Numerosas personas necesitan un trasplante de riñón. Muchas de ellas trabajan o estudian, o incluso realizan ambas actividades. Pensemos por unos minutos en la siguiente propuesta: crear un mercado legal para que aquellos ciudadanos que no estudian ni trabajan (“ni-ni”) puedan sumar una base monetaria importante mediante la donación de uno de sus riñones a pacientes de todo el mundo. El mecanismo es bien simple: ciudadanos uruguayos que no estudien ni trabajen pueden participar de la operación Done su riñón a una persona productiva a cambio de una importante suma de dinero. Dado el debate actual sobre los “ni-ni” en Uruguay, no sorprendería que una propuesta así cuente con el apoyo de buena parte de la población. Después de todo, se estaría mejorando a varios niveles la oportunidad de personas necesitadas.

Esta iniciativa, sin embargo, tiene al menos dos implicaciones cuestionables. Primero, hay un problema de selectividad. Es de esperar que sean aquellos “ni-ni” con menos recursos y en situación de mayor vulnerabilidad quienes “voluntariamente” acepten participar en un emprendimiento de esta naturaleza. Escribo “voluntariamente” entre comillas porque es razonable estipular que a mayor grado de vulnerabilidad, mayor será el grado de disposición a aceptar una oferta así. Aún cuando sea una iniciativa voluntaria, la falta de opciones reales o bien el alto costo de rechazar una oferta como esa erosiona el componente “voluntario” de la propuesta. En este escenario, los “ni-ni” con más recursos tendrán más oportunidades reales de mantener sus dos riñones que aquellos “ni-ni” más vulnerables.

En segundo lugar, es probable que se genere presión social sobre aquellos “ni-ni” que aún en situación de vulnerabilidad opten por no donar uno de sus riñones. La situación es diferente para los “ni-ni” que cuentan con más recursos. Éstos últimos pueden escapar más fácilmente de esa presión. Por un lado, y sin mucho sustento, usualmente se cree que los “ni-ni” no vulnerables reciben beneficios nulos del Estado o el resto de la sociedad. A diferencia de los vulnerables, los no vulnerables no recibirían planes de ayuda Estatal. Por otro lado, y en la misma lógica, se argumenta que los no vulnerables están amparados por una red de contención que no tiene la obligación de rendirle cuentas al resto de la sociedad. Si con mi trabajo o suerte le otorgo a mis hijos una situación de no vulnerabilidad, si ellos deciden ser “ni-ni” seguramente van a ser menos presionados que aquellos “ni-ni” que no son resguardados por nadie. Después de todo, no es casual que la imagen estereotipada del “ni-ni” sea la de un joven o una joven pobre viviendo en una situación de alta vulnerabilidad.

No se puede negar que hay una intención noble detrás de esta modalidad de donación de riñones: ayudar a pacientes enfermos generando al mismo tiempo recursos para jóvenes que no estudian ni trabajan. A pesar de esto, no es difícil ver por qué las dos implicaciones antes mencionadas son problemáticas. Cuesta imaginar que en una sociedad justa, la salida para los jóvenes “ni-ni” consista en vender un riñón en el mercado de órganos internacional. Asimismo, es difícil creer que en una sociedad justa se presione a esos mismos jóvenes a participar de este tipo de actividades. Por el contrario, es más sensato pensar que programas de esta naturaleza fracasen (o sean innecesarios) en una sociedad que provea igualdad de oportunidades para todos sus habitantes. Iniciativas de este tenor deberían fracasar en una sociedad cuyo sistema educativo formal logra contener a la mayoría de sus jóvenes, sus niveles de integración social son altos y su mercado laboral es dinámico e inclusivo.

Esta semana, Guido Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército, explicó la iniciativa de ejecutar un plan desde el Ejercito para incluir jóvenes uruguayos que no trabajan ni estudian. De acuerdo a Manini Ríos, su iniciativa permite “llevar a los jóvenes a las unidades militares, brindarles educación cívica, cierta disciplina, normas de higiene y enseñanza de oficios, para darles la posibilidad de poder transitar por la vida con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no tienen”.

La iniciativa tiene muchos puntos similares al caso de la donación de riñones discutida arriba. No sólo se busca ayudar a una población mayoritariamente desfavorecida y carente de oportunidades, sino además aumentar la integración social y bajar los niveles de inseguridad. En otras palabras, se cree que una mejor integración de los “ni-ni” redundará en una mejora para la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, la solución propuesta proviene de una institución relativamente ajena al problema de los “ni-ni” (1).

No obstante, detrás de una intención noble como esta, también existen implicaciones que merecen ser seriamente discutidas. No es muy aventurado pensar que los dos problemas señalados arriba se repetirían en este caso: probablemente sólo los “ni-ni” más desfavorecidos aceptarían participar en un programa de ese tipo. Y muy posiblemente sólo los más desfavorecidos recibirán la presión social por no participar en esa iniciativa. La única forma de evitar esa forma de selectividad y presión radica en diseñar un plan que sea universalmente obligatorio para todos aquellos que no trabajan ni estudian. Un programa que sin distinguir entre ricos y pobres obligue a todos los jóvenes uruguayos fuera del sistema educativo formal y del mercado laboral a recibir educación “cívica” y “militar”. Pero cuesta imaginar que queramos recorrer este camino.

Una respuesta más razonable, sin embargo, se encuentra en rescatar el sistema educativo formal de su debacle total. Sabemos de sobra que nuestra educación secundaria fracasa rotundamente en incluir y retener dentro del sistema educativo a los jóvenes más vulnerables. Allí hay una falla clara que atender. Más retención debería generar menos “ni-ni” en los dos sentidos del término: más estudiantes, más trabajadores calificados para el mercado laboral. Otra respuesta radica en crear programas redistributivos universales para jóvenes y adultos que tengan componentes participativos, tales como un ingreso participativo (2). Eso es, un ingreso que sea universalmente disponible (más allá de la condición socio-económica) pero que requiera la participación de sus beneficiarios en ciertas actividades. Esas alternativas son más prometedoras e inclusivas que la presentada por el comandante en jefe del ejército. Buenas intenciones no siempre van de la mano de ideas justas.

Una versión previa de esta columna fue publicada en el blog Razones y personas.

(1): Si algo se puede argumentar sobre el ejercito en este caso, es que históricamente ha integrado en sus filas a personas con altos niveles de vulnerabilidad. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre tener un plan de reclutamiento abierto a todos los ciudadanos uruguayos y en desarrollar un plan alternativo de reclutamiento focalizado en jóvenes uruguayos que no trabajan ni estudian. Esto último no con la finalidad de entrenar soldados sino con el objetivo de brindarles “educación cívica, prepararlos en valores, darles cierta disciplina, normas de higiene, primeros auxilios y enseñarles oficios” Ver “Ma-ni-ni”.

(2): Mi defensa de la propuesta de Ingreso Participativo se puede encontrar en: Pérez-Muñoz, Cristian. 2015. “A Defense of Participation Income”, Journal of Public Policy, (En Prensa).