Otra visión de la inflación
El “mayor desafío a corto plazo” que presenta el país es la “reducción de las presiones inflacionarias”. Desde el punto de vista de la OCDE, que las autoridades uruguayas no quieran modificar el rango objetivo de la inflación y tampoco llevar a cabo un “importante choque adverso en la demanda” deja como única opción “ralentizar el crecimiento”, cosa que ni la reducción del IVA a algunos bienes ni los acuerdos temporales de precios van a lograr.
Entonces, reducir el crecimiento del dinero en efectivo y los depósitos a la vista en los bancos es una de las alternativas, que tendría que ir de la mano de acuerdos en el ámbito salarial que determinen “incrementos reales menores que las ganancias de productividad”. Esto, sin embargo, debe ir atado a la confianza en que los empleadores “traducirán la moderación salarial en una bajada de precios y no en la obtención de mayores beneficios”.
Más a mediano plazo, se sugiere un control “más riguroso” de la política fiscal y cuestiona el argumento del gobierno que establece que un ajuste de cerca de 4,5% en el gasto público recortaría la inflación en tan sólo 2%. Según la OCDE, “es difícil contar con series temporales suficientemente largas para que estas estimaciones sean fiables”, y afirma que “el mismo estudio en que se basa esto indica que el resultado puede ser tres veces mayor”.
La OCDE considera que el marco de bienestar general subjetivo de Uruguay es “bueno” y “más si se lo compara con otros países que tienen un PBI [Producto Bruto Interno] per cápita similar”, estableció Pezzini. Pero, a pesar de las “buenas notas” en materia institucional, como corrupción y confianza, también se diagnosticaron déficits, sobre todo en lo que atañe a la “elevada” pobreza infantil, la educación y el desempleo juvenil, que afecta en mayor medida a los desfavorecidos socioeconómicamente que se enfrentan a “serios escollos de movilidad social”.
Afuera y adentro
La “permanencia de las barreras a la integración” internacional de Uruguay fue identificada como uno de los “cuellos de botella” que presenta la economía nacional. “Más que de la cantidad, estamos hablando de la calidad de los acuerdos”, explicó Pezzini.
El informe advierte de la variedad de los acuerdos comerciales que tiene el país y de su posición en éstos, que, más que favorecer la integración, “dificulta” el acceso a los distintos mercados: “por un lado, los acuerdos con Chile y México, bastante similares a los TLC [Tratado de Libre Comercio] con Estados Unidos”; además, “Uruguay es país observador en la Alianza del Pacífico, a lo que se suma el ser miembro pleno del Mercosur”.
También se identificó como un cuello de botella la calidad de la infraestructura, sobre todo en el transporte. Con respecto a la red vial, Pezzini dijo que, aunque tiene una buena cobertura, “su calidad es relativamente baja teniendo en cuenta el PIB del país”. El director de la OCDE profundizó en la modalidad prevista de construcción de red vial mediante la participación público-privada, para lo cual se hicieron tres recomendaciones: la constitución de un marco institucional “idóneo y lo suficientemente amplio”; un enfoque basado en la relación calidad-precio que beneficie a la población; y la integración de esta modalidad en el proceso presupuestario ordinario.
También son necesarias inversiones en puertos y ferrocarriles, fundamentalmente “para responder a las necesidades de la producción agrícola y forestal”. Para los primeros se han estimado inversiones de 1.734 millones de dólares, 920 de los cuales tendrían que provenir de las arcas del Estado. Para los segundos se surgiere una inversión aproximada de 2% del PIB, a efectos de que se conviertan en una alternativa “más ecológica y rentable” a las carreteras.
También se sugiere “ampliar el ámbito de aplicación” del Fondo para el Desarrollo (Fondes) al financiamiento de la iniciativa empresarial, más allá de las cooperativas. “Resultaría útil consolidar el Fondes con otros pequeños fondos administrados por diferentes órganos, como la Corporación Nacional de Desarrollo”, establece la publicación.
La principal amenaza
Por último, la “principal amenaza” para el proceso de crecimiento actual: la falta de capital humano y de competencias en el mercado laboral. “Uruguay va a la zaga en cuanto a disponibilidad de trabajadores altamente calificados en las áreas de ingeniería y tecnología”, sostiene el estudio, que recomienda que en el corto plazo se mitigue esta escasez mediante la eliminación de porcentajes mínimos de contratación nacional exigidos -por ejemplo, en las zonas francas-, para facilitar la inmigración calificada a las multinacionales, así como el uso “más eficaz” de instrumentos como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. “El escaso grado de internacionalización y la reducida capacidad de investigación e innovación de las instituciones de educación superior (públicas y privadas) también merma el potencial”, establece el informe.
En una perspectiva de mediano plazo, el gobierno, según la OCDE, debería enfocarse en los cambios sobre los sistemas de educación y formación, fortaleciendo la Universidad Tecnológica (Utec) mediante la asignación de un presupuesto “permanente y significativo”.
Identifica dos “problemas esenciales” de la educación: la calidad de la enseñanza secundaria y su conexión con la educación terciaria, por lo que el “paquete de incentivos” propuesto reúne recomendaciones en ambos niveles. Sobre la secundaria, la creación de un mecanismo de identificación personalizada de estudiantes con dificultades, y “no sólo focalizarse en la evaluación”. También darles “más autonomía a los docentes y mayor liderazgo a los directores” de los centros educativos podría hacer un cambio en la situación. Mejorar las condiciones de las carreras docentes implicaría fomentar la docencia entre los jóvenes como una opción, y motivarlos a terminar su formación, mediante el “aprendizaje entre pares”.
En la educación terciaria, además de replicar los mecanismos de apoyo para la docencia, se sugiere “permear la movilidad” dentro del sistema, de manera de habilitar a los estudiantes a “orientar su formación vocacional de una forma más flexible”. Asimismo, mejorar las relaciones entre programas de secundaria y educación terciaria, que “en este momento están desalineados e impiden la sana transición” de los jóvenes desde la enseñanza secundaria a la universidad.