En muchas ocasiones Uruguay se mira en el espejo de Argentina. En relación a la búsqueda de verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, la imagen que devuelve ese espejo es la de un retraso “muy importante”, considera el diputado frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo). Hoy a las 16.30 se presenta en el Parlamento el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, un estudio de Argentina sobre un tema inexplorado en Uruguay: la relación de los grupos económicos con la dictadura. En la presentación participarán el periodista argentino Horacio Verbitsky, la abogada y ex responsable del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Argentina Elizabeth Gómez y la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Verónica Basualdo, además de Puig. El libro es una obra conjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos pertenecientes al MJDH. Entre las empresas identificadas como colaboradoras del régimen militar se encuentran las multinacionales Fiat, Ford y Mercedes Benz. En Argentina se llegó a instalar centros clandestinos de detención y tortura dentro de las propias empresas, e incluso algunos empresarios participaron en interrogatorios.
Puig recordó que un informe del Observatorio Luz Ibarburu concluyó que Uruguay alcanzó 10% de lo que avanzó Argentina en relación a la verdad, justicia, memoria y reparación de los crímenes de la dictadura. “Y en cuanto a la responsabilidad de los grupos económicos y empresariales, hay un abismo mucho más grande, con la excepción del movimiento sindical, que lo ha planteado con mucha claridad. Las cámaras empresariales hacían cola para saludar a los golpistas de turno, se beneficiaron de sus políticas, se integraron cuadros civiles al Consejo de Estado, y en Uruguay no se ha avanzado mínimamente en determinar esas responsabilidades”, manifestó Puig. “La dictadura no fue sólo la obra de un grupo de militares fascistas y mesiánicos, que sin duda lo fue, fue también una reacción de clase para hacer pagar la crisis a los sectores populares”, agregó.
El diputado valoró que el estudio que se presenta hoy “puede aportar para abrir una brecha en la preocupación de los uruguayos en torno a la participación de los grupos económicos” en la represión.
Un caso uruguayo
Humberto Pascaretta, militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y dirigente sindical de AUTE y de la CNT, trabajaba desde 1975 en la fábrica de papel Cicssa. Antes había sido destituido de UTE por integrar una lista de empleados considerados “subversivos”. Según testigos del caso, la patronal de Cicssa los denunció a él y a otros trabajadores por sabotaje en la producción de bolsas de pórtland. El Ejército infiltró a dos personas en la compañía, con la connivencia de la patronal, para vigilar a los presuntos saboteadores, según el testimonio de un soldado que participó en la detención de Pascaretta, Hugo García Rivas. Pascaretta fue detenido el 4 de mayo de 1977, cuando estaba en su domicilio junto a su esposa y su hija. Fue recluido en la Compañía de Contrainformaciones del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, ubicada en los fondos del edificio del Comando General del Ejército, sobre la calle Garibaldi. Luego de un mes de torturas, falleció en junio de 1977, y los militares le entregaron el cadáver a su esposa. El responsable de los interrogatorios era el capitán Armando Méndez, y cuando este no estaba, el mayor Carlos Calcagno.
En noviembre de 2010, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad para varios casos, entre ellos el de Pascaretta, uno de los que fueron desglosados de la causa por la que fue procesado el dictador Juan María Bordaberry. En el caso figuran como imputados Carlos Rossel y Carlos Calcagno. El 1º de junio, la jueza Beatriz Larrieu dispuso la citación del coronel retirado Eduardo Ferro, denunciado en otras causas vinculadas a la dictadura, informó a la diaria el abogado Pablo Chargoñia. También resolvió que se ubique a tres personas vinculadas a la dirección de la empresa Cicssa, a quienes los ex trabajadores que oficiaron como testigos identificaron como responsables de colaborar con el Ejército permitiendo que se infiltraran militares para realizar un seguimiento de los trabajadores.