“La ANCAP que recibió el Frente Amplio [FA] en 2005” y “La ANCAP que construimos” son los dos capítulos centrales del documento. En el primero se hace referencia a los resultados de la comisión investigadora sobre el ente llevada a cabo en 2003 y a la “degradación institucional” generalizada que habrían llevado adelante los gobiernos de los partidos tradicionales en el ente. En el segundo se profundiza en el plan estratégico de “reconversión” de la empresa estatal que construyeron los sucesivos gobiernos del FA.
“Cuando el FA asumió el gobierno nacional, ANCAP era un desastre y no se sabía para donde iba”, se afirma en el documento, en el que se hace referencia a los negocios del ente petrolero en Argentina a fines de la década de 1990, a los que se considera “un fracaso”. “Las investigaciones concluyeron que las inversiones habían sido de alto riesgo, de nula rentabilidad, y que la estrategia de expansión había sido ejecutada de la peor forma, comprometiendo la viabilidad de la empresa”.
El referéndum realizado en 2003 contra la Ley N° 17.448 mostró, “con claridad” para el FA, la negativa de la sociedad uruguaya a recorrer el camino de la derogación del monopolio de importación, exportación y refinación de petróleo crudo y de exportación de derivados de petróleo propuesto en 2001, determinando el final de la estrategia planteada por el gobierno de entonces. Acto seguido, se da cuenta del plan estratégico que se construyó durante dos años, con la participación de “todos los sectores vinculados al ente, aprobado por el Consejo de Ministros y por una Comisión Multipartidaria de Energía”.
El FA asegura en el texto difundido el viernes que la planta desulfurizadora de la refinería, las horas de capacitación para cientos de trabajadores, las exploraciones tanto en tierra como en el mar, las inversiones en la industria del pórtland y cal realizadas en Lavalleja, Paysandú y Treinta y Tres, las de la cadena de los biocombustibles y también en logística de transporte (las dos barcazas y un remolcador fabricado por la Armada Nacional), la compra de las estaciones de servicio de Texaco y de nuevos depósitos, son algunas de las “acciones necesarias, largamente postergadas”, que formaron parte de la gestión del oficialismo frente a la petrolera estatal. El FA reconoce que el financiamiento de este plan era “un punto complejo”, porque incluía nuevas industrias, nuevos equipos, modernización y capacitación, pero “no había para todo, y no se podía transformar todo al mismo tiempo”.
Una “fuente importante” era el sistema de pago de petróleo con Venezuela, que dejaba como préstamo para inversiones en el país la cuarta parte del importe de las ventas a una baja tasa de interés. Pero, al mismo tiempo, convivían, al menos, dos tensiones: una entre el plan de inversiones definido y las “siempre presentes” restricciones en materia de recursos; otra, “como en toda empresa pública”, entre el análisis de las erogaciones y evitar el traslado “automático” de costos a la tarifa. “Así como el gobierno nacional no puede fijar las tarifas guiado exclusivamente por la preocupación por el control de la inflación ni por las necesidades fiscales, sin tener en cuenta la salud económica y financiera de la empresa, tampoco ANCAP puede fijar sus tarifas por sí y ante sí, ni decidir de forma totalmente independiente el plan de inversiones ni su cronograma de despliegue”, se establece, y se reconoce que, teniendo en cuenta que el impacto del precio de los combustibles en la inflación afectaría la vida de todos los uruguayos, “se debía ser muy exigente”.
El FA considera que la recapitalización de ANCAP determinó la necesidad de “evaluar con rigor” su gestión, de cara a “un mayor alineamiento de sus costos”.
“Asunto de fondo”
En julio de 2015, el Parlamento aprobó la creación de una comisión investigadora para analizar posibles ilegalidades en el desempeño de ANCAP entre 2000 y 2015. “El FA aceptó su realización porque estábamos seguros de que no teníamos nada que esconder”, establece el documento, que afirma que la investigación no comenzó con denuncias “concretas, probadas, claras y definidas”, y que en su desarrollo el legislador convocante, el nacionalista Álvaro Delgado, “no pudo demostrar falta del cumplimiento de las leyes”.
El martes los cuatro partidos de la oposición (Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular) presentarán en conjunto sus denuncias en el ámbito penal, que incluyen, entre otros elementos, la “omisión contumaz” por incumplimiento de los plazos en la presentación de los estados contables, el pago de multas por incumplimiento de contrato en la planta de cal en Treinta y Tres, cuestionamientos a los gastos de publicidad en 2013 y 2014, la deuda con la antigua aerolínea de bandera nacional, Pluna, aumento de 35% en la plantilla de funcionarios y del gasto en honorarios y contrataciones, inversión en un remolcador, triangulación con empresas de Ecuador y Holanda, la cancelación de deuda con Petróleos de Venezuela, la sobrefacturación en la planta de bioetanol en Paysandú y la capitalización de Alcoholes del Uruguay (Alur).
“Estaremos a lo que la Justicia resuelva, pero el proceso de acusaciones vagas con presuntas irregularidades al envío a la Justicia por indicios de delitos, es un camino de mucha repetición mentirosa en la prensa que no tiene contenido”, establece la Mesa Política del FA. “Es claro que puede haber equivocaciones, errores o decisiones producto de sus complejidades, porque nadie es infalible”, pero “muy distinto es acusar de robos, acomodos o delitos de otro tipo” culmina, afirmando que “el asunto de fondo es otro” y refiere a “una parte importante de la oposición, no toda, [que] decidió instalar en la opinión pública que todo está mal”.