Juan Miguel Petit aseguró a la diaria que el ingreso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a las cárceles de la zona metropolitana ha sido parte de una “buena” política; sin embargo, señaló como imprescindible la coordinación entre los diferentes actores del sistema penitenciario y su extensión al resto del país. En ese sentido señaló como “preocupantes” las áreas de salud mental y adicciones. Actualmente el Sistema de Asistencia Integral de las Personas Privadas de Libertad, dependiente de ASSE, atiende aproximadamente a 6.700 personas privadas de libertad, de un total de más de 10.100. “Lo que se invierte en el sistema penitenciario reditúa en toda la sociedad”, aseguró.
El miércoles Petit se reunió con la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, y con el director de Salud Mental, Horacio Porciúncula, y les planteó la necesidad de trabajar en equipo para mejorar la situación sanitaria del sistema penitenciario. Entre los temas tratados, Petit contó que una de sus preocupaciones es el tema de las adicciones. “No es muy diferente de lo que sucede en la sociedad en general. Las personas son las mismas, pero en un contexto de mayor desamparo, de violencia, donde se requieren acciones más inteligentes, hechas a medida”, sostuvo. Señaló que no hay cifras respecto de la población adicta ni de la psiquiátrica. Petit considera que, “se trate de la salud o de la educación, el responsable de garantizar todos los derechos es el Estado. Hay que poner el foco en el sistema y no descansarse sólo en el Instituto Nacional de Rehabilitación”. Comentó, por ejemplo, que algunas intendencias, como la de Salto, tienen convenios de trabajo en los que se emplea a personas privadas de libertad, lo que ayuda a lograr la reinserción social. A su vez, Petit aseguró que la salubridad no pasa sólo por la atención médica, sino que también importan, por ejemplo, la comida y la higiene.