En 2013 los vecinos de Paso Picón, zona rural ubicada a cuatro kilómetros de la ciudad de Canelones, comenzaron a denunciar a Máximo Castilla, médico y productor rural, por los perjuicios que les ocasionaba al fumigar sus plantaciones de soja y trigo. El caso ha tenido muchas repercusiones porque los vecinos han presentado denuncias ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la Intendencia de Canelones (IC) y la Institución Nacional de Derechos Humanos. El MSP por ejemplo, ha comprobado “la exposición reiterada a plaguicidas por parte de la población residente de la zona y que la misma ha afectado la salud de los pobladores”. Incluso los planteos de los vecinos ameritaron que el MGAP, la Dinama, el MSP y la IC establecieran un protocolo conjunto de actuación que acelera los mecanismos de denuncia e inspección.

Esta semana, seis vecinos de Paso Picón recibieron la notificación del MGAP que constató “la existencia de daño por deriva en predio de denunciantes” y aplica a Castilla una multa de 60 Unidades Reajustables (54.300 pesos). La denuncia había sido hecha el 27 de julio de 2015. Adriana Pascual, una de las vecinas denunciantes, expresó en diálogo con la diaria satisfacción porque es la primera vez que el MGAP le aplica una multa al productor; no es menor, ya que anteriormente Pascual había hecho más de 40 denuncias ante ese organismo.

¿Qué cambió? Que el protocolo de actuación de las instituciones posibilitó que los inspectores de la IC concurrieran en el momento en que se hizo la denuncia y no 48 horas después, como hacían los inspectores del MGAP, señaló Pascual. Igualmente, dijo que el monto -que tiene 6% de recargo anual- es irrisorio, y que el mensaje parece ser “envenene hoy y pague después”.