Hace casi dos meses, el Parlamento recibió del Poder Ejecutivo el proyecto de ley de violencia hacia las mujeres basada en género. La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores comenzó a tratar el tema a comienzos de mayo y ayer recibió a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El proyecto reúne 103 artículos y se presenta como una ley integral. En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo señaló que en 2015 “cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por violencia doméstica”.
El texto define las formas de violencia, el sistema interinstitucional de respuesta a la violencia basada en género, la red de servicios de atención y “las prestaciones y servicios mínimos” que debe brindar el Estado -equipos móviles que faciliten el acceso de mujeres rurales; servicios de resocialización para varones agresores; alternativas habitacionales; medidas de permanencia de los niños en el sistema educativo y de las mujeres en el trabajo, entre otras-; y aborda aspectos procesales en el ámbito administrativo y judicial.
Se determina, por ejemplo, que la Justicia pueda imponer en “forma inmediata” medidas de protección para las víctimas de violencia. Se fija que la realización de la audiencia judicial por un caso de violencia sea dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho y que en esa misma instancia judicial se resuelvan las medidas de protección y aspectos para el cese de situaciones de dominación: fijación de una pensión alimentaria, determinación de la tenencia de hijos (que en ningún caso queden bajo la tenencia del agresor) o la suspensión de visitas por un plazo determinado.
Al salir de la reunión en la comisión, Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), explicó a la prensa que “en gran parte de la región ya tenemos una ley integral” y que Uruguay la necesita para prevenir la violencia basada en género, para dar atención integral a las víctimas, tanto a nivel de la salud como en el ámbito laboral, de la vivienda y de la comunicación (para derribar estereotipos), permitir el acceso a la justicia y reparar el daño.
En cuanto a la vivienda, comentó que además de profundizar las soluciones habitacionales que implementa el Mides, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente “propuso artículos que tienen que ver con el mantenimiento de las condiciones para que una mujer víctima de violencia pueda mantenerse en la vivienda en la que está aunque hayan cambiado los requisitos, por ejemplo, porque hay un cambio en el nivel de ingresos” o la cesión legal del contrato en favor de la víctima. “Es muy importante que la política pública reconozca el derecho de la mujer y de las personas que están a su cargo -niñas, niños o personas dependientes- a mantenerse en la vivienda y no que tengan que ser la mujer y los niños los que salgan de la vivienda, se queden sin vivienda y tengan que ir a un refugio”.
Mazzotti se refirió a la violencia física que mata tanto a mujeres como a niños, y, sin ir más lejos, aludió a los varios casos que tuvieron lugar en lo que va del año. También mencionó otras formas de violencia: la que ocurre en el espacio público, la económica, la patrimonial, la que se da en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el del trabajo. “Cuando esto es identificado como violencia, hace que las instituciones se preparen para atenderla; si no es violencia, no tengo forma de atacarla”.
La jerarca destacó las normas penales que establece el proyecto: “el femicidio, una figura de abuso sexual, porque ya la de atentado violento al pudor no responde a las necesidades de la sociedad actual, pero no se aumentan las penas”, aclaró. Agregó que el texto “identifica delitos, busca reconocer y que el Código Penal se actualice en esta materia, pero no consideramos que el camino sea el aumento de la pena. Sí consideramos el femicidio como un homicidio agravado, y por lo tanto va a tener las penas que todo homicidio agravado tiene en Uruguay”.
Mazzotti comentó que el senador del Partido Colorado Germán Coutinho (Vamos Uruguay)planteó que “la comisión tiene un alto compromiso en analizar esta ley y que todos los partidos políticos tienen un acuerdo en cuanto a que se trata de una materia urgente y prioritaria”. “¿Para cuándo se precisa esta ley?”, preguntó la periodista de Radio Uruguay. “El Uruguay la precisa para ayer”, respondió la jerarca.
En diálogo con la prensa, Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional del sector Alianza Nacional y presidenta de la comisión, destacó la necesidad de contar con esta ley, entre otras cosas, y señaló que con la legislación actual, por ejemplo, “no se cumplen las medidas cautelares”. Consultada por los tiempos, respondió: “Vamos a dar todo el tiempo que sea necesario desde la comisión para poder aprobar el proyecto de ley lo más rápido que se pueda”, y anunció que se convocará a organizaciones sociales relaciondas con el tema, al Poder Judicial, a la Fiscalía de Corte, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y al Ministerio del Interior, entre otros.