En junio de 2014, durante la campaña rumbo a las elecciones internas, el entonces precandidato frenteamplista Tabaré Vázquez presentó diez medidas que implementaría en caso de acceder al gobierno. Entre ellas, estaba la elaboración de un Plan Integral de Seguridad Pública y de un Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Sobre el primero, Vázquez enfatizó que abordaría “fuertemente el combate a la delincuencia” y, a la vez, trabajaría “sobre las causas que la producen, con la misma firmeza. “Se integrarán políticas sociales, educativas, laborales, carcelarias, preventivas y represivas, así como el uso masivo de la tecnología, al tiempo que se profundizará el combate frontal al narcotráfico e implacablemente el combate a la pasta base”, prometió. Respecto del segundo plan, explicó que consistía en el desarrollo de programas y acciones para la inclusión social y la convivencia, “contra la violencia y toda forma de discriminación” y en promoción de una “cultura democrática y humanista”, con participación de todas las dependencias del Estado y la sociedad civil organizada. A mediados de octubre, en un acto en Paysandú, ya como candidato frenteamplista, Vázquez explicó que el objetivo de este último plan sería elaborar “programas de convivencia pacífica para buscar una sociedad más humana, porque el pueblo uruguayo se lo merece”.

Ayer, al término del Consejo de Ministros, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, anunció la voluntad del gobierno de concretar el Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Explicó que implicará una reflexión sobre “cómo han ido evolucionando los valores de la sociedad y cuáles son los valores que nos dan identidad” y que abarcará “temas de convivencia pacífica y tolerancia”. Afirmó que, si bien el país “ha crecido muchísimo” y se ha reducido la desigualdad, “vemos cosas que nos agreden en nuestra calidad de uruguayos y de los valores que profesamos”. “Hay manifestaciones públicas de algunos integrantes de la oposición que nos parece que son de recibo”, indicó el director de OPP, y agregó que los planteos del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, están “en línea con lo que el gobierno está planteando”. Mieres alertó el viernes sobre la existencia de una “crisis muy profunda” de la convivencia social y sobre una crisis “de normas y valores que ha afectado a una parte creciente de nuestro tejido social”. Pidió “dejar a un costado la disputa política para buscar nuevos entendimientos” y “abordar un menú de iniciativas conjuntas, entre gobierno y partidos, que se oriente a la recreación de un clima de tolerancia, paz y convivencia social”.

García anunció que en las próximas semanas habrá novedades sobre la instrumentación del proceso de elaboración del plan. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, también presente en la conferencia, sostuvo que las “experiencias más exitosas” en el mundo en materia de “grandes transformaciones” se concretaron “por la vía de acuerdos, por encima de partidos y gobiernos”. “Por eso es tan importante el diálogo con la oposición y el aprendizaje que tanto gobierno como oposición pueden capitalizar al respecto”, manifestó. Astori dejó en claro que el gobierno aborda el tema de la seguridad pública desde una perspectiva integral: preventiva, sancionatoria o represiva, y de “recuperación de quienes han incurrido en conductas desviadas”.

Sin dinero

Dentro del paraguas de la seguridad y la convivencia, el tema central del Consejo de Ministros de ayer, Astori fue el encargado de anunciar las medidas más concretas, que apuntan a la prevención del delito, según aclaró: la eliminación, en el plazo de un mes, del uso de dinero en efectivo en el pago a taxistas y estaciones de servicio.

El ministro de Economía consideró que Uruguay está en buenas condiciones para efectivizar esta medida a partir de la ley de inclusión financiera, que estableció una serie de estímulos para que empresas, consumidores y usuarios incrementen el uso de tarjetas de débito y de crédito, estímulos que fueron ampliados a partir de normativas posteriores. La normativa vigente establece que, a partir de octubre, nadie tendrá que pagar para acceder a un medio electrónico de pago; Astori dijo ayer que el gobierno buscará “adelantar esa fecha, de modo que el acceso gratuito sea para toda la población antes de octubre”. “Estamos convencidos de que esta medida va a contribuir a la labor de prevención”, sostuvo el ministro, y expresó que no cree que se vuelva “en absoluto una dificultad” para las empresas y los consumidores.

El lunes 21 de marzo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió con la Gremial Única del Taxi y acordaron la instalación de un “botón de pánico” en los taxis, conectado con la central de emergencias. Además, el ministro anunció que su cartera estudiaría la instalación de cámaras de seguridad en los coches y la implementación de métodos alternativos al pago en efectivo. Tras el encuentro, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) cuestionó que se haya invitado a la reunión sólo a la patronal y no a los trabajadores. Consultado por la diaria, Ernesto Barrios, dirigente del SUATT, aclaró que el sindicato “nunca se opuso” a retirar el efectivo de los taxis y que hasta al momento no había habido una propuesta al respecto. “A nosotros se nos acusó de estar en contra de las cámaras de seguridad, del botón de pánico y del retiro del dinero, y no es cierto. De lo que estamos en contra es de que se busquen soluciones a nuestras muertes sin nuestra presencia. Eso nos parece, por lo menos, insultante”, afirmó. Cuestionó que el Poder Ejecutivo haya anunciado la medida sin consultar a los trabajadores, aunque remarcó que “a priori no estamos en contra” y que se estudiará la propuesta, para lo que reclamó la constitución de un ámbito tripartito. Agregó que otro efecto potencialmente positivo que tendría la medida para los trabajadores, además de prevenir la violencia, es que obligaría a las empresas a regularizar la situación de los empleados que no aportan a la seguridad social.

En tanto, Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, dijo que le “sorprendió la rapidez” del Poder Ejecutivo y que la medida es “muy positiva” y “un acierto en favor de la seguridad de todos los trabajadores”. “La familia del taxi está satisfecha”, resumió.