El proyecto de ley que modifica la normativa sobre riego para uso agropecuario, a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores, ingresó al Parlamento con algunos escollos. Durante el gobierno de José Mujica se había presentado una iniciativa similar que ni siquiera llegó a ser considerada por el Parlamento a raíz de la oposición del Movimiento de Participación Popular (MPP), del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) encabezado por Francisco Beltrame (MPP) y del propio ex presidente. Ahora, y una vez conocido el nuevo texto, la organización ambientalista Redes Amigos de la Tierra ya anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la norma si se aprueba tal como está, y junto al Laboratorio de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República elaboró un documento crítico de la iniciativa (ver la diaria del 24/05/2016 o http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/5/por-el-mismo-rio/).
Para acercar posiciones y aclarar conceptos, representantes de la bancada del Frente Amplio (FA) se reunieron el miércoles con los ministros Tabaré Aguerre (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, MGAP) y Eneida de León (MVOTMA). En el encuentro participaron también directores de distintas reparticiones del MGAP y el titular de la Dirección Nacional de Agua del MVOTMA, Daniel Greif, para mostrar el respaldo pleno de ambas carteras al proyecto.
Los ministros argumentaron que la iniciativa a estudio de la comisión “no modifica fuertemente lo que hoy ya se puede realizar por parte de los usuarios del agua”, informó a la diaria el senador suplente Yerú Pardiñas (Partido Socialista). “Lo que están proponiendo son modificaciones que den mayores posibilidades a la utilización del recurso agua, desde el fundamento de que el agua superficial es un bien público y su uso debe estar regulado por la política pública”, agregó.
Los jerarcas señalaron que algunos de los aspectos cuestionados del texto serán definidos en la reglamentación, que estaría pronta ni bien se apruebe la iniciativa. Por ejemplo, Redes cuestionó que no se defina qué se entiende por “caudal ecológico”, un concepto que pretende determinar en qué medida se puede garantizar en calidad y cantidad el agua para consumo humano. Los ministros dijeron que ese concepto se definirá en la reglamentación, porque es muy variable a lo largo del tiempo en términos técnicos, y por lo tanto no tiene sentido dejar una medida fija en una ley, según argumentaron. Por otra parte, se conversó sobre la posibilidad de que el Estado reserve parte del volumen de un represamiento para potenciales futuros usuarios. En la reglamentación también se prevé incorporar mecanismos de control de los proyectos de riego, y las autoridades aseguraron que hay capacidad estatal para realizar los controles, otro de los puntos cuestionados por Redes y el Laboratorio de Desarrollo Sustentable.
El documento de Redes y el Laboratorio sostenía que el proyecto avanza hacia la creación de un “mercado del agua” y planteó sus objeciones respecto de las figuras de Operador de Sistemas de Riego (OSR) y de Sociedades Agrarias de Riego (SAR), que habilitan el ingreso a la gestión del agua de empresas externas al sector agropecuario. La creación de SAR ya está contemplada en la normativa, pero las modificaciones propuestas en la iniciativa apuntan a habilitar -algo que hoy no está permitido- que inversores privados “de otro giro” distinto al sector agropecuario se incorporen a las SAR. “Con esta modificación [...], la figura de la SAR se vuelve más atractiva para aquellos que quieran invertir y/o desarrollar proyectos de riego”, se fundamenta en el proyecto. Se señala que las SAR podrán acogerse a los beneficios fiscales establecidos en la Ley de Promoción de Inversiones.
Los ministros explicaron que se pretende fomentar la inversión en riego, y que se está elaborando un contrato tipo de SAR para incluir en la reglamentación. Pardiñas dijo que el Partido Socialista (PS) quiere dejar establecido en la ley que los inversores de otro rubro deban necesariamente asociarse con los productores para la gestión del agua. “El PS pretende que haya concurrencia obligatoria de usuarios del agua en la integración de la sociedad de riego. Ellos (el Ejecutivo) lo pensaban incorporar en la reglamentación. Aguerre dijo que quien tiene la llave siempre es el usuario del agua”, manifestó el legislador. Agregó que “hoy la privatización existe, porque lo que hace el Estado es autorizar a un concesionario a utilizar el agua”, ya sea haciendo una represa o utilizando un cauce natural.
Respecto de la eventualidad de que se presenten recursos de inconstitucionalidad contra la norma, el MVOTMA informó que cuenta con un análisis de Jurídica de la cartera que concluye que la norma es constitucional.
Tras el intercambio del miércoles, está previsto que se realice una nueva reunión de bancada para avanzar en el tema y luego otra con el Ejecutivo, para definir eventuales cambios en el articulado. Pardiñas aclaró que su sector aún no tiene una posición sobre el proyecto, y en el mismo sentido se pronunció Daniel Garín, suplente de Ernesto Agazzi en el Senado por el MPP. “No hemos dado la discusión como sector”, aclaró. Dijo que es cierto que en el período pasado su sector tuvo una postura contraria a una iniciativa similar, pero remarcó que la propuesta “ha cambiado notoriamente” y “tiene otras dimensiones que hay que analizar”.