En respuesta a un recurso presentado por 20 ginecólogos contra el decreto reglamentario de la Ley 18.987, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en agosto de 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) resolvió la anulación parcial de siete artículos de aquel decreto. El fallo motivó dos grandes cambios: por un lado, los ginecólogos que presenten objeción de conciencia no sólo no tienen la obligación de concretar el aborto, sino que pueden no participar en ninguna instancia del proceso, desde la primera consulta de la mujer; por otro, la consulta con el equipo interdisciplinario (el segundo paso del proceso previsto en la ley) debe llevarse a cabo con los tres profesionales (ginecólogo, psicólogo y asistente social) en forma simultánea y conjunta. El Ministerio de Salud Pública (MSP) optó por no modificar el decreto reglamentario; en cambio, a fines de abril, aprobó dos ordenanzas, la 243 y la 247, para reglamentar el procedimiento nuevamente, con la incorporación de esos cambios.

El proceso de IVE implica cuatro pasos: el primero, la consulta con un médico de cualquier especialidad al que la mujer le manifiesta su voluntad de interrumpir el embarazo; el segundo, la consulta con el equipo interdisciplinario; el tercero, cuando, después de un período de “reflexión” de cinco días, la mujer vuelve al ginecólogo, ratifica su decisión de abortar y se define con qué mecanismo lo hará; y el cuarto, la consulta pos IVE con el equipo interdisciplinario.

Ana Visconti, directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, explicó ayer que el fallo anuló el artículo del decreto que permitía a los ginecólogos presentar la objeción de conciencia solamente para la tercera etapa del proceso, por lo que ahora pueden plantear la objeción para cualquier etapa. Ahora las nuevas ordenanzas habilitan a los médicos a hacer una “objeción parcial”. “Algunos médicos no estaban de acuerdo en hacer la interrupción del embarazo, pero no tenían inconvenientes en brindar la consejería ni en hacer la paraclínica”, explicó. Detalló que en el nuevo formulario se deberá especificar con respecto a qué etapa se presenta la objeción de conciencia.

Esto requerirá que los ginecólogos tengan que volver a hacer la declaración ante las direcciones técnicas de cada institución de salud, ahora mediante un formulario específico, que no es público sino de uso de la institución. Visconti señaló que se considera la información como “dato sensible”, por lo que no se puede identificar a los profesionales objetores, pero la institución tiene la obligación de informar sobre el procedimiento de IVE y sobre qué especialistas integran los equipos interdisciplinarios.

Si un ginecólogo recibe a una mujer que consulta por IVE, “debe informar a la usuaria que es objetor de conciencia y derivarla personalmente, identificando al médico que efectivamente le brindará la atención en forma inmediata”, indica la ordenanza 247.

Pero los prestadores de salud deben garantizar el acceso al procedimiento y el cumplimiento de los plazos, que deben ser breves, porque la IVE se puede aplicar antes de las 12 semanas de embarazo, o de las 14 semanas en caso de violación, y muchas veces las mujeres demoran en determinar su embarazo y en consultar. Para garantizar el cumplimiento de los plazos, la ordenanza determina que si una mujer se encuentra con un especialista objetor, la consulta con el médico no objetor se debe hacer “el mismo día de la consulta o al día siguiente, por lo que deberán tomar todas las medidas necesarias para contar con un equipo de trabajo que preste el servicio adecuadamente”. A su vez, el documento establece que las instituciones “deberán disponer de personal suficiente no objetor en los diversos cargos claves para la asistencia de las usuarias que solicitan IVE”. Esto parece especialmente difícil en el interior; según los relevamientos realizados por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), los porcentajes de ginecólogos objetores de conciencia en el Sistema Nacional Integrado de Salud son muy altos: 92% en Salto, 87% en Paysandú, 82% en Soriano y 43% en Río Negro, y se llega a 100% en Young y Mercedes. En caso de que las instituciones no cumplan con los plazos previstos, recibirán sanciones, indica la ordenanza 243.

Por otro lado, antes los cinco días del plazo de reflexión comenzaban a contarse cuando la mujer consultaba a cualquiera de los integrantes del equipo interdisciplinario, lo que muchas veces se concretaba en la primera consulta al ginecólogo. El fallo del TCA estableció que los cinco días comienzan a correr a partir de la consulta con el equipo, que debe ser con los tres integrantes en forma conjunta y simultánea. Cómo coordinar que los tres especialistas atiendan al mismo tiempo, en particular en aquellos departamentos en los que el especialista visita una vez por semana, es “el tema más álgido” que genera esta modificación, opinó Visconti. Una posibilidad para flexibilizar esta disposición es que la ordenanza 247 establece que, de forma excepcional, se podrá usar para la consulta un medio audiovisual, por lo que siempre que haya uno de los integrantes del equipo presente con la mujer, los otros dos pueden realizar la consulta de forma no presencial.

Las ordenanzas ya fueron enviadas a los prestadores, aunque no hubo reuniones con ellos en el MSP.

Seguimiento

Las ordenanzas fueron discutidas en la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, integrada, entre otras organizaciones, por MYSU. Su directora, Lilián Abracinskas, dijo a la diaria que no comparten la objeción de conciencia parcial, porque “es confusa” y porque “debería haber una discusión más amplia sobre los límites de la objeción de conciencia”.

Por otra parte, consideró que la simultaneidad en la intervención profesional dificulta la aplicación de la IVE, porque es “muy difícil que coincidan en el mismo servicio y a la misma hora los tres integrantes; era innecesario”. Además, opinó que tal disposición fue fruto de “una atribución que se tomó el TCA y no correspondería, porque eso no le impide a nadie presentar la objeción de conciencia”. Actualmente, indicó la directora de MYSU, en muchos servicios los equipos interdisciplinarios no actúan simultáneamente, sino consecutivamente. “Las instituciones van a tener que revisar eso, porque puede constituirse en una demora para acceder a las prestaciones”, advirtió.

Abracinskas destacó que al menos con la aprobación de las ordenanzas “se recompone el marco normativo” para dar garantías de cómo intervenir, y se imponen sanciones por incumplimiento; “ahora hay que seguir viendo cómo se organizan los servicios”, concluyó.