“Salvo la ley que modifica las libertades anticipadas, en el resto las propuestas del gobierno en materia de seguridad inmediata son muy pocas. En materia de acción inmediata son muy pobres”, evaluó el senador nacionalista Javier García acerca de las medidas de seguridad que el gobierno le entregó a la oposición el martes 12, cuando se celebró la reunión del grupo interpartidario sobre “seguridad y convivencia ciudadana”, que busca definir políticas de Estado en esta área. Además de la iniciativa para eliminar la libertad anticipada de los criminales reincidentes, los proyectos del gobierno incluyen la postergación de la entrada en vigencia de algunos artículos del Código del Proceso Penal para 2019 y la agilización los procesos penales.
A su vez, el senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, se mostró “totalmente de acuerdo” con las medidas que “endurecen libertades para los reincidentes”, aunque mostró diferencias con la aplicación gradual de parte del Código del Proceso Penal: “Vamos a reclamar que se aplique en 2017, y que se destinen los recursos correspondientes para eso”. Según el Ejecutivo, la postergación de la entrada en vigencia de algunos artículos del Código del Proceso Penal se debe a que la puesta en funcionamiento del nuevo sistema demanda “recursos humanos y materiales que obligarían a efectuar una importante erogación de fondos públicos, por lo que dada la actual coyuntura económico-financiera, nacional e internacional, se propone una implementación gradual del Código, que avance por institutos jurídicos y no por departamentos o regiones, como ha ocurrido en otros países”.