Tras la presentación el jueves del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ingresa formalmente hoy a la Cámara de Representantes, el gobierno abrió tres frentes: con la oposición, con algunos sectores del Frente Amplio (FA) y con el movimiento sindical.
La oposición insistió durante el fin de semana en que el ajuste es producto del “despilfarro” de los gobiernos del FA. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou, de visita por Fray Bentos y Paysandú, dijo que no se entiende que “después de diez años de bonanza falte dinero”. “Salvo que se justifique por mala gestión, que la hay, y por despilfarro”, manifestó. Lacalle Pou se reunió el viernes en Andresito con el senador nacionalista Jorge Larrañaga, con quien compartió un asado, según la foto que subió Larrañaga a Twitter y que los muestra a ambos sonrientes con un parrillero de fondo. Larrañaga ya había anunciado a fines de mayo su intención de interpelar al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, por el ajuste fiscal. Había dicho que el ajuste “recaerá directa e indirectamente sobre los trabajadores y jubilados”, que “afectará de gran modo al consumo” y que será para “pagar el despilfarro de los gobiernos del FA de los últimos 11 años, sintetizados en desastres empresariales como ANCAP, Pluna, casinos y otros más, que termina pagando la gente”.
Por otra parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala identificó lo que considera inconstitucionalidades del proyecto de rendición, en los artículos 147, 155 y 162. El artículo 147 establece aumentos en el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), y la Constitución establece que no pueden introducirse modificaciones a la seguridad social en leyes presupuestales o de rendición de cuentas, dijo Abdala a El País. El artículo 155 grava con IRPF las utilidades de las empresas no distribuidas a partir de julio de 2007, y Abdala considera que es inconstitucional porque no se puede cobrar impuestos en forma retroactiva. Respecto del artículo 162, que establece ajustes por inflación para los estados contables de las empresas, Abdala indicó que es inconstitucional porque da la potestad discrecional al Poder Ejecutivo de resolver sobre el ajuste, algo que debería establecerse en la ley.
El Frente interno
Aunque el presidente Tabaré Vázquez logró un acuerdo con el FA a principios de junio sobre la rendición, y este se respetará en términos generales, hubo un manejo equivocado de la información en un punto: el Ministerio de Economía y Finanzas mantuvo la idea de eliminar el incremento presupuestal para gasto educativo y social previsto para 2017 (para organismos como la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, el Hospital de Clínicas, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, entre otros), que asciende a aproximadamente 1.800 millones de pesos. El Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Movimiento de Participación Popular (MPP) no están de acuerdo con esta disposición.
“Hay que señalar con preocupación que la postergación es en realidad una reducción del gasto, o, directamente, un recorte de gastos de 2.580 millones de pesos. En una economía desacelerada y contraída es una señal totalmente inadecuada, y más preocupante aun es que la mitad de ese recorte esté vinculada a la educación”, cuestionó Gerardo Núñez, diputado suplente del PCU. Núñez explicó que su sector trabajará para que no se recorte este gasto, y que para obtener los recursos faltantes se eliminen algunas exoneraciones del Impuesto al Patrimonio y se suban las tasas del gravamen, además de elevar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas de 25% a 30% en las áreas económicas de mayor dinamismo.
El MPP tiene una resolución orgánica de su Ejecutivo y de su Dirección Nacional de no recortar los gastos en educación, porque se trata de un “objetivo político impostergable”, recordó la diputada del sector Lilián Galán. “Y más en tiempos de desaceleración económica. Una medida contracíclica es invertir, no restringir la inversión”, agregó.
El Partido Socialista discutirá hoy en su Comité Ejecutivo cómo posicionarse. El diputado socialista Gonzalo Civila sostuvo que en el espíritu de las discusiones partidarias “siempre estuvo preservar el gasto educativo” y que el partido se inclina “más por la eficiencia del gasto que por el recorte”.
El gobierno abrió también un frente con el movimiento sindical, a raíz de su negativa a revisar las pautas salariales y la decisión de mantener la eliminación de los incrementos presupuestales en educación. El viernes, la Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió un paro parcial de 9.00 a 13.00 para el miércoles 29 de junio y un paro general de 24 horas para el jueves 14 de julio, en defensa del salario, de la inversión pública y del gasto social. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, advirtió que si se mantienen las pautas salariales -que se construyeron “en base a una inflación decreciente”, mientras que ahora “la inflación está creciendo”-, habrá pérdida del salario real y una “altísima conflictividad”. “Tenemos la esperanza de que el gobierno, y también Astori, cambien su postura”, manifestó Pereira.