El gobierno cerró ayer un nuevo acuerdo con los partidos políticos en la Comisión Interpartidaria sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, esta vez para enviar un proyecto de ley al Parlamento para restringir la libertad anticipada a aquellos reclusos que sean reincidentes en delitos graves como homicidio (y homicidio especialmente agravado), secuestro, copamiento, violación, narcotráfico, extorsión, lesiones graves y gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad y hurto especialmente agravado. Inicialmente el gobierno había presentado un proyecto de ley para limitar la libertad anticipada en la reincidencia con los delitos de rapiña, copamiento, secuestro, extorsión y homicidio, pero luego decidió agregar los restantes a sugerencia de los partidos de la oposición, explicó ayer el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.

El otro punto que se terminó de acordar fue la aplicación del Código del Proceso Penal, inicialmente prevista para 2019, a partir del 1º de febrero de 2017, y de los juicios orales en julio de ese mismo año. Unidad Popular fue el único partido que no aprobó la propuesta, informó Roballo.

A pesar de estos acuerdos, los representantes del Partido Nacional (PN) no ocultaron su malestar, porque consideran que “era necesario entrar al área chica”, dijo el senador Javier García. “Si bien estos temas son muy importantes, nos parecía necesario introducirnos en algunos temas que para nosotros hacen a modificaciones reales en materia de mejorar la seguridad”. Concretamente, se refería al aumento de las penas por los delitos por narcotráfico y para los cometidos por menores de edad. Esos proyectos fueron presentados por los nacionalistas durante el primer encuentro y, según dijo García, para el encuentro de ayer esperaban una respuesta de las autoridades del Poder Ejecutivo, pero no la obtuvieron. “La visión del PN es que no se puede perder tiempo, no se puede seguir bordeando el área grande, y se lo transmitimos al presidente”. Pero el gobierno, agregó García, “cree que debe darse un debate y recién después opinar”, lo que no satisfizo al nacionalismo: “Creemos que sería bueno saber la posición de este gobierno con mayorías legislativas, porque para nosotros es un insumo de primera magnitud”. Luego el senador se mostró sorprendido porque Vázquez dijo que “la posición del FA la decidirá el FA”, algo que calificó de “dato novedoso”. Lo que dijo Vázquez, en concreto, es que quizá en algunos temas puntuales el Ejecutivo no tenga la misma opinión que su fuerza política.

Roballo respondió a las críticas de García: “El diálogo es entre el gobierno y los partidos políticos con representación parlamentaria. El gobierno gobierna para todos y no sólo para un colectivo”. Argumentó que la falta de respuesta del Ejecutivo a las propuestas del PN se debió a que “se convocó al sistema político para dialogar, no para presentar sólo sus proyectos ni dar una opinión fría de los de otros. De lo contrario, no estaríamos haciendo un diálogo constructivo”.

Por su parte, los representantes del Partido Colorado saludaron los acuerdos, aunque también reclamaron, en voz de su secretario general, Germán Cardoso, que es necesario “activar lo más rápido posible los proyectos que abordan el interés que más angustia a la población”. Entre ellos, reclamó la aprobación de un proyecto que propone crear una institución descentralizada para administrar las cárceles, y una iniciativa que otorga a las Fuerzas Armadas el cuidado de las fronteras secas y las embajadas, de forma de liberar más policías para el patrullaje.

En tanto, el ex candidato a la Intendencia de Montevideo Edgardo Novick fue el más optimista. “El presidente dijo que si estábamos de acuerdo en 10% ya era bueno para progresar. Después llegamos a 50%, y hoy podemos decir que estamos de acuerdo en 90% de los puntos planteados”.