Al finalizar la reunión, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo en conferencia de prensa que se plantearon “diferentes proyectos de trabajo para el futuro”, haciendo hincapié en uno en especial: el Plan Nacional Estratégico Vial, que tendría “un paralelismo con el Plan Nacional de Eficiencia Energética”.

Roballo no profundizó en el tema, pero Sergio Botana, intendente de Cerro Largo y presidente del Consejo de Intendentes, dijo que se trataría de “mejorar la inversión y la calidad de materiales” con los que se construyen los carriles viales, y que se había mencionado la posibilidad de involucrar a privados en el financiamiento.

Si bien el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, sostuvo que el plan para la carretera vial está “en una etapa de consulta y diseño”, diversos intendentes consultados adelantaron algunas de las directrices que estuvieron sobre la mesa.

Se piensa en un plan con un diseño a mediano o largo plazo, de cara a 25 o 30 años. El intendente de Tacuarembó, el nacionalista Eber da Rosa, sostuvo que Vázquez lanzó una idea que podría ayudar al financiamiento del plan: que los empresarios privados que utilizan las rutas departamentales y nacionales -como los madereros, arroceros y dueños de las demás explotaciones agropecuarias- “coparticipen en el mantenimiento de los caminos que utilizan” para transportar sus bienes. “Por ahora es sólo una idea, habría que ver la viabilidad”, dijo.

También se evalúa la posibilidad de incorporar “nuevos materiales” a la construcción de las carreteras, que ofrezcan mayor resistencia tanto al déficit como al exceso hídrico.

Con lo que hay

Después de que el gobierno anunció que destinaría 50 millones de dólares para las tareas de reconstrucción tras los eventos climáticos de las últimas semanas, varios intendentes manifestaron que el monto adjudicado no era suficiente. Ayer, el director de la OPP volvió sobre el tema y sostuvo que “no hay posibilidad -ni va a haber en el corto plazo- de tener recursos adicionales” para las comunas. En total se destinarán unos 1.590 millones de pesos, que se componen de un “resto” de fondos que no fueron ejecutados por las intendencias el año pasado, más 920 millones de pesos de la partida normal de recursos para caminería rural y los 360 millones de pesos ya anunciados por Vázquez.

García dijo que 90% de estos recursos tiene una disponibilidad de ejecución “inmediata”, y que si bien el país tiene “la más alta posibilidad de endeudamiento” con organismos multilaterales, la economía está sujeta a una restricción fiscal que limita esta salida.

Agustín Bascou, intendente de Soriano, dijo que “no tiene objeciones”, aunque su lectura sobre esta limitación de los recursos deja lugar a la duda: “No hay recursos para esto, pero para otras cosas hay; pero bueno, son situaciones que se dan y el que resuelve es el Poder Ejecutivo”, observó.

Da Rosa, por su parte, dijo que no le sorprendió esta sentencia del Ejecutivo, y que “habrá que resolverse como se pueda”. También lamentó que haya “frustraciones y privaciones en los departamentos del interior que no se viven en la capital”.

Buscando el lugar

En la reunión de ayer también se trató otro tema: la necesidad de aplicar, en departamentos como Salto, Durazno y Rocha, la Ley de Ordenamiento Territorial, para atender la situación de personas que viven en zonas bajas generalmente afectadas por las inundaciones.

Según dijo Roballo, en el relevamiento hecho a raíz de las inundaciones “muchas familias manifestaron que es la cuarta o quinta vez que se tienen que desplazar por eventos de este tipo, y muchas veces lo que sucede es que se están asentando en lugares [...]de donde ya fueron desalojadas personas”, por lo que se procurará realizar “un trabajo profundo para prevenir estas situaciones”.

La Ley 18.308 establece que el ordenamiento territorial es “una función pública que se ejerce a través de las instituciones del Estado con el fin de mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales”. Por otro lado, “todas las personas tienen el deber de respetar las disposiciones del ordenamiento territorial y colaborar con las instituciones públicas en la defensa de su integridad”.

García sostuvo que se trabajará para realizar un estudio hidráulico, a efectos de “mejorar la evaluación de los pluviales”.