La Cámara de Diputados de Brasil votó ayer a favor de dar inicio al juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff (ver “Porque sí”). El diputado del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani, vicepresidente del Parlamento del Mercosur, y el senador del Espacio 609 Rubén Martínez Huelmo, integrante de la comisión de Asuntos Internacionales de la cámara, entienden que la cancillería uruguaya debería solicitar en el Mercosur que se aplique la cláusula democrática del bloque y se suspenda a Brasil en caso de que prospere el juicio político en el Senado.

Caggiani evaluó que, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el proceso de impeachment sin comprobarse delito, “eso configuraría una posibilidad de alterar el orden democrático” y Uruguay “debería considerar la posibilidad” de plantear en forma “urgente”, en la próxima cumbre del Mercosur, la aplicación de la cláusula democrática. Si bien recordó que las decisiones sobre este tema en el Mercosur se toman por consenso, opinó que Uruguay debería dar “una señal, teniendo en cuenta que ejerce la presidencia pro témpore”, para que se respete el resultado de las últimas elecciones en Brasil y Rousseff permanezca en su cargo. El antecedente más cercano de aplicación de la cláusula democrática del bloque fue cuando una cumbre de jefes de Estado resolvió suspender a Paraguay en junio de 2012, tras la destitución del presidente Fernando Lugo a raíz de un juicio político, y el país retornó recién después de las elecciones y de la asunción del nuevo presidente, Horacio Cartes, en 2013.

Martínez Huelmo opinó que el procedimiento de juicio político en Brasil es “profundamente antidemocrático”, por más que esté previsto en la Constitución de ese país, y que quienes lo impulsan son “golpistas”, porque “tan electos están los legisladores como la presidenta, y no se ha probado absolutamente nada ante un juez de que la señora presidenta se llevó algo para la casa o cualquier cosa que colida con la moral”. “Hay que tomar precauciones. Esto me hace acordar a lo que pasó con Lugo. ¿Cuáles son las garantías del proceso? Se juntó una mayoría circunstancial para destruir los resultados de una elección. No es garante de la democracia brasileña el Parlamento, todo lo contrario. Esto va al corazón de la democracia. Se viene haciendo en muchos lugares de América”, advirtió. “El Mercosur, como una señal, debería suspender a Brasil, y punto”, concluyó.

Los legisladores coinciden en que se trataría de una “señal política”, ya que a priori no parece fácil conseguir votos a tales efectos en el organismo, por lo menos los de los gobiernos de Argentina y Paraguay. Fuentes de la cancillería dijeron a la diaria que “nunca se planteó” la posibilidad de aplicar la cláusula democrática contra Brasil y que “no está en la primera página de la hoja de ruta”. Además, hicieron notar que activar la cláusula sería “paralizar al Mercosur en plena negociación con la Unión Europea”.

Sin injerencias

El diputado nacionalista Jaime Trobo, integrante de la comisión de Asuntos Internacionales, opinó que el proceso de juicio político es “una situación interna de Brasil”. “Tenemos que seguirla con interés porque es un país muy importante en la región y en el mundo, pero cuidando que las cuestiones internas se resuelvan por procedimientos internos. En este caso se están siguiendo los pasos previstos en la Constitución”, consideró.

Consultado respecto de si amerita aplicarle la cláusula democrática a Brasil en caso de que el juicio político prospere, advirtió que “los uruguayos tenemos que mirar estas cosas con la cabeza fría, sin emotividades ideológicas”. Remarcó que los supuestos de transgresión de la cláusula democrática están vinculados a violaciones del orden interno de un país en lo institucional, y que en este caso se están aplicando normas constitucionales, por lo que no cabe evaluar la situación según “simpatías ideológicas”.

Por otra parte, hizo notar que la Cámara de Diputados de Brasil no estaba realizando ayer un juicio sino “abriendo la posibilidad de que el Senado realice el juicio”. Sobre la falta de pruebas contra Rousseff, afirmó que se trata de un “juicio político, no un juicio criminal, y eso también hay que tenerlo en cuenta”.

Almagro y el juicio

Tras reunirse con Rousseff el viernes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, consideró en un comunicado que el juicio político contra la presidenta de Brasil “no se encuadra dentro de las normas que sustentan dicho procedimiento”. “No existe una acusación de carácter penal contra la Presidente, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. Esta es en todo caso una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución”, opinó.