Con la audiencia del viernes terminaron los testigos citados por Uruguay en el juicio que se está desarrollando en Roma por la Operación Cóndor, causa que tiene 33 imputados, de los cuales 18 son uruguayos, y 42 víctimas, 33 de origen italouruguayo. El primero en subir al banco de los testigos fue el ex senador frenteamplista Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) que declaró sobre la represión en contra de los GAU (Grupos de Acción Unificadora), formación política a la cual pertenecía; relató hechos relativos a su secuestro y detención, y hechos sucesivos relacionados a su acción de investigación que, como él mismo dijo, realizó a raíz de un sentido de “deber ético” que percibió “en relación a los 20 compañeros de militancia que fueron exterminados en Argentina”. Rubio, que pertenecía a la militancia gremial, fue secuestrado en setiembre de 1973 y llevado en noviembre a la Jefatura de Policía de Montevideo, donde fue torturado; sucesivamente fue procesado por la justicia militar y detenido en la cárcel de Punta Carretas, desde donde, en 1975, fue retirado por miembros de la División 300 con destino a un centro de detención y tortura clandestino conocido como La Casona de Punta Gorda. Allí sufrió nuevamente torturas, hasta que se reconoció que fue por error y fue restituido a la cárcel. Con el retorno a la democracia empezó su trabajo de búsqueda, y en 1999 el profesor Óscar Destouet, que a su vez provenía de la familia Michelena, le entregó “la fotocopia de un documento relativo a los antecedentes de Graciela Susana de Gouveia y José Enrique Michelena, ambos desaparecidos en Argentina. […] Quedé muy sorprendido por el contenido de esos documentos, porque constituyen un informe especial de información dirigido al subdirector de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenían del SID (Servicio de Inteligencia de la Defensa) con fecha 23 de enero de 1978. El informe respondía a un memorándum solicitado por el Departamento de Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores del 20 enero de 1978 y preguntaba sobre los antecedentes de De Gouveia y Michelena. Quedé sorprendido porque los dos habían desaparecido el 14 de junio de 1977. Con el profesor Destouet nos preguntábamos si era una gestión normal, pero tardía, o si el ministerio se ocupaba y participaba directamente en la represión en Argentina. En consecuencia solicitamos al ministro Didier Opertti, el 18 agosto de 1999, una entrevista, y presentamos un documento en el cual planteábamos la desclasificación de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Opertti dijo que iba a ser una prolija investigación con el objetivo de averiguar si en el ministerio existía información sobre la Operación Cóndor y sobre los vínculos con Argentina en aquel contexto […] el 22 de diciembre el ministro nos contestó que en el Archivo no había nada”. Ni Rubio ni Destouet detuvieron sus investigaciones, y en 2004 aconteció algo muy extraño. Trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Destouet encontró un conjunto de carpetas muy importantes con documentación referente al vínculo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Uruguay en Argentina relativas a los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y “también el original del documento que yo había recibido sobre De Gouveia y Michelena […] pero Destouet me comunicó que le iba a ser muy difícil proseguir la investigación porque la funcionaria a cargo de esa parte del archivo y su jefe le comunicaron que había sido un descuido de ellos, y que eran carpetas que el ministro no había habilitado a la vista de otras personas”.

Rubio hizo referencia también a otros numerosos documentos, que fueron entregados al Tribunal, relativos a la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay en el Plan Cóndor, y presentó algunos de esos casos: “Hay decenas de formularios con esas características. Son pedidos de informaciones relativas a personas desaparecidas, hay miles de fichas patronímicas acerca de ciudadanos y ciudadanas. Esa situación me produjo mucha perplejidad por la actitud de Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ese dilema se empezó a esclarecer cuando tomé conocimiento de una circular del 18 de febrero de 1976 firmada por el canciller Juan Carlos Blanco que daba la directiva a todo el cuerpo diplomático de perseguir personas subversivas en el exterior. Otro hecho es la práctica que tenía el SID de comunicar a 18 agencias de inteligencia toda la documentación que tenía en ese sentido. Nuestra perplejidad se esclareció aun más cuando tomamos conocimiento público de las investigaciones realizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores en los años previos a 2011 por parte del sobreviviente Burgos; esta información fue entregada a los tribunales argentinos encargados de las causas Orletti I y II, y Cóndor I y II. Esa documentación se hizo pública por medio de Página 12 y otras publicaciones. Entonces existiría una documentación muy importante del Ministerio de Relaciones Exteriores que muestra su postura activa en esa situación […]. Durante las dictaduras cívico-militares de los años 70 y 80 fue la primera vez en el Río de la Plata que fueron violados de manera flagrante dos códigos: el código según el cual los opositores refugiados en países vecinos no iban a ser objeto de represión, y el código de que los vencidos no serían exterminados. Eso es lo que ha provocado nuestra dolorosa indignación”.

¿Qué tengo yo a cambio?

El testimonio de Juan Manuel Rodríguez Bas se focalizó en su reclusión en el Fusna (Fusileros Navales) y en el imputado Tróccoli, a quien Rodríguez Bas tuvo ocasión de entrevistar en 1996 sobre los hechos de aquellos años. Rodríguez Bas fue detenido varias veces en el marco de movilizaciones estudiantiles, hasta que en noviembre de 1977, en el contexto de la represión a los GAU, fue secuestrado en una calle de Montevideo y terminó en el Fusna. Contó Bas: “Durante los interrogatorios me preguntaban sobre los otros integrantes de los GAU y sobre las acciones desarrolladas por el grupo. A cierta altura empezaron a mencionar nombres de compañeros que yo sabía que estaban en Buenos Aires. Me amenazaron con llevarme a Buenos Aires para hacer señalamiento de compañeros para detenerlos. Me presionaron para que colaborara porque, si no lo hacía, me llevaban a Buenos Aires y ya se sabía que allá eran todos ‘boleta’, una forma de referirse a que los matan a todos. No fui el único amenazado con ser llevado a Buenos Aires y con la muerte. Estos interrogatorios ocurrieron en diciembre de 1977, al mismo tiempo que en Buenos Aires se interrogaba a los desaparecidos. Era claro que el Fusna sabía todo lo que ocurría en Buenos Aires, y seguía el proceso”. Rodríguez Bas contó también de la reunión con Tróccoli. “Fue a fin de 1996 cuando Tróccoli tomó mucha notoriedad por la publicación del libro La ira del leviatán y fue entrevistado por muchas revistas. Sus cartas y sus afirmaciones nos impulsaban a creer que él tenía una posición de apertura. Tuvo una actitud distinta de otros militares uruguayos; aceptó y dijo que hubo tortura y que él era un profesional de la violencia, se comparó con Torquemada. Con la reticencia que hay en Uruguay, un torturador que admitía eso nos hacía pensar que él podría dar un paso más y aportar algo a la verdad. Por eso pedimos la entrevista”. La reunión tuvo lugar en la casa del balneario donde Tróccoli vivía, y cuando Rodríguez Bas y Mara Martínez llegaron se encontraron con que él había invitado a Juan Carlos Larcebeau por iniciativa propia. “No fue una reunión de amigos, pero hubo un trato razonable”, contestó Rodríguez Bas al abogado de Tróccoli, Francesco Guzzo; “él no fue colaborativo”. Rodríguez Bas y Martínez le preguntaron a Tróccoli si podía aclarar el destino de los compañeros desaparecidos en Argentina: “Para nuestra sorpresa, no dijo que no supiera nada. Lo que dijo fue: “¿qué tengo yo a cambio?”. Nosotros le respondimos que era una necesidad saber lo que había pasado y que las organizaciones de derechos humanos lo iban a tratar mejor si él estaba dispuesto a colaborar con la verdad. Él hizo un gesto de desprecio que interpreté como “¡a mí qué me importa!”. Lo que me parece importante es que él no dijo en ningún momento que no sabía nada. Lo que pidió fue una negociación”. Otra circunstancia muy importante referida por el testigo acerca de ese encuentro es el hecho de que Tróccoli, sobre el final de la reunión, se le acercó y le pidió “disculpas personalmente”. “Eso me terminó de convencer de que él había sido uno de mis torturadores. Y me miró fijo, esperando mi respuesta. Esta fue negativa. Le aclaré que sólo podría esperar otra cosa si colaboraba con lo que el pueblo y los compañeros necesitábamos, que era conocer la verdad”, agregó. El testimonio de Rodríguez Bas desató un contrainterrogatorio del abogado de Tróccoli que apuntó a perfilar las afirmaciones del testigo como meras convicciones personales y no pruebas de hechos acontecidos, pero Rodríguez Bas se mantuvo firme y reiteró los hechos.

El último testigo del día fue José María López Mazz, arqueólogo y antropólogo forense, que relató el trabajo de búsqueda de cuerpos en predios militares y mostró unas láminas explicativas de los lugares y de los restos recuperados. Particularmente importante fue el hecho de que todos los cuerpos recuperados tenían huesos quebrados y signos de tortura. Describió cómo con el cuerpo de Fernando Miranda encontraron una cuerda, signo típico del tratamiento del centro Orletti de Buenos Aires, y que en esa cuerda iba un papel con el grupo político y número identificativo. López Mazz dijo haber recopilado, a lo largo de diez años de trabajo, información sobre más de 300 personas, entre militares y familiares de militares, que señalaron entre 40 y 50 lugares diferentes de enterramientos. De todos los lugares se hizo una selección de cinco a diez lugares que eran recurrentes en los señalamientos. “Me llamó la atención, cuando empecé a trabajar en el Batallón 14, el hecho de encontrar una camioneta de la Marina en un predio del Ejército. Con el tiempo me quedó muy clara la estrecha coordinación entre las Fuerzas Armadas”, dijo el antropólogo.

Sobre el final de la audiencia los abogados de la defensa quisieron presentar algunos documentos que son parte del legajo de Chávez Domínguez, pero la Fiscalía se opuso por falta de documentación oficial que pudiera atestiguar la procedencia de dicho expediente. El Tribunal decidirá acerca de la admisión en la próxima audiencia. A partir del 7 de julio empezarán los testigos de la defensa de Tróccoli que declararán en videoconferencia; el abogado Guzzo dijo a la diaria que el mismo Tróccoli podría declarar, pero que es una decisión que será tomada sólo después de la escucha de sus testigos.