Ayer de tarde, la empresa empezaba a rodar por las calles de Buenos Aires. A las 16.00 y sin permiso de las autoridades, la aplicación estaba disponible para descargarse en los smartphones argentinos, ante el rechazo del secretario de Turismo porteño, Juan José Méndez, que dijo al canal TN que Uber “opera al margen de la ley”. Mientras, los trabajadores del taxi bloqueaban varias calles principales bonaerenses.
De este lado del río, en Montevideo, Uber cumplió ya seis meses de actividad. Ayer, Óscar Dourado, presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (CPATU), le mandó al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, una carta abierta titulada “El taxi pide fiscalización”, que condensa los reclamos que vienen haciendo en declaraciones a la prensa: “Hemos escuchado con satisfacción el apoyo manifiesto del gobierno al trabajo uruguayo en las manifestaciones del Señor Presidente Dr. Tabaré Vázquez respecto a las aplicaciones extranjeras que van en contra de la formalización de cualquier actividad y del Estado uruguayo. Mientras esperamos que se impida la señal de esta aplicación, ellos que dijeron que iban a detener su actividad hasta tener la autorización de las autoridades, [pero] lo siguen haciendo”. Dourado denuncia un aumento de actividad de la empresa y solicita que se apliquen sanciones y que se dé de baja a la señal de la aplicación.
Pero el intendente sostiene que se aplicaron multas de hasta 30.000 pesos, según dijo en una entrevista con Montevideo Portal. “En todos [los países] se instalaron de la misma forma: de pesado. Por eso los calificamos de piratas [...] No somos una república bananera para que vengan a violar cuanta regla haya. Porque además es competencia desleal”, dijo Martínez, que de todas formas reconoce que hay que mejorar el servicio de los taxis de la capital. Ayer de mañana, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) se reunió con Máximo Oleaurre, director de Tránsito, para plantear medidas sobre seguridad. Los trabajadores comenzarán un paro hoy a las 16.00 y harán una asamblea para evaluar la reunión; los temas relacionados con la seguridad desplazaron el tema de Uber, reconoció a la diaria el dirigente Carlos Silva.
También se habló de Uber en la Comisión Especial sobre Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados, que el lunes empezó a estudiar el proyecto de ley para regular servicios informáticos que el Poder Ejecutivo envió en marzo (ver “Dicen los diputados”). Rodrigo Goñi, legislador del Partido Nacional (PN) y presidente de la comisión, dijo que a la presión del Poder Ejecutivo para que se apruebe la ley que regula servicios informáticos se suma la de “sectores importantes involucrados”, y anunció que se convocará al secretario de Presidencia y redactor del proyecto, Miguel Ángel Toma, para que aclare si las regulaciones incluyen sólo a las empresas que prestan servicios mediante uso de sistemas informáticos o también a las que difunden contenidos. La comisión recibirá a la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simon, a académicos de la Facultad de Derecho y a representantes de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay y de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.
Dicen los diputados
Walter de León (FA): “¿Es una empresa de transporte? ¿Utiliza para el transporte algún método que sea novedoso? ¿O la aplicación es un método para obtener una ventaja competitiva [...] basada en evadir los derechos laborales de los trabajadores? [...] No hay ninguna innovación. Sería una innovación si utilizara, por ejemplo, teletransportación. [...] En una época más analógica [...] el Estado no permitía a ninguna persona o grupo de personas que se reunían en una habitación y contrataban a un grupo de operadoras contratar automóviles en forma privada. Ya estaba prohibido en el país”.
Julio Battistoni (FA): “Me parece que no estaría bien centrarnos en un solo caso. Este tipo de servicio informático ya se está aplicando en la reserva de hoteles, en los restaurantes, etcétera, pero están surgiendo algunos problemas. La forma tradicional de realizar el servicio permite controlarlo más. Ahora se puede pedir no sólo la comida de un menú, sino qué se quiere comer, y se envía casi al instante. Aquí se genera un problema relativo al control de bromatología entre el consumidor y el fabricante”.
Rodrigo Goñi (PN): “Hay muchas empresas uruguayas que están haciendo esa intermediación entre oferta y demanda que no se encuentran acá, y una regulación -en una interpretación preliminar- podría llevar a que esas empresas [...] tuvieran que cumplir con normas que no están a su alcance y, por tanto, [...] cerrar. Varios juristas han entendido que en este proyecto hay artículos claramente inconstitucionales, sobre todo el artículo 9º, en el que se establece que ante una simple denuncia de cualquier organismo público de contralor, el Banco Central podría bloquear [...] las cuentas bancarias de los presuntos infractores, sin aplicar el debido proceso”.