Tras cuatro reuniones del Consejo de Ministros y 18 horas de debate, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, fue el encargado de hacer todos los anuncios y consideraciones sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Ejecutivo acordó y que será enviado antes del 30 de junio al Parlamento. El jerarca comenzó explicando las perspectivas económicas del país para los próximos años, e insistió en que la situación es bastante peor de lo que se esperaba hace un año, cuando se elaboró el Presupuesto Quinquenal. Astori argumentó que tanto las previsiones de organismos internacionales como de analistas privados debieron ser corregidas a la baja, “todas”, y recordó que el país creció sólo 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2015, cuando se preveía un incremento de 2,5%. Para 2016, según las proyecciones del equipo económico, el país crecerá 0,5% (se había previsto 2,5% en el presupuesto); para 2017, 1% (se había estimado 2,75%); para 2018, 2% (3% era lo estipulado), y para 2019, 3% (igual a lo previsto inicialmente). “Esto pega mucho en los ingresos públicos, y, si no tenemos en cuenta esta menor recaudación, sumado a los desequilibrios fiscales previos, vamos a estar en un problema importante”, explicó.
Para abatir esta compleja situación fiscal, Astori propuso un “programa” a incluir en la Rendición de Cuentas que intervenga tanto en los gastos como en los ingresos del Estado, con el objetivo de lograr reducir el déficit fiscal para 2019 en un punto del PIB, unos 500 millones de dólares, para que se ubique en 2,75%. Respecto del gasto, Astori reiteró que no habrá recortes en políticas sociales ni en la inversión pública. El jerarca volvió a reiterar la posibilidad de “mejorar la calidad del gasto”, aunque aclaró que el margen de maniobra es “escaso”, porque 70% del gasto estatal es “endógeno y viene predeterminado por normas”. Según dijo, de los aumentos presupuestales previstos para 2016 y 2017 (unos 24.953 millones de pesos), se postergará 10% de su aplicación para 2018, lo que no afectará las prioridades del gobierno: los convenios salariales con la Administración Nacional de Educación Pública, la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la seguridad pública y el acuerdo con las intendencias. Luego, entre otras medidas, señaló la voluntad del gobierno de limitar los ingresos a la administración central, bajo la regla de que por cada tres funcionarios que egresen de la función pública, sólo ingresen dos. Esto se extenderá a las empresas públicas. También anunció que se llevará al mínimo “los ajustes de los gastos de funcionamientos de inversiones” y que no se aplicarán ajustes por inflación a gastos de funcionamiento e inversiones.
Además, Astori dijo que ante “un incremento en las prestaciones del Banco de Previsión Social [BPS]” se creará un grupo de trabajo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el MEF y el propio BPS, para averiguar “dónde se ha producido el desequilibrio y poder adecuar estas prestaciones, particularmente en el seguro de enfermedad, donde existe cierto exceso al respecto”.
Pero entre las reducciones más importantes de gastos, el jerarca identificó a la Caja Militar, que en 2015 requirió un aporte de 400 millones de dólares de Rentas Generales. La reforma de la Caja estará en un proyecto de ley aparte, porque no puede ser incluida en la Rendición de Cuentas. No obstante, aseguró que el impacto de esta reforma no será en el corto plazo. El ministro pidió que el proyecto sea aprobado en el Parlamento este año.
Cambios impositivos
En aras de priorizar la tributación directa por encima de la indirecta, Astori anunció una nueva reducción de dos puntos del IVA para los pagos con medios electrónicos (que implicará una renuncia fiscal de cerca de 50 millones de dólares), pero anunció subas en prácticamente todas las franjas del IRPF y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), salvo las dos primeras (ver tabla).
Por la mañana, el presidente Tabaré Vázquez había defendido que el objetivo de la reforma era “que pague más el que tiene más y menos quien tiene menos”. El mandatario aseguró que 80% “de este modesto incremento” del IRPF “gravará a 10% de la población, que tiene los ingresos mayores”, mientras que “más de 60% de la población no pagará incremento”. Astori aportó otros datos en la conferencia: 70% de la población que gana menos no va tener un aumento por estas modificaciones; y los tres deciles que ganan más sueldo tendrán un efecto “muy moderado” (en el decil ocho, el efecto del aumento del IRPF pesará 0,5%; en el decil nueve, 1,6%, y en el diez, 3,1%).
Tras anunciar nuevas subas en las rentas de colocaciones financieras, Astori se adentró en otras modificaciones al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. Entre ellas, la imposibilidad de establecer sueldos fictos patronales (sólo podrán deducir el sueldo real que cobren) y el gravamen de 7% adicional a las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos, siempre que no hayan sido reinvertidas.
Según el ministro, este “programa” permitirá recaudar 350 millones de dólares adicionales mediante las modificaciones impositivas, y 150 millones por la reducción de los gastos. Esa cifra permitiría reducir el déficit fiscal en un punto. Todas las modificaciones impositivas, de ser aprobadas por el Parlamento, regirían a partir del 1º de enero de 2017.
Al final de la conferencia, Astori no se privó de hacer una autocrítica sobre la administración del FA, especialmente en cuanto a la “coordinación de inversiones públicas” y la “calidad del gasto público”. No obstante, defendió que el gobierno no está violando su promesa de campaña electoral: “Lo que el presidente dijo es que no se establecerían nuevos impuestos: acá se ajustan algunos al alza y otros se bajan”.
