Manfred Nowak, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recorrió nuestras cárceles en 2009 y concluyó que se violaban flagrantemente los derechos humanos de las personas allí encerradas. Su informe causó un “terremoto” en la sociedad, dijo ayer el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para América del Sur, Amerigo Incalcaterra: “Levantó el velo de una situación que muchos conocían, pero que muchos más tapaban”, afirmó. Incalcaterra aseguró que hoy, casi una década después, Uruguay aún tiene que resolver “temas básicos”, porque se siguen violando los derechos humanos. El hacinamiento “grosero”, las condiciones de reclusión de algunos recintos y la violencia interna son las secuelas más visibles de un sistema penitenciario que podría ser “modelo” para el mundo pero es vencido por lo que deja pendiente.
Uruguay “tiene todos los ingredientes” para hacer un abordaje “multidisciplinario y participativo. Simplemente hay que atreverse, ser innovadores e implementar medidas atrevidas […] Hacer las cosas que tenemos que hacer”. “Se puede”, porque Uruguay es un país “manejable”, aseguró Incalcaterra ayer en la presentación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, en el anexo del Palacio Legislativo.
Estas reglas, denominadas Mandela en honor al sudafricano Nelson Mandela, que estuvo preso 27 años por luchar por los derechos humanos, la democracia y la paz, y en contra del apartheid, fueron revisadas y aprobadas en mayo del año pasado por la Asamblea General de la ONU, y conciben el respeto y la garantía de los derechos humanos como ejes para lograr la “dignificación en la vida de las personas privadas de libertad”, aseguró la representante de ONU en Uruguay, Denise Cook.
En ese sentido, el alto comisionado dijo que son una “guía” que funciona como “espejo para revisarnos” y reflexionar sobre la privación de libertad: “¿Las estamos cumpliendo? ¿Quienes son las personas privadas de libertad? ¿Qué política penitenciaria y criminal tenemos? ¿Nuestras cárceles están listas para servir al que ingresa y a la sociedad?”, preguntó. A su vez, aseguró que en tanto sociedad que castiga a quienes la ofenden, es imprescindible replantearnos cómo se concibe al recluso. “El solo hecho de estar privado de libertad ya es un castigo suficiente. Por lo tanto, las medidas y sanciones disciplinarias no tienen que ulteriormente agravar más la situación”. La cárcel de por sí causa deterioro, entonces vale cuestionarse si “son todos desechables, no reinsertables”. “¿Vamos a poblar al mundo entero de cárceles?”, agregó.
Incalcaterra aseguró que los sistemas penitenciarios exitosos en el mundo son los que han logrado “reducir al mínimo” las diferencias entre el afuera y el adentro, generando en el recluso un “sentido de responsabilidad” y “vida digna”.
La nueva presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Ariela Peralta, consideró “increíble” que en el “discurso público aún esté en juego esta falsa oposición entre la seguridad y el respeto a la dignidad de las personas”. “Después de tantos años y tanto pensamiento generado, no hemos incorporado que [los reclusos] son personas, nuestros vecinos, conciudadanos que tienen una historia y que van a volver a tener libertad. […] Parece tan retrógrado pensar que no las vamos a ver más. No hacemos una reflexión en profundidad sobre qué significan los altos niveles de reincidencia, de prisión. [...] Desafortunadamente, la mirada está acentuada en la seguridad y el aumento de las penas”, sostuvo.
Preocupaciones
Incalcaterra recordó que el Estado es responsable de la vida y de la integridad de las personas presas y que, como tal, es causante de lo que a estas les suceda. Señaló que una de las reglas Mandela, la N 41, dispone la “investigación de todas las muertes de reclusos, así como la denuncia de todo indicio de tortura o de penas o tratos inhumanos o degradantes”; el Estado “tiene que garantizar que no pase nada”. En lo que va del año han sido asesinadas seis personas presas, cinco en el Compen (ex Comcar) y una en el Penal de Libertad. Es un tema “preocupante” y “complejo”. “No hay sentencia de muerte, se supone que no debe morir gente”, dijo, y sentenció: “Es inadmisible que alguien entre vivo y salga muerto”.