La posibilidad de que prohíban las salidas transitorias para reclusos que reincidan en delitos graves no parece haber generado eco en la comisión interpartidaria de seguridad y convivencia ciudadana. La iniciativa fue propuesta por el Partido Nacional (PN) ayer en el “grupo técnico” de esta comisión, pero en palabras del diputado Pablo Abdala, representante nacionalista en el cuerpo, “en principio fue desechada” por el Frente Amplio (FA), el Partido Independiente y Unidad Popular (UP), aunque no condiciona la postura de los blancos respecto de los proyectos de ley acordados. “Si recortás la libertad anticipada, no parece congruente que se mantengan las salidas transitorias para esos mismos delitos”, argumentó otro representante nacionalista, Álvaro Garcé. La idea era incluir las dos restricciones en un mismo proyecto.

Uno de los proyectos de ley acordados en esta comisión es la aplicación del Código de Proceso Penal a partir de febrero de 2017, con la implementación de los juicios orales desde julio de ese mismo año. A pesar de que esta modificación (en principio estaba prevista la implementación para 2019) goza del apoyo de todos los partidos salvo UP, ayer hubo un debate respecto de los dichos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, quien advirtió la semana pasada a Radio Uruguay que la aplicación de este Código podría llevar seis meses si se hace de forma parcial, y que, con la decisión de los partidos políticos, el proceso de implementación comenzaría recién en enero de 2017, porque es a partir de esa fecha que la SCJ contaría con los recursos presupuestales.

El segundo proyecto de ley refiere a la implementación de los procesos judiciales abreviados, un mecanismo presentado por el gobierno para agilizar el juzgamiento de hechos que den lugar a penas no superiores a los seis años de penitenciaría. En ese proyecto también se incluirá la mediación extraprocesal, para abordar conductas que no revisten gravedad penal pero que igualmente ameritan algún tipo de respuesta. En un principio estaba previsto que las mediaciones fueran realizadas por el Ministerio del Interior, pero finalmente se optó por que se produzcan dentro del sistema judicial.

El tercer proyecto de ley que tiene acuerdo es el que refiere a la eliminación definitiva de las libertades anticipadas para los reclusos reincidentes en delitos graves como homicidio, secuestro, copamiento, violación, narcotráfico, lesiones, rapiña y hurto especialmente agravado, entre otros. En este proyecto, los partidos también acordaron la modificación de otra iniciativa impulsada por el gobierno, que en un principio establecía que los jueces podían decidir la expulsión de ciudadanos extranjeros procesados en Uruguay sin residencia en el país y que hubieran cumplido la mitad de su sentencia. La iniciativa generó rechazo en los partidos de oposición, y finalmente será cambiada por un texto alternativo que facilita la salida del país una vez que los reclusos obtengan la libertad provisional. “Lo que se planteaba inicialmente era una especie de libertad anticipada, un descuento de 50% de la pena, que además generaba una desigualdad del tratamiento y una especie de invitación para que extranjeros vinieran a delinquir por la mitad de la pena”, dijo Garcé tras el encuentro.

En tanto, el Ejecutivo enviará otros dos proyectos sobre seguridad al Parlamento. El primero consiste en la carta orgánica de la Fiscalía General de la Nación, porque tras la discusión interpartidaria se decidió (principalmente a pedido del PN) que lo mejor era que se debatiera directamente en el Parlamento; el segundo trata sobre la aplicación del “principio de oportunidad” (que establece que el Ministerio Público puede prescindir de la persecución penal o desistir de la ya iniciada en algunos casos), debido a que no se llegó a un acuerdo entre los partidos.