El 29 de setiembre de 2015, el presidente Tabaré Vázquez sorprendió en la Asamblea de la Organzación de las Naciones Unidas al referirse a la multinacional tabacalera que en febrero de 2010 demandó a Uruguay por sus políticas restrictivas en torno al tabaco. “Philip Morris ha hecho una demanda internacional contra Uruguay por aplicar el marco de control de tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud [OMS]. Uruguay está enfrentando esta situación. Quizá porque somos un pequeño país hemos sido elegidos para esta demanda. Quizá sea no solamente para castigar a Uruguay, sino para que otros países del mundo no sigan el camino que ha seguido Uruguay contra el tabaco”, manifestó, y recibió un fuerte aplauso. Antes había sostenido que “más que un dilema ideológico, de derecha, de izquierda, de centro, es una cuestión ética; no es ético, señoras y señores, que en algunas circunstancias tribunales de organismos multinacionales puedan priorizar aspectos comerciales a la defensa de un derecho humano fundamental como es la salud y es la vida”. Dos meses después, en la Academia de Ciencias de Francia, Vázquez dijo estar seguro de que Uruguay saldrá “victorioso” en el pleito.

En algún momento del largo proceso judicial que inició Philip Morris contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), las autoridades del gobierno, juristas y testigos que participaron en las audiencias empezaron a percibir cambios en un proceso que no pintaba nada bien para Uruguay. “En determinado momento venía mal la cosa, y ahora tiene buen pronóstico”, valoró el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani.

Uruguay ha recibido apoyos significativos. La OMS decidió presentar el año pasado un informe ante el CIADI respaldando la postura del país. La semana pasada, uno de los candidatos fuertes del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Bernie Sanders, atacó a Philip Morris públicamente por demandar a Uruguay. Romani calificó sus declaraciones de “muy valiosas”. “Sanders es una expresión de lo más liberal y republicano, de las mejores ideas progresistas de Estados Unidos, que valoran la posición de Uruguay respecto de la regulación de mercados, tanto de tabaco como de marihuana”, destacó Romani, y dijo que la perspectiva de regular este tipo de mercados está “cada vez más extendida” en Estados Unidos.

Por otra parte, existe un antecedente de un fallo reciente de un tribunal arbitral similar. En diciembre de 2015, Australia le ganó a Philip Morris una batalla legal, luego de que la empresa demandara al país por sus políticas de control del tabaco, entre ellas el etiquetado plano. La tabacalera se basó para su demanda en el acuerdo de protección de inversiones firmado entre Australia y Hong Kong. El tribunal arbitral conformado ad hoc decidió que no podía considerar la demanda porque la empresa se había instalado en Australia luego de que se tomaran las medidas antitabaco, y, por lo tanto, estando en conocimiento de ellas, aunque no se pronunció sobre el fondo del asunto. El vicepresidente de Philip Morris, Marc Firestone, se encargó de puntualizar esto último tras el fallo. “No hay nada en el resultado de hoy que acepte, y mucho menos que valide, el etiquetado plano en Australia o en cualquier otro lugar”, manifestó, en declaraciones recogidas por The Guardian. Firestone es la misma persona que sostuvo, en declaraciones publicadas el 18 de febrero por el semanario Búsqueda, que el gobierno uruguayo no tiene “autoridad legal y constitucional” para adoptar medidas antitabaco “tan estrictas”. El embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, representante uruguayo en el juicio, dijo a la diaria que le sorprendieron las declaraciones, porque ambas partes tienen el deber de reserva, y Firestone expresó en la nota los mismos argumentos esgrimidos en el juicio. “Eso no está dentro de lo permitido”, cuestionó.

El CIADI, una institución del Banco Mundial, conforma tribunales ad hoc integrados por tres jueces: uno a propuesta de la empresa, otro a propuesta del Estado y un tercero designado por el Banco Mundial. La causa de Philip Morris incluye aspectos del derecho de marcas, propiedad intelectual, salud y denegación de justicia.

Fuentes de gobierno indicaron a la diaria que hay “señales” de los jueces que dan la pauta de que podrían darle la razón a Uruguay en términos globales. De todos modos, y al igual que sucedió en el juicio contra Argentina en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la planta de celulosa de UPM, el gobierno está preparado para que en algunos aspectos marginales se le dé la razón a la empresa.

El doctor Eduardo Bianco, del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo y uno de los testigos que presentó el Estado uruguayo, graficó que “esto no sale cinco a cero”. “Uruguay puede ganar muchos puntos y ellos pueden ganar alguno, pero somos optimistas porque la defensa fue muy buena, muy seria y muy profesional”, destacó.

Las últimas audiencias se realizaron en octubre; allí se presentaron los alegatos finales. El fallo se espera para mediados de este año.