“Estamos a favor de la transparencia”, asegura el grupo liderado por la senadora frenteamplista Constanza Moreira, Casa Grande, en un documento que presentó ayer a raíz de la discusión sobre ANCAP y el trabajo de la comisión investigadora, con consideraciones y conclusiones sobre las empresas públicas en general.
El grupo considera que “después de todo lo invertido en ANCAP, la rápida privatización de lo que da pérdida es una solución que no puede ser tomada entre cuatro paredes o en un encuentro multipartidario, sino que debe involucrar múltiples voces, incluyendo la de la fuerza política”, porque, afirman, “las decisiones del Poder Ejecutivo se terminan imponiendo, y la fuerza política es la que paga, con su desgaste, por decisiones en las que nunca tuvo arte ni parte”.
A su vez, aseguran que “el deber ser” de las empresas públicas es el de “proveer servicios de máxima calidad y accesibles a los ciudadanos”. En ese sentido, la “canasta básica de agua, energía y comunicaciones que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad debe tener un costo mínimo”. Agregan que “las políticas tarifarias que benefician al gran consumidor y castigan a la pequeña y mediana empresa (muy especialmente a las familias que tienen una actividad en su propio domicilio) deben ser revisadas”.
Por otro lado, Casa Grande asegura que “la política de sectores a nivel de ministerios y empresas impide el control cruzado, la evaluación sistemática, colectiva y serena de los cuadros políticos, y las designaciones racionales y desapasionadas de cargos de confianza para los cuales el Frente Amplio [FA] adolece de ningún criterio conocido, confiable y transparentable”. Le llaman “división sectorial del trabajo político (unos se encargan de la economía, otros de la seguridad y las armas, otros de ‘lo social’)” y señalan que, respecto de ANCAP, “así, está complicado remontar las dudas que se generan en esta ‘democracia bajo sospecha’”.
Según el grupo, el “gran ausente” del gobierno frenteamplista es “una política clara, ordenada y explícita de la ocupación de cargos de confianza”. Advierten que se debería “hacer una evaluación de las personas y cargos que ocupa en el Estado, desapasionada, objetiva, que permita hacer todas las correcciones que fuera necesario”. En ese sentido, señalan que “a todas luces se hace necesario instalar mecanismos de control que funcionen de manera eficaz en relación a los cargos gerenciales”: “Deben estar sujetos a severas exigencias en cuanto al desempeño. Los funcionarios públicos pueden ser destituidos por incapacidad, omisión o delito. Pero eso no funciona”, advierten. Además, agregan que “los abultados sueldos de gerentes de varios organismos públicos no debieran ser tales, y es intolerable que en una misma empresa convivan cargos directivos con salarios públicos ajustados a la norma general, y gerentes que reciben remuneraciones absolutamente escandalosas, y reñidas con cualquier idea del bien común”.