Sorpresivamente, ayer la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, informó en una entrevista con No toquen nada que el 15 de marzo Aratirí presentó a un inversor interesado en hacerse cargo del proyecto minero, nueve días antes de que venciera el plazo dispuesto en la Ley de Minería de Gran Porte, antes de que los terrenos pasaran al registro de vacantes. Se trata de una sociedad anónima uruguaya, Invetexi (su nombre comercial es Ferro Valentines), sin experiencia en el rubro y que se formó en marzo. “Seguramente muy pronto invitemos a esta empresa a través de una nota a que recorra los caminos legales, que son toda la normativa vigente, fundamentalmente la Ley de Minería de Gran Porte, que explicita una gran cantidad de condiciones. Que recorra ese camino presentándonos cuál es su proyecto”, indicó Cosse. Esto abre un nuevo plazo de 120 días para que el Estado pueda acordar un contrato con el inversor. La ministra aseguró que, pese a la baja del precio del hierro, el proyecto sigue siendo interesante para los privados: “Las empresas no razonan a corto plazo, razonan a 20 o 30 años, y además sucede que cuando los commodities bajan de precio, a veces pueden llegar a ser el mejor momento para hacer obras de infraestructura al respecto, porque justamente, como hay una baja en el precio de los commodities, los proveedores que rodean el tema están en peores condiciones y ofrecen mejores precios”, explicó.

Raúl Viñas, de Uruguay Libre, apuntó ayer que habría “una diferencia dentro del mismo ministerio”, ya que la Dirección Nacional de Minería y Geología había informado, una vez vencido el plazo, que no se habían presentado interesados. A su entender, esta empresa “sería una nueva división de Aratirí”, con el objetivo de “ganar tiempo” para lograr “presionar al gobierno para obtener algún dinero por vender los datos [de la exploración minera] al Estado”. Según Viñas, esos datos, que en 2011 se estimaban en un costo de 60 millones de dólares y ahora se manejan en 250 millones, “no nos sirven como país”.

La empresa tiene “120 días para hacer lo que no pudo hacer Aratirí, y lo que no le va a dejar hacer el mercado, porque los pobres yacimientos uruguayos no son competitivos”, añadió Viñas. El periodista Víctor Bachetta también consideró que el proyecto de Aratirí “es inviable”, entre otras cosas porque no tiene aprobado el informe de impacto ambiental y porque no tiene terminal portuaria, ya que la ubicación prevista en La Angostura fue rechazada por la Intendencia de Rocha y el Ministerio de Defensa.

Según Bachetta, también asocian a esta situación la posibilidad de que Aratirí haga juicio contra el Estado, algo que sugirieron integrantes de la empresa en un informe del programa radial Suena tremendo. A su entender esto es “parte de una pulseada”, por “si se ponen de acuerdo en un pago [por la venta de los datos] a cambio de renunciar al juicio”. Para la venta de los datos habría un plazo de 180 días, una vez que quedara descartado el proyecto.