El gobierno intenta generar una política de Estado para tratar el tema de la seguridad. En ese marco, el 12 de abril el presidente de la República, Tabaré Vázquez, se reunió con los líderes de los partidos con representación parlamentaria, para presentar ideas y recibir otras sobre “seguridad y convivencia ciudadana”. Según contó el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, y ratificó el ex candidato a la presidencia por ese partido Gonzalo Abella, no se mencionó el sistema penitenciario. Por tal omisión, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, envió a Vázquez una carta en la que afirma que generar ese debate es “una pieza clave en la prevención de la violencia y la instauración de caminos de integración social”.

“Sería buena cosa que el tema penitenciario sea específicamente analizado y abordado a la hora de pensar en acciones que apunten a una convivencia armoniosa y respetuosa de los derechos y obligaciones de todos. Está en el centro de lo que podemos hacer para cambiar violencia por convivencia e integración”, se lee en el texto. Petit sostiene que las cárceles siguen teniendo “importantes carencias” que ubican al sistema “lejos del rol reeducativo e integrador que manda nuestra Constitución”, y que “solamente un acuerdo amplio [...] puede facilitar la dotación de los recursos humanos y materiales capaces de revertir las cosas y crear un nuevo escenario”. En ese sentido, agrega que un “buen sistema penitenciario actúa como un filtro que disminuye la violencia social [...] uno malo juega el papel inverso: aumenta las carencias de quien entra en él y, al egreso, se suma como un multiplicador más a la violencia social existente”.

El tema ya había sido planteado por Petit en su intervención en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes el miércoles 13. Según la versión taquigráfica de la reunión, el comisionado dijo que “está bien que nos preocupemos por la seguridad ciudadana”, pero no hay que perder de vista “la cantidad de gente joven que está ahí por delitos que se podrían llamar ‘trabajables’, delitos menores, livianos. Esos delitos pueden tener una carátula pesada, como ser una rapiña, pero podría tratarse de alguien que le pegó un empujón a una persona o que le puso un revólver en la cabeza a alguien. Lo cierto es que detrás de la carátula uno ve gente muy joven [...] que no terminó los estudios, gente analfabeta. Son situaciones ante las que no podemos cruzarnos de brazos. Sin embargo, no hay tratamiento; ni siquiera hay actividad”, asegura. “A veces uno se encuentra con personas privadas de libertad y se agarra de la cabeza porque no entiende cómo no existen otras alternativas de restauración, de justicia restaurativa u otro tipo de medidas que puedan funcionar. A veces digo que la cárcel está funcionando como un hospital que sólo tiene CTI: es como si uno fuera al hospital porque tiene gripe y le digan que tiene que entrar al CTI”, concluyó.

Petit también señaló que “al menos 60% de la población carcelaria no tiene tratamiento, y eso significa un aumento de la violencia. O sea que no se está minimizando los problemas que traen los internos, sino agravándolos, y los de su familia también”. Explicó que en la medida en que las condiciones de reclusión son muy malas y violentas, y la familia de la persona privada de libertad conoce esas “penurias”, se “lo pone en un trono que lo vuelve una especie de víctima, de ícono o héroe”. Entonces, sucede que para sus hijos y gente de su entorno, para los vecinos, “se va creando una suerte de mitología de la persona privada de libertad. El propio Estado está creando esa mitología a partir de esa inacción o falta de actividad”, sostiene.

Petit concluye que sin los recursos necesarios ni un debate integral, es difícil que se “consolide la reforma” que asumió el Frente Amplio en 2005 con la declaración de emergencia carcelaria y la Ley de Humanización de Cárceles. “Me preocupa mucho que la reforma se caiga. Hay muchos ámbitos en que la situación es muy preocupante y me inquieta que la reforma colapse. Costó mucho ganar el terreno que se le ganó al mar; perderlo sería dramático. Si estas bases se desarrollan, van a generar nuevos dispositivos de integración social que pueden luchar contra el aumento y la consolidación de la violencia y ayudar a lograr eso que se habla tanto desde distintos ámbitos, que es una convivencia diferente”.

Mientras tanto, las propuestas presentadas por el gobierno están vinculadas con la limitación de la libertad anticipada, las penas alternativas a la prisión, la mejora de mecanismos de persecución por venta de pasta base y por crimen organizado, la regulación de la seguridad privada y la demora de los trámites judiciales.