“Se trata de un problema extendido a nivel nacional que requiere de nuestro más profundo compromiso”, dijo el viernes Eneida de León, titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), en el lanzamiento del proyecto de reforma de la gestión de residuos, un tema que considera “sensible”. Según anunció, el gobierno está elaborando una estrategia nacional que incluye la elaboración de un anteproyecto de ley y el pasaje al Estado del tratamiento de algunos residuos que hoy están a cargo de privados.

No hay situaciones “alarmantes” en el país, dijo a la diaria Alejandro Nario, que está a cargo de la Dirección Nacional del Medio Ambiente (Dinama), pero hay una inquietud por hacer algunos cambios, en particular respecto del manejo de los envases reciclables, que la Ley de Envases de 2004 y su reglamentación de 2007 apuntan a separar del resto de los residuos sólidos “comunes o domiciliarios”. Según la reglamentación actual, las empresas que importen mercadería con envases no retornables para la venta al público general tienen que estar registradas en la Dinama y elaborar planes de gestión, que deben ser de alcance nacional. En 2007, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) decidió sumar fuerzas y creó un fideicomiso que ofrece a las empresas asociadas el servicio de recolección, recepción y reciclaje, a cambio de un aporte que depende de la cantidad y del tipo de envases que cada firma vierta en el mercado. Según datos de la cámara al mes de mayo, más de 2.300 empresas forman parte del mecanismo.

Nario aclara que la CIU “ha cumplido con todos los compromisos”, pero que el plan nuevo implicaría que el Estado se haga cargo del reciclaje con recursos que se le cobraría a las empresas. La Dinama elaboró un borrador en base a discusiones con la cámara, el Ministerio de Desarrollo Social, el PIT-CNT, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El plan, además, es incluir el reciclaje de otros “residuos especiales”, aunque no necesariamente peligrosos: baterías de plomo ácido, lámparas de mercurio, pilas y artefactos electrónicos. “Así como le pedimos a las industrias que tengan planes de tratamiento de efluentes, si alguien importa celulares que dejan baterías en el medioambiente se tiene que hacer cargo”, fundamentó Nario.

La propuesta rápidamente generó ruido en la oposición. En el Congreso Territorial que el Espacio 40 del Partido Nacional celebró el fin de semana, el senador Javier García se quejó de lo que entiende como “una tasa o impuesto a los residuos” que sobrecargaría al vecino. “La creatividad recaudadora ya no tiene límites. La Intendencia de Montevideo recauda 600 millones de dólares por año [...] vayan sabiendo que no van a contar con un solo voto del Partido Nacional para un impuesto a la basura, porque bien que pagamos todos los montevideanos impuestos para que, entre otras cosas, levanten la basura”, dijo, según recoge Montevideo Portal. Pero para Nario, esa no es una visión acertada: “Un impuesto es cuando el Estado cobra una suma que va a Rentas Generales”. El jerarca dijo a la diaria que no necesariamente se piensa en que la tasa se le cobre a los ciudadanos. “Después las industrias verán si trasladan los costos a los precios o los absorben, pero si no se hacen cargo terminamos pagando todos”, matizó.

Otra línea de trabajo incluiría asistencia técnica y financiera para que las intendencias trabajen en la disposición final de los residuos, que para Nario es “un problema en todo el país”.