Si esta nota se ha vuelto necesaria es porque los casos de violencia vienen siendo frecuentes, tanto desde la Unila (Universidad de Integración Latinoamericana, fundada en 2010 y ubicada en Foz de Iguaçu, Brasil, integrada por estudiantes de 17 países provenientes de América Latina) como desde los lugares de impunidad que surgieron luego del golpe de Estado que desplazó a Dilma Rousseff de la presidencia.

La apuesta política que implica este proyecto no agrada a todo el mundo. Hay quienes se movilizan para boicotearlo, para hacerle perder a la Unila su carácter internacionalista y popular. Cerca de 1.300 estudiantes extranjeros fueron eliminados en el proceso de selección este año. La excusa fue que habían escrito palabras en español en documentos oficiales. La ley federal de creación de la universidad prevé que los documentos puedan ser escritos en ambas lenguas, lo que devela el carácter arbitrario de esta eliminación. La comisión que se conformó para la elección de los estudiantes de 2017, conformada en el año corriente, contaba con siete profesores brasileños y tres extranjeros; por votación, dos de estos últimos fueron eliminados porque cuestionaban la parcialidad con la que se ejecuta la eliminación de los hispanohablantes, por lo que quedaron los siete brasileños y sólo un extranjero en dicho grupo. Además, a consecuencia del recorte de dinero que el gobierno interino de Michel Temer aplicó a la educación, el año que viene ya no serán otorgadas becas de permanencia. Estos auxilios son la razón fundamental para que las clases populares de América Latina se mantengan en este proyecto universitario, tanto aquellos que han ingresado por las leyes de cuotas de Brasil como los extranjeros que tienen esa beca como única vía de subsistencia. De esta forma, el proyecto que proponía la Unila se ve directamente amputado.

Ola de asaltos

Me había propuesto una columna de análisis en la que pudiera relacionar la situación de mi universidad Unila con la coyuntura política actual, escrita en tercera persona y que fuese, además de esclarecedora, denunciante. Pero hubo un problema: me enteré de que mis compañeros de una de las residencias fueron asaltados con armas de fuego, bajo toma de rehenes, por segunda noche consecutiva, por undécima vez en ocho meses.

La historia de asedio a los residentes de Moradia 1 (la residencia que mencioné) no comenzó este año, sino el pasado. Luego de una serie de robos, en octubre, los estudiantes decidieron ocuparla para exigir mayor seguridad y mejores condiciones de alojamiento. La respuesta de la universidad fue ordenar el desalojo, con la excusa de que se iba a construir en ese predio una nueva y mejor residencia. Vale aclarar que las obras del campus universitario fueron interrumpidas en 2013 y no hay pistas de su reanudación. Los residentes se negaron a salir y crearon una asociación de moradores, además de proponer diferentes alternativas a la rectoría para poder comenzar las supuestas obras, sin necesidad de remoción. Otra vez la respuesta fue la falta de diálogo y el hostigamiento, que se efectuó, entre otros factores, con el corte de agua. Ese fue el comienzo. A finales de marzo, los estudiantes sufrieron tres nuevos asaltos con toma de rehenes. En dos de ellos el guardia de seguridad no intervino ya que, según él, su función consistía tan sólo en cuidar el patrimonio del predio.

En este devenir de tensiones, la asociación de moradores, que está integrada por estudiantes de diferentes países de América Latina (entre ellos, tres uruguayos), ha intentado desde restablecer las conversaciones hasta la ocupación de la rectoría, en procura de una solución a esta situación de vulnerabilidad. Esta no ha llegado, sino todo lo contrario. La universidad busca el desalojo por cualquier medio y no cumple lo que promete (como la reactivación del agua). En este abandono, nuevamente, en sólo dos noches se cometen tres nuevos asaltos con toma de rehenes que fueron golpeados y manoseados por los asaltantes. Pero, como sugirió la filósofa alemana Hannah Arendt, el responsable del crimen es el que está más lejos de la máquina de matar. Es la rectoría, por negligente y tendenciosa, la responsable de los acontecimientos de hoy y de la lamentable situación en que los residentes de Moradia 1 ya estaban viviendo.

Un golpe

Pero la criminalización de los estudiantes excede este ejemplo. Además, varios compañeros están bajo procesos judiciales que han sido iniciados por docentes y técnicos administrativos, como acontece en el caso de un compañero y una compañera que, por reclamar por la demora del pago que les correspondía por su participación en un proyecto de extensión remunerado, fueron llevados a juicio por supuestas injurias.

Siguiendo el relato de las agresiones, el sábado 14 de mayo, un compañero estudiante proveniente de Haití fue brutalmente agredido con botellas por tres hombres. Le dijeron que, ahora que Dilma ya no estaba en la presidencia, él iba a tener que volver a su país, además de llamarlo “macaco”, en una clara manifestación racista, xenófoba y, sobre todo, política.

La violencia y desprotección en que vivimos se acentúa con el paso de los días y, en su transcurso, su narración se me dificulta. Pero como aún creemos en este proyecto de una universidad latinoamericana y popular, porque acá todavía estamos debatiendo qué tipo de educación superior es la que queremos, se torna necesario denunciar cómo se manifiesta en nuestras propias vidas la pugna ideológica que nos coloca frente al golpe de Estado del 17 de abril y de la reestructuración neoliberal de la región.

La despreocupación de los otros países latinoamericanos con nuestra situación nos deja sin respaldo ante este embate de violencia. Estamos solos, valiéndonos de nuestra solidaridad como estudiantes y con el respaldo de algunos docentes y técnicos administrativos. Estas líneas no pretenden ser más que un llamado de atención. El golpe de Estado y el reajuste económico se manifiestan más allá del Parlamento, llega con violencia a nuestra cotidianidad.

Espero que el día que alguien se preocupe por nosotros, tan sólo lamentemos la demora.