La ley que creó, en 1990, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) dispuso que el organismo constituyera una Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama), integrada por organismos públicos y privados, entre los que mencionaba a la Universidad de la República (Udelar) y el Congreso de Intendentes. Hacía tres años que no funcionaba la Cotama, ámbito reclamado por las organizaciones sociales para poder participar en la discusión de políticas ambientales. El jueves volvió a sesionar el plenario de la Cotama en la sede del MVOTMA, con una sala colmada y participación mediante videoconferencia. Había representantes de diferentes direcciones del MVOTMA, de varios ministerios, parlamentarios, integrantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), del Congreso de Intendentes, del Plenario de Municipios, de la Udelar, de cámaras empresariales, del PIT-CNT, de organizaciones sociales y de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático.
“La participación ciudadana es fundamental”, subrayó en la apertura de la jornada la titular del MVOTMA, Eneida de León, que agregó que “para que tengan éxito las políticas tienen que llevarse a cabo con la participación de los ciudadanos”.
El titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, anunció que se buscará que la Cotama aborde “temas concretos” y que logre productos “en plazos razonables”. Añadió que en 2016 la comisión trabajará en dos tareas específicas: residuos y biodiversidad.
Reciclaje
La Dinama ya venía trabajando para crear una ley de residuos; el material que ha producido servirá de insumo para las discusiones del grupo de trabajo de la Cotama. “Queremos llegar a diciembre con una ley redactada”, expresó la ingeniera química Marisol Mallo, asesora de la Dinama y coordinadora del grupo de trabajo de residuos. Se espera que la discusión grupal permita incluir la diversidad de aspectos y problemáticas. El jueves se discutió la integración. La Dinama propuso que integren el grupo la OPP, la Secretaría Nacional de Ambiente, el MVOTMA, los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca el Congreso de Intendentes, el Plenario de Municipios, el PIT-CNT, organizaciones no gubernamentales, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y la Udelar.
La diputada frenteamplista Susana Pereyra propuso que la integren también representantes del Parlamento; las organizaciones consultaron acerca de su representatividad; un delegado del Plenario de Municipios pidió que hubiera alguien de las juntas departamentales; otra participante pidió que esté presente también la educación y varios consultaron por la representatividad de los clasificadores, porque no todos integran la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos afiliada al PIT-CNT. Se conformarán dos subrgrupos: uno trabajará sobre “instrumentos económicos” y otro “sobre los aspectos vinculados a inclusión social, que son los aspectos más complejos”, observó Mallo.
En diálogo con la diaria Nario sostuvo que la ley permitirá “tener un marco de cómo gestionar los residuos, más allá de que la competencia sea municipal. ¿Cuál es la lógica: clasifico o no clasifico, apuesto a enterrar todo o a recuperar materiales? Todo eso tiene que estar reflejado en una ley, y tiene que haber instrumentos económicos y administrativos que permitan actuar, con los que hoy no contamos”. Dijo que, por ejemplo, la idea es crear un fondo de residuos para el que puedan concursar las intendencias con sus propuestas de gestión.
Con la ley se buscará “tener instrumentos económico-financieros que sean superadores de la Ley de Envases, que es sólo para plásticos. Hoy tenemos problemas con los residuos eléctricos y electrónicos, mercurio, materiales como plomo ácido, un montón de corrientes de residuos, algunas que ni existían hace algunos años y están empezando a generar problemas, que hay que ver con un abordaje integral y no sólo con una ley de envases para plásticos”, señaló el jerarca. El gobierno apunta a que “parte de los aportes económicos que hagan quienes contaminan o quienes generan externalidades negativas se puede utilizar para solventar sectores formales e informales”, indicó.
Biodiversidad
El grupo de trabajo sobre biodiversidad y ecosistemas “no tiene un objeto tan específico y con un plazo tan específico” como el de residuos, explicó Guillermo Scarlato, director del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y coordinador del subgrupo. Señaló que la construcción de este grupo de trabajo en la Cotama es una de las metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2020. El grupo deberá identificar aspectos a priorizar de esa estrategia, aprobada recientemente. Scarlato señaló que “Uruguay no tiene instrumentos adecuados para abordar una política enfocada en determinados ecosistemas específicos”, y que hay dos que se priorizarán por ahora: los ecosistemas ribereños y los de campo natural.