Hace unos días se dio a conocer la noticia de que los dueños de Canal 4 habían contratado a la productora argentina RGB Entertainment para que asumiera el control de la programación de la televisora montevideana, hecho que se concretó a partir del 16 de mayo.

El cambio implicaría una apuesta a mejorar la programación del canal, con la experiencia y conocimiento de “uno de los grandes nombres de la televisión argentina de los últimos 30 años”. Bienvenidos los esfuerzos al respecto, sobre todo si eso implica más producción nacional.

Lamentablemente, los antecedentes no son buenos, y la televisora de la familia Romay se ha caracterizado por apostar a gerentes de programación argentinos y a la compra de programas también de nuestro vecino país, producto de una fuerte alianza con Telefé, que le proveía de toda su programación.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA) exige que al menos 60% de la programación de la televisión abierta sea de origen nacional. No sólo Monte Cable es el canal que está más lejos de cumplirla (no más de 45% nacional), sino que ha impugnado esta disposición ante la Suprema Corte de Justicia por considerarla inconstitucional. Por suerte, en abril nuestro máximo tribunal desechó tal acusación.

Si este riesgo de extranjerización puede ser limitado por la denostada norma, preocupa la contratación de la productora argentina, porque podría configurar un nuevo incumplimiento de la Ley SCA, pensada para que la propiedad de los medios uruguayos sea también controlada por uruguayos.

Desde 1977 (primera ley de radiodifusión) los titulares de las autorizaciones para brindar servicios de comunicación audiovisual deben “ser ciudadanos naturales o legales, en ejercicio de la ciudadanía” y “estar domiciliados real y permanentemente en la República y preferentemente en la localidad donde se prestará el servicio” (art. 104, Ley SCA). Pero esto vale también “en todos los casos en que se designen directores, administradores, gerentes o personal similar de dirección, en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación del servicio de comunicación audiovisual” (art. 108), como es el caso de la gerencia de programación de un medio de comunicación.

Es que la información consignada por la prensa confirma que quien ocupará una de las principales tareas de dirección y conducción de cualquier emisora de televisión es un ciudadano argentino, radicado en el vecino país: Gustavo Yankelevich, dueño de RGB.

La aclaración de que una persona llamada Mercedes Guinle será quien estará presente en los estudios del canal como gerenta de Programación de Montecarlo TV -información ya consignada en su perfil de LinkedIn- no ayuda. La actual gerenta de Relaciones Institucionales de la empresa de telecomunicaciones Telecom Argentina también es argentina. Las posibles implicancias de la relación entre Telefé, Telecom y Monte Carlo TV son tema para otra nota.

Ojalá estos anuncios impliquen un cambio de rumbo hacia una mayor inversión en producción, actores y periodistas de Uruguay (lo cual sería espectacular) y no una profundización en la dependencia a enlatados extranjeros. Sin perjuicio de ello, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones debería tomar nota de esta información pública a los efectos de constatar el cabal cumplimiento de la legislación vigente de las nuevas responsabilidades en la conducción de la televisora.