¿A dónde iremos a parar?
El Ministerio del Interior (MI) identifica como “delitos de mayor sensibilidad pública” y que “más preocupan a la población” a las rapiñas y los hurtos. Por eso, dice, informa sobre éstos y no sobre otros, como el segundo delito más denunciado, el de violencia doméstica. De todas formas, los datos que presentó ayer en su memoria anual indican que, respecto de 2014, en 2015 bajaron 2,65% en Montevideo, aumentaron 9,05% en Canelones y 8,53% en el resto del país.
La cartera que dirige Eduardo Bonomi asegura que desde la pasada administración se está en una “fase de meseta” gracias a las “medidas operativas de ataque a puntos calientes y el despliegue territorial basado en una reestructura de la Jefatura de Montevideo (sede del mayor registro delictivo del país)”. Sin embargo, asegura que el “efectivo control” aún “dista de ser el ideal”. En ese sentido, el MI tiene planificado realizar una licitación pública internacional para extender el sistema de videovigilancia, “con especial énfasis” en la zona metropolitana.
Porque “la sociedad ya le otorgó una oportunidad de rehabilitación al imputado” es que la cartera que dirige Eduardo Bonomi propone “tomar medidas de protección en defensa” de la gente y modificar algunas leyes penales basándose “en el pleno ejercicio de los derechos humanos”.
El Ministerio del Interior (MI) elaborará un anteproyecto de ley para modificar la normativa vigente en cuanto a la reincidencia en la comisión de delitos graves: en estos casos “no resulta oportuno el amparo” de la persona privada de libertad a los “regímenes establecidos para el goce de las libertades anticipadas”, explica. Contrario a la lógica del encierro, el MI también considera “oportuno” cambiar el régimen de medidas alternativas a la prisión para “facilitar la reinserción social [...] apostando a que las penas privativas de la libertad constituyan la ‘última ratio’”. A su vez, buscará obligar a los beneficiarios de libertad provisional o condicional a presentarse “ante la autoridad policial” para que “el Juez de la causa esté informado de que no se volvió a entrar en el circuito del delito y se está logrando el tránsito hacia la rehabilitación”. Además, el MI quiere modificar el régimen de salidas transitorias y aplicar un sistema de pulseras electrónicas para “realizar un seguimiento acorde”. Otra de las propuestas del MI es ampliar la lista de delitos precedentes de lavado de activos, aquellos que permiten enmarcar una causa en la investigación de lavado de activos.
Desde el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el abogado Martín Fernández calificó estas medidas como “conservadoras” y prevé su poca eficacia. “No hay nada contrahegemónico”, aseguró. “La concepción del MI de reincidencia dista de la discusión que se está dando en la región. Sabemos que no a todos les llegan las oportunidades en el sistema penitenciario y que no todos tienen la posibilidad de reinsertarse. No es que no lo hayan logrado. Es el Estado que privó de libertad a una persona por mucho tiempo y no logró que se integrara a la sociedad. No les brindó los vehículos para lograr el proceso de reinserción”, sostuvo.
Por otro lado, Fernández señaló que el discurso del MI es incoherente: “Promover medidas alternativas a la prisión va en contra de la mayor prisionización que se propone y de los métodos de control de tipo físico y tecnológico”. Fernández afirmó que la propuesta de “inflación” legislativa para la resolución de conflictos sociales “no funciona” y va en contra del proceso que está llevando el Parlamento en la discusión de la reforma del Código Penal.
Memorándum
El año pasado culminó el traspaso de todos los centros penitenciarios del país desde la órbita de las jefaturas policiales al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). La última fue la de Florida. Para continuar con la “consolidación de un nuevo modelo de gestión penitenciario y abordaje de la población privada de libertad”, el MI presentará un proyecto de Ley Orgánica del INR para constituirlo como un servicio descentralizado, que se comunicará con el Poder Ejecutivo por medio de alguno de los ministerios; en diciembre, durante la presentación del balance anual del INR, Bonomi aseguró que será el MI o el Ministerio de Desarrollo Social. A su vez, en la memoria anual el ministerio afirma que uno de sus objetivos es poner en funcionamiento la Dirección Nacional del Liberado, que se dedicará a trabajar en “los procesos de reinserción social” posteriores a la liberación de la persona privada de libertad. “Se deberá buscar soluciones laborales que faciliten (en conjunto con otros organismos del Estado) la reinserción social”.