Su nombre completo es “comisión especial con fines legislativos a partir de los llamados papeles de Panamá y jurisdicciones similares para la prevención del fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global”, por lo que será seguramente más conocida como “comisión sobre los Panama Papers”. Ayer en la Cámara de Senadores se presentó y aprobó una moción firmada por José Amorín (Partido Colorado), Álvaro Delgado (Partido Nacional), Pablo Mieres (Partido Independiente), Rubén Martínez Huelmo y Rafael Michelini (Frente Amplio) para instalar una comisión de siete integrantes que analizará el tema.

El Frente Amplio fue el partido que impulsó la instalación de la comisión, y Martínez Huelmo fue el encargado de expresar la fundamentación en la cámara. El senador sostuvo que “llama la atención la sorprendente presencia de Uruguay entre los países con más cantidad de sociedades offshore” (ocupa el décimo lugar en el mundo). Recordó que la Dirección General Impositiva está “desarrollando operativos para ver si existe evasión fiscal” en estos casos, y que más allá de que el organismo proceda a reliquidar impuestos, “la cuestión es saber qué normas y protocolos han propiciado la evasión de impuestos, y en consecuencia qué cambios normativos habría que introducir para revertir esta situación”.

Martínez Huelmo planteó que hay que ir más allá y abordar el problema de la elusión fiscal, que se define como el intento de eludir o minimizar el pago de impuestos por vías legales. El senador dijo que este tipo de prácticas las realizan los “ciudadanos que tienen muchos recursos”, y que los legisladores deben velar por el principio de legalidad “pero también por el principio de la igualdad”. “Si existen riquezas, rentas y patrimonios de personas de altos recursos económicos que no están tributando porque aprovechan huecos o fisuras en la legislación, y por medio de ingenierías jurídicas complejas y costosas logran liberarse del pago de impuestos, los legisladores somos responsables de esos defectos”, remarcó. Dijo que los estudios jurídicos y contables en todo el mundo asesoran a sus clientes sobre cómo aprovechar esos huecos para ahorrar dinero, y que en dirección contraria los legisladores deben hacer su trabajo, “que es impedir que los más ricos, que pueden pagar costosos honorarios y generar importante riqueza, no paguen impuestos”. “Si los ricos y las grandes empresas esconden su dinero para no pagar impuestos, el bienestar de las grandes mayorías peligra”, manifestó. Concluyó que se trata de un tema “de justicia”, y que por más que se defienda el principio de “que pague más el que tiene más”, “si los que tienen más se las ingenian para no pagar y lo logran, entonces no hay principio que valga”.