Pasó ahí, en el hogar sin fines de lucro La época dorada, pero la muerte de siete adultos mayores podría haber pasado en cualquier otra residencia de larga estadía. Esa es la conclusión del senador frenteamplista Yerú Pardiñas, miembro de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores, que ayer recibió al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y al director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), Julio Bango. Según varios legisladores presentes en la reunión consultados por la diaria, las autoridades dieron a conocer los problemas de habilitación de estas residencias y la “complejidad” que implica brindar soluciones que prevengan desastres y muertes.

Basso repitió ayer lo que el lunes dijo el director nacional de Salud, Jorge Quian, en conferencia de prensa: que el país se está envejeciendo (más de 14% de la población son personas mayores de 65 años) y que este “fenómeno de aumento progresivo”, junto a “la necesidad de las familias de ubicar a las personas mayores fuera del hogar”, ha generado el surgimiento y crecimiento constante de residencias, “la gran mayoría en situaciones precarias”. Primero alojan gente y después -y a veces- piden la habilitación. Esa dinámica genera un “gran problema” para controlar y exigir buenas condiciones o clausurar, porque el mayor desafío justamente es la reubicación de estas personas. El ministro señaló que por eso es que el foco principal está puesto en los controles sanitarios, en que los alojados “reciban buena atención”, que estén “bien cuidados”, y no tanto en la parte edilicia.

Basso indicó que hay 1.112 residencias registradas, 80% de propiedad privada. Según los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) obtenidos por el diputado del Partido Nacional (PN) Martín Lema, en diciembre de 2015 había 1.114 residencias, de las que sólo 396 estaban en “condiciones adecuadas”, 538 en “condiciones intermedias”, y 180 presentaban “distintos niveles de déficit”. En los dos últimos años se realizaron 2.831 inspecciones, que concluyeron con la aplicación de 48 sanciones: 31 de apercibimiento, 13 de suspensión y cuatro de clausura. Lema aclaró que, según dijo Bango, se aplicaron más de 70 sanciones en total, porque “recayeron las resoluciones de sanción recién en 2016”.

Respecto al hogar donde ocurrió la tragedia, Lema señaló que se encontraba “entre la línea deficitaria y la intermedia”, que no tenía sanciones y que se habían realizado dos inspecciones (la primera el 7 de marzo y la segunda el 15 de abril) en las que se constataron mejoras.

Desde el gobierno se explicó que el énfasis del SNIC está puesto en la capacitación y formación, en las inspecciones y fiscalizaciones. A su vez, se anunció que “en las próximas semanas” se generarán protocolos de actuación y se reglamentará todo lo relativo a funcionamiento y habilitación de las residencias, que desde la aprobación de la Ley de Presupuesto depende en último término del MSP, aunque se requerirá de una inspección en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Bango aseguró que se empezará por las residencias en situación más crítica, y aseguró que “la fiscalización no deja de ser una fotografía del momento dado”.

La senadora del Partido Colorado Viviana Pesce dijo que “en realidad” los lineamientos a seguir “no quedaron del todo claros”. “Se habló de generar sistemas para cruzar información y generar sinergia entre el Mides y MSP, para efectivizar la evaluación conjunta. Pero de lo que menos se habló fue de la inspección edilicia, porque existe una gran dificultad por la normativa vigente y costo de la habilitación de Bomberos”. Pesce señaló que sólo “hay un centenar” de residencias que cuentan con la habilitación. Sostiene que “falta muchísimo para que el SNIC dé resultados; todavía no hay ni siquiera una instrumentación entre los ministerios”.

Por otro lado, según informó El País, las dos responsables del hogar La época dorada, emplazadas por la Justicia, quedaron en libertad.