Los trabajadores del gas decidieron el lunes, en asamblea general del sindicato, iniciar una huelga de hambre el 1º de junio “si no hay un cambio sustancial en la gestión” de MontevideoGas que “sostenga la viabilidad de la empresa hasta que se instale la regasificadora en Uruguay”, dijo el dirigente Alejandro Acosta.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, anunció al sindicato que la semana que viene el canciller Rodolfo Nin Novoa viajará a Argentina para cerrar el acuerdo por la compra de gas que fue pactado de palabra entre los presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri durante la visita de este último a la estancia de Anchorena, a principios de enero. Según dijo Acosta, Argentina se comprometería a “comprar todo el excedente” de gas, lo que, opinó, “le daría viabilidad al proyecto”.

Mientras tanto, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas sigue haciendo fuerza para que el gobierno considere su planteo sobre la “deficitaria gestión” de Petrobras al frente de MontevideoGas. El sindicato envió un proyecto al Parlamento, en el que propone utilizar los cinco millones de dólares que debe Petrobras al Estado, por “impago del canon desde el año 2010”, para “subvencionar la mitad del cargo fijo de los usuarios residenciales y la instalación de 2.000 nuevos usuarios”, explicó Acosta. Según dijo, en estos últimos diez años el servicio ha perdido 5.000 usuarios, que en términos de ganancias representarían “casi cinco millones de dólares”.

Si no se aplica un cambio sustancial en la gestión en los próximos 20 días -que, para el sindicato, implica “que el Poder Ejecutivo o el Legislativo acepte nuestra propuesta o una similar”-, iniciarán la huelga de hambre por tiempo indefinido. Hasta ayer, no habían obtenido respuesta.

El sindicato ha realizado huelgas de hambre en cuatro oportunidades: en 1994, para evitar la privatización impulsada por el entonces presidente, Luis Alberto Lacalle; en 1996, en reclamo del reintegro de cuatro dirigentes despedidos; a fines de 1999, ante un intento de reducir más puestos de trabajo; y en 2005, asociada al reintegro de los dirigentes y trabajadores despedidos en los diez años anteriores.