Gabriela Fulco, presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), reconoció que aún hay malos tratos de parte de funcionarios a adolescentes privados de libertad en la institución. Según informó a Teledoce, uno de los turnos de funcionarios del Centro de Ingreso está sumariado en su totalidad; hace diez días presentó una denuncia penal. “Mantuvieron, por lo menos, a dos internos engrillados a la reja durante toda la noche y durmiendo en el piso, lo que estaría confirmado por un video”, indicó. Respecto de los malos tratos denunciados el año pasado y constatados por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), explicó que en los centros existe una “situación inherente” de violencia por “las construcciones que datan de 1900, como la de Colonia Berro”; sostiene que las “pésimas condiciones” hacen que sea “muy difícil desarrollar programas de rehabilitación”. Otro “hecho significativo” es la “falta de formación del personal”. Fulco asegura que el nuevo Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) contará con “una mejor selección del personal”; prevén que ingresen cerca de 400 funcionarios.
La jerarca habló ayer con la prensa antes de la presentación del protocolo de atención sanitaria para el ingreso de los adolescentes a los centros carcelarios del INISA, que entrará en vigencia una vez que el Senado apruebe las venias para conformar su directorio, que será el mismo que el del Sirpa. Según supo la diaria, el protocolo está pensado desde un “enfoque de derechos”: privacidad de la consulta, confidencialidad, consentimiento informado, información sobre los procedimientos, y que la consulta se realice sin medidas de sujeción. También se establece que se deberá realizar un diagnóstico psicofísico a las 48 horas de ingreso del adolescente, para elaborar la “estrategia” de transcurso y posterior egreso del sistema. Se trata de “resaltar la importancia del derecho a la salud de los adolescentes”, aseguró Fulco.
El protocolo surgió en el marco del programa Justicia e Inclusión de la Unión Europea. Se realizó un estudio epidemiológico entre la población encerrada (unos 730 varones y casi 40 mujeres), que “sirvió para tener un panorama de la situación de salud de los jóvenes internados”. Fulco evitó dar cifras, pero informó que se constató un alto consumo problemático de drogas y de medicación psiquiátrica, aunque aclaró que bajó “la demanda de medicación innecesaria” debido a que hay “más actividades, principalmente en al área deportiva”.
Sobre las drogas, aseguró que “hay que trabajar sí o sí”, ya que “muchos de estos chicos empezaron a consumir cualquier cosa; querosén, por ejemplo, a edades muy tempranas, a los diez, 11 años”. Agregó que el diagnóstico servirá para “separar a los adictos de los que consumen o han consumido ocasionalmente”. Anunció que en lo inmediato se crearán grupos de trabajo técnico, y para “un futuro” se planea construir un centro específico para internar a los chiquilines con consumo problemático en el nuevo centro que se edificará en La Tablada, cuya capacidad de reclusión aún se está analizando porque desde el INISA se apuesta “fuertemente” al fortalecimiento de las medidas no privativas de libertad.
Al igual que la presidenta, el director del Sirpa, Eduardo Katz, aseguró que la privación de libertad genera, de forma “inherente”, situaciones de violencia interna que van desde autoagresiones e intentos de suicidio hasta agresiones hacia los funcionarios y a la infraestructura. Por esto, la salud mental de los jóvenes se debe atender “permanentemente”. “El hecho de estar privado de libertad constituye un factor de victimización, de daño emocional agregado, porque [además del encierro], el adolescente corta los vínculos con la familia, amigos y entorno, y eso determina situaciones de mucha angustia que luego llevan a autolesiones e intentos de suicidio”. En su informe, la INDDHH aseguró que el tema es “preocupante”.
Fulco sostuvo que el estudio epidemiológico “es una base para evaluar qué líneas de prevención hay que trabajar”. Algunos de los “resultados destacados” fueron la generación del mencionado protocolo, otro para la prevención del suicidio, otro sobre salud sexual y reproductiva, y uno para pensar la organización de la gestión de salud.
Contracorriente
El coordinador general de la Oficina de Planificación y Presupuesto, Pablo Álvarez, aseguró en la presentación que los protocolos y el proceso de cambio hacia el INISA, van “en contra de lo que está pidiendo la sociedad, que se está regocijando en el morbo, que penaliza a las poblaciones y sectores más vulnerables”.
Desde la secretaría de la Junta Nacional de Drogas (JND), la directora adjunta, Susana Grunbaum, aseguró que es necesario un cambio de matriz de los operadores judiciales. “Si uno quiere proteger la salud tiene que empezar por ahí”, afirmó. Dijo que “el castigo de privación de libertad es desproporcionado al delito” que pueden haber cometido los jóvenes. Puso el ejemplo de una adolescente a la que trató como médica, que estaba embarazada y presa por vender estupefacientes, cosa que hacía toda su familia, y requería atención específica, como clases de parto y lactancia. “Estar preso no debe obstaculizar el derecho a la salud, en todas las áreas y niveles de atención”, concluyó. A su vez, adelantó que la JND presentará un estudio elaborado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Organización de Estados Americanos en el que “queda claro que las mujeres embarazadas o con hijos no deberían estar presas”.