En la audiencia de Roma para el Plan Cóndor de ayer, 16 de junio, la corte presidida por la jueza Evelina Canale escuchó a cinco testigos: dos de Uruguay, convocados por el abogado Fabio Maria Galiani, dos de la Fiscalía y uno del abogado Andrea Speranzoni, defensor civil para los casos de Maino, Montiglio (Chile), Sobrino, Artigas (Uruguay), para el Partido Comunista de Chile y la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores.

Horacio Goycochea contó la historia de su hermano Gustavo, militante de los GAU (Grupos de Acción Unificadora) secuestrado en Buenos Aires, en la calle General Hornos 1480, el 23 de diciembre de 1977, junto a su esposa Graciela Basualdo. El operativo del secuestro se parece a muchos de los ya relatados en el curso de las audiencias: hombres vestidos con ropa camuflada y de civil, muy armados, que aparecen en medio de la noche y se llevan a la pareja dejando al hijo, de apenas dos años, con una vecina. Según el testimonio de un vecino del matrimonio, que volviendo a casa se encontró con el despliegue de fuerzas en la calle, entre los integrantes de la patota había un hombre al que reconoció por haberlo visto varias veces y que era chofer de una unidad militar de la Marina de la ciudad de La Plata. “Cuando mi padre fue a Buenos Aires a recuperar a mi sobrino se acercó a la Policía para denunciar el secuestro o la detención, porque no entendía lo que había pasado, pero ellos no aceptaron su denuncia porque no había ninguna constancia de la detención, y no había suficiente información para aceptar una denuncia por secuestro de personas. Otra cosa relevante es que mi hermano Sergio, en enero de 1978, leyó en un diario en Brasil una lista de gente desaparecida que había sido vista en el Fusna [Fusileros Navales] de Uruguay y en esa lista constaba el nombre de mi hermano y mi cuñada”, relató Goycochea. Noticias de Gustavo y Graciela llegaron también por parte de sobrevivientes del centro de detención clandestina La Tablada, y hay declaraciones de argentinos que estuvieron detenidos en el Pozo de Quilmes y en el Pozo de Banfield que reconocieron a los dos como personas que estuvieron en esos lugares; “me contaron que mi cuñada ayudó a dar a luz a la señora D’Elía”, refirió el testigo. El hecho de que el matrimonio fuera visto en centros clandestinos argentinos y uruguayos conforma una vez mas la colaboración entre los servicios de represión de los dos países, y sustenta la acusación de la desaparición de los dos en el marco de la Operación Cóndor.

Ricardo Vilaró Sanguinetti fue requerido públicamente por los medios de prensa junto a todos los dirigentes de la Convención Nacional de Trabajadores, el 2 de julio de 1973. El 10 de setiembre fue detenido por el Departamento 4 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), y dos días después fue trasladado al Cilindro Municipal. El 21 de setiembre fue trasladado otra vez al Departamento 4 de la DNII, donde estuvo incomunicado por nueve días, en los que intentaron que él aceptara la autoría de un material gráfico en contra de la dictadura. El 2 de noviembre de 1973, en el mismo Departamento 4, comenzó la investigación y el proceso contra los GAU. “En los interrogatorios y torturas pude reconocer, por las voces, a varios compañeros de militancia que conocía. Querían que nosotros reconociéramos que los GAU eran subversivos; nosotros sostuvimos que la nuestra era una formación política con militancia sindical y estudiantil. Después de tres largos meses, el 28 de diciembre de 1973, fuimos conducidos a declarar al Tribunal Militar de 5º Turno, y el 3 de abril de 1974 todos fuimos procesados por asociación subversiva, condenados con una pena de entre seis y 18 años y conducidos a Punta Carretas”, relató. La historia de Vilaró se complica aun más cuando, después de cumplir la pena, el 4 de abril de 1978, salió de la cárcel y, en vez de ser dejado con su familia, fue conducido otra vez por la Policía y encerrado en una habitación junto a otras cinco personas, todas a la espera de ser liberadas. Vilaró se comunicó con Ricardo Clearmunt, que se le acercó y le contó la angustia y la tristeza que se vivían en la comunidad de catequesis de la Iglesia de San Pedro por la desaparición de José Michelena y Graciela de Gouveia, secuestrados en junio de 1977. Cuando finalmente parecía que iba a ser liberado, justo afuera, en la puerta de la Jefatura de Policía de Montevideo, dos hombres lo secuestraron ante los ojos del inspector Castiglioni, lo introdujeron a un auto y lo llevaron al Fusna. En el Fusna Vilaró fue nuevamente sometido a interrogatorios: le preguntaron sobre los GAU, y pretendían que acusara a Héctor Rodríguez, otro dirigente de ese grupo. “Sucesivamente, un oficial me preguntó si yo quería ver declaraciones de mis compañeros de los GAU. Dije que sí. Yo estaba esposado y vendado, y dos oficiales levantaron sus botas y las pusieron al lado de mi cara para no dejarme girar. Me levantaron la venda y vi una carpeta. Me daban unos minutos para que pudiera ver las fotos y leer parte de las declaraciones y después cambiaban de hoja, hasta que llegaron a un papel que trataron de esconder, pero yo me enteré de que se trataba de la declaración de Alberto Corchs Laviña, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires”. En el Fusna Vilaró vio también personas atadas a las columnas, en malas condiciones, y soldados que las golpeaban. Luego fue conducido ante el juez sumariante Tabaré Daners, que le hizo firmar un acta. Su periplo duró un mes más, entre amenazas y promesas de liberación. En una noche de mayo de 1978 fue dejado en libertad en un parque. El abogado Galiani pidió al testigo que contara un hecho, relacionado a su detención, que tuvo como protagonista a su esposa, exiliada en Holanda.

“Ella recibió una llamada de un oficial del Fusna que la invitó a ir sola a un hotel de La Haya para hablar de mi situación. Fue acompañada por un amigo que esperó afuera, y allá el oficial le dijo que si ella parara la campaña internacional para la liberación de los presos políticos que estaba llevando adelante, yo iba a ser liberado. Ella le contestó que lo iba a pensar, pero al día siguiente se enteró de que yo, estando en el Fusna, había sido rapado, y cuando el oficial volvió a llamar le dijo que la campaña no iba a parar”. A los días Vilaró fue liberado, pero ese hecho prueba el enorme poder y las ramificaciones del aparato represivo durante la época.

La génesis

La Fiscalía llevó al testigo Jair Krischke, fundador y presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, una organización no gubernamental fundada en 1979 en Porto Alegre con el objetivo de ofrecer ayuda a los militantes que huían de las dictaduras latinoamericanas, y que salvó, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a cerca de 2.000 personas. Krischke relató la importancia de Brasil en el Plan Cóndor: “El creador del Plan Cóndor fue el aparato represivo brasileño. La reunión de Santiago de Chile de 1975 sirvió para bautizar esa práctica que Brasil ya utilizaba, siempre de una manera bilateral y no en conjunto. El primer caso documentado de la Operación Cóndor se refiere a un coronel brasileño, Osorio, muerto en Buenos Aires en 1970”. Luego, su declaración se centró en el caso del argentino Lorenzo Ismael Viñas.

La siguiente testigo de la Fiscalía, Claudia Allegrini, protagonizó un hecho lamentable: se rehusó a declarar por la presencia en la sala de Cristina Mihura, parte civil en ese juicio y presente en todas las audiencias. Allegrini pidió a la Corte que sacaran de la sala a Mihura; el pedido no fue admitido porque las audiencias son públicas. La fiscal Tiziana Cugini y el abogado que defiende a Allegrini intervinieron para recordarle que en un juicio las razones públicas tendrían que exceder aquellas personales, pero Allegrini no cedió. Finalmente, la fiscal renunció a escuchar a Allegrini, y tomó una declaración de ella del 10 de junio de 1999, sin oposición de los otros abogados.

El último testigo, el profesor Dino Rossi -criminólogo clínico-, relató sus estudios sobre el tema del daño en problemáticas relativas a la violencia sistemática y masiva, como es el caso Cóndor. Habló de violencia estructural sobre la colectividad entera, de la desaparición y de sus efectos sobre los familiares y la sociedad entera, de la violencia dirigida en particular a un segmento especial de la sociedad -la juventud-, y de las agresiones a la sexualidad y a la capacidad reproductiva, que fue uno de los rasgos más específicos de la violencia ejercida durante las dictaduras latinoamericanas.