Hoy vence el plazo legal del que dispone la minera Aratirí para presentar un nuevo interesado en obtener la concesión para explotar los yacimientos de hierro que se extienden en los departamentos de Treinta y Tres, Durazno y Florida. Aquella propuesta que pretendía convertir a Uruguay en “un gran exportador mundial de hierro para la producción de acero” nunca llegó a concretar su ambición, y más de 90 trabajadores que están en seguro de desempleo desde hace cuatro años le iniciaron un juicio a la empresa en enero, por no pagar los despidos en el plazo pautado.
En noviembre, tras ocupar durante una semana la sede de Valentines, los trabajadores y la minera habían acordado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que cobrarían el despido en cuatro pagos: 45% el 3 de diciembre, 20% el 23 de diciembre, 20% el 29 de enero y 15% en febrero. Aratirí cumplió con el primer pago, pero el 24 de diciembre los trabajadores no recibieron la segunda cuota. En aquel momento ocuparon las oficinas de la empresa en Montevideo y lograron el compromiso de que cuatro trabajadores que cumplían tareas de mantenimiento y no habían sido enviados al seguro de desempleo cobraran el salario vacacional, la licencia y el aguinaldo adeudados (esto se concretó en febrero), y la promesa de que el 31 de marzo cobrarán 18 días adeudados. Los otros 94 trabajadores interpusieron “recursos en función del incumplimiento del convenio”, explicó a la diaria Manuel López, secretario del interior de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) y ante el MTSS no aceptaron firmar un acuerdo, propuesto por la empresa, de pagar en ocho cuotas 55% de los despidos adeudados. “No estuvimos de acuerdo, por eso iniciamos un juicio. De todos modos, la empresa dejó constancia en el ministerio de que iba a pagar en ocho cuotas”, dijo López. En febrero recibieron la primera de las ocho cuotas.
El 4 de enero el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento un proyecto de ley para extender por 90 días el seguro de desempleo de los cerca de 90 trabajadores de Aratirí. López informó que el proyecto del seguro de desempleo “quedó trabado y está para votarse en la Cámara de Senadores”. Desde enero de 2012 los trabajadores estaban amparados por ese subsidio.
Como saldo de este proceso, López lamentó el impacto en Cerro Chato y Valentines: “Cuando estaba en funcionamiento la empresa, reactivó la zona, llegaron trabajadores de otros lados, empezaron a funcionar comercios e iniciativas privadas”, pero “ahora, sabiendo que se cerró el proyecto, hay desmotivación de la gente y empezó a verse el pueblo que conocimos antes de que comenzara el tema de la minera: algunos trabajadores en el medio del campo ganando salarios por debajo de lo que marcan los salarios mínimos, en una situación bastante precaria”.
López dijo que el proceder de Aratirí es acorde a la manera en que “se mueven los capitales: garantizan empleo, pero cuando [el negocio] no está dentro de los parámetros que quieren manejar, desaparecen; son casi capitales golondrina en ese sentido”.
Tanto el PIT-CNT como la UNTMRA son partidarios de que la minería sea desarrollada por el Estado uruguayo, “por lo menos, de buscar algún tipo de participación con empresas que vengan a invertir, pero que haya una importante participación del Estado, que garantice los proyectos y las fuentes de trabajo”. Los precios de los minerales a nivel mundial depreciaron la industria metalífera. “La situación es bastante crítica: tenemos desocupación plena en el sector del hierro; en cuanto al oro, tenemos más de 50% de los trabajadores desempleados; en piedras preciosas, 59% de los compañeros están desocupados y otros se encuentran trabajando como empresas unipersonales, a destajo”, lamentó López.
En veremos
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería emitió un comunicado en el que sostuvo que “la realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008”. Saludó que “Uruguay se salvó de dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni garantías” y que Zamin Ferrous enfrenta juicios en Brasil y Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales e incumplimiento de contratos.
“El Estado tiene la prioridad y dispone de 180 días para decidir si compra o no la información generada por las empresas exploratorias de Aratirí”, expresa Uruguay Libre, con base en la Ley de Minería de Gran Porte.
En un informe de ayer en Suena tremendo, de El Espectador, Raúl Viñas, de Uruguay Libre, dijo que no se sabe si la información de Aratirí le sirve al país. La empresa dice que invirtió 250 millones de dólares, y, según el Estado, la cifra no pasó de los 80 o 90 millones de dólares. Fuentes de Aratirí declararon a la radio que la empresa analiza hacerle un juicio al Estado uruguayo, porque la Ley de Minería de Gran Porte, aprobada en 2013, cambió la ecuación económica del negocio, algo que entienden como una “expropiación”. Aunque nunca llegó a firmarse un contrato de inversión, la empresa podría ampararse en el Tratado de Protección de Inversiones Uruguay-India, en el artículo referente a las expropiaciones, estimaron fuentes del gobierno que, de todos modos, consideraron que se trata de un argumento débil.