean ir aumentando los montos según la cantidad real de personas que se adhieran al registro. A su vez, actualmente hay 4.400 cultivadores y 17 clubes de cultivo de cannabis inscriptos en el registro del Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Romani interpretó la cifra como un “muy buen síntoma” si se le suman los resultados de “encuestas de opinión [que] dicen que la gran mayoría de los usuarios van a adherir al sistema, contra lo que plantean quienes no se registran argumentando [tener] temor de que se podría usar la información sensible de los registros para otros fines”.
Según los resultados de la VI Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas, 23% de la población (unas 786.449 personas) tiene una “prevalencia de consumo de marihuana vitalicia”. Romani asegura que “el éxito del sistema que se está implementando radica en que los usuarios adhieran”.
Por otro lado, en el informe se señala que se analizaron muestras de “prensado paraguayo” y que se encontraron 52 agentes tóxicos incorporados, por lo que Romani recomendó “que si alguien decide consumir, sabiendo incluso que hace daño, prefiera una marihuana 'charrúa'”. “De esta manera estamos reduciendo daños y, si tiene algún problema, puede acercarse al Estado uruguayo, que le ayudaremos en la medida en que se pueda”, añadió.
Desde las calles
Martín Collazo, de la organización sin fines de lucro ProDerechos, también entrevistado para la elaboración del informe, aseguró que el proceso “ha sido dificultoso por la burocracia estatal”, aunque señaló que lo que “está funcionando es el autocultivo”. Según su percepción, desde 2013 ha crecido la producción de flores de cannabis año a año; Collazo predijo que el mercado negro “se mantendrá, en parte, hasta que haya suficiente cannabis a precios bajos y de buena calidad”. Considera que el mercado del prensado tiende a la baja, mientras que el de las flores aumenta cada vez más. “Mientras no se venda en las farmacias aumentará la demanda al mercado negro” y habrá un mercado “gris” de cultivadores registrados que comparten sus flores o hacen algún intercambio, sostuvo.
Por otro lado, Collazo señaló que “hay dificultades con sectores conservadores del ámbito de los médicos, que traban el proceso”. Por ejemplo, señaló a la actual representante del Ministerio de Salud Pública en la Junta Nacional de Drogas, Cristina Lustemberg. “Hay falta de conocimiento entre muchos funcionarios y también cierta 'intuición negativa' con respecto a la planta, que traba los trámites para el acceso al cannabis medicinal”, opinó Collazo. También indicó que “falta que se optimicen las condiciones de calidad para que pueda ser usada como medicinal: la acreditación de calidad farmacéutica para los productos”. En ese sentido, Collazo aseguró que hasta noviembre del año pasado sólo cinco niños recibían aceite de cannabis con cannabinol.