Desde abril se están llevando a cabo las reuniones multipartidarias para acordar una política estatal en materia de seguridad. Según el Reporte Uruguay 2015, las dos principales preocupaciones de los uruguayos son la inseguridad y la delincuencia. En la presentación de las Reglas Mandela, el jueves, aseguró que es “increíble” que en el “discurso público aún esté en juego la falsa oposición entre la seguridad y el respeto a la dignidad de las personas”. Allí pidió un debate “más amplio”. ¿Por qué es necesario?
-Es súper importante debatir el campo de la seguridad ciudadana, pero no puede estar la falsa oposición entre seguridad y restricción de derechos. Hay una corriente, no sólo en Uruguay, que plantea que para estar más seguros hay que restringir derechos. La famosa mano dura, una mayor penalización que significa una mayor cantidad de personas en prisión. La discusión no debería sesgarse hacia el aumento del guarismo de los delitos o la sobrelegislación en materia delictiva. La política criminal implica muchas cosas más que la persecución penal; están los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Los países de la región tuvieron cambios, pasaron de procesos inquisitivos a acusatorios hace mucho más tiempo. Uruguay es uno de los países a los que les ha costado más.
¿Qué consecuencias ha traído ese atraso?
-Si comparamos, Uruguay tiene índices altísimos de presos sin condena. Otro problema grave es el procesamiento sin prisión, que muchas veces es más largo que la condena definitiva. El sobredimensionamiento de mayores penas, la repetición de figuras delictivas cuando se vuelve a cometer el mismo delito y entonces se ponen, para la misma figura, más penas. Ahí hay otro problema, ahí el país tiene que mirar la seguridad ciudadana, pero también al sistema penitenciario, qué pasa con las personas que están con y sin condena, y dar una respuesta que no sea punitiva. Los DDHH tienen que estar muy altamente involucrados, si no las sociedades terminan perdiendo mucho por todos lados. Esto no implica, para nada, que la persona que cometió un delito no sea responsable. ¿Dónde cortamos para discutir esto? Hay muchísimo para pensar. Está la mediación, la justicia restaurativa. A veces, algunos delitos menores se pueden resolver transitando estos caminos. Uruguay tiene un debe muy grande en esos aspectos.
Respecto del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), la INDDHH aseguró que los derechos y potestades que prevé para las víctimas no son suficientes.
-En el mundo el derecho penal se tiene bien claro que el centro es la víctima que sufrió violaciones de derechos humanos. Debe haber una mayor participación de las víctimas en los procesos. El CPP que se aprobó sí tiene avances, los recursos que se dieron son mejores que los de antes, pero hay limitaciones y cuestiones que la víctima no puede rever por sí sola y tiene que hacerlo por intermedio del fiscal. En la discusión se concluyó que al proceso penal uruguayo y a la historia procesal no les cabía la posibilidad de que, por ejemplo, la víctima participe como un tercer interviniente. En el litigio que presentaron los Gelman se solicitó que la víctima pudiera tener ese estatus legal, para participar independientemente. Quizá con otros recursos se le podría haber dado un mayor impulso. La [Suprema] Corte [de Justicia] no tocó ese tema, tampoco lo hizo en la reforma del CPP. En relación al terrorismo de Estado, la víctima debería tener más participación, mayor acceso a la información. Hay que tener claro que a la que más perjudica el paso del tiempo es a la víctima, y en general, en los procesos de reparación las víctimas son las que quedan más retrasadas y aisladas. Si comparamos los procesos de los países que sufrieron dictaduras o procesos autoritarios, vemos que a la sociedad uruguaya le cuesta mucho acompañar a las víctimas en ese proceso.
¿Dónde residen las dificultades para garantizar los derechos?
-Los datos que manejamos muestran tendencias, y nos muestran que esas dificultades están en la implementación de políticas públicas. Se pueden necesitar algunas armonizaciones de legislación, pero es en el momento de ejecutar cuando se ven las mayores dificultades. Un ejemplo es la Ley de Educación Inclusiva, que es muy buena, abarcativa y acorde a los estándares internacionales, pero enfrenta dificultades porque no están los recursos económicos o las capacitaciones. Entonces, ¿cómo implementarla? No hemos desarrollado las capacidades suficientes, hay autoridades que nos lo han dicho con honestidad: “No hemos podido implementar el marco legal en el tiempo en que pensábamos hacerlo”. Eso dificulta y tiene como consecuencia que no es posible hacer efectivos los derechos porque no existen los recursos adecuados.
En el Informe 2015 que entregaron a la Asamblea General señalan que el derecho más vulnerado es el de la integridad personal, y que el organismo más denunciado sigue siendo el Ministerio del Interior (MI).
-Hay cuestiones de procedimientos policiales. Nosotros tenemos muchas resoluciones sobre casos de abuso policial, y aprendimos a tener un diálogo fluido con el MI. Es una cuestión de capacitación, de mala implementación. No hay una voluntad, en términos generales, de aplicar una política restrictiva o en contra de los derechos humanos. Decimos que hay, sí, una falta de capacidad y una falta de formación en cómo implementar y cómo actuar en los procedimientos, que termina violentando derechos.
También es el organismo que más reticencia ha demostrado al momento de llevar a cabo las recomendaciones.
-Sí. Hay algunas cuestiones que son muy dialogadas y se comprenden rápidamente, pero hay otros procesos que son más largos. Muchas veces, la INDDHH le pide al MI que investigue qué pasó, quiénes estuvieron involucrados, cuál fue la actuación. A veces esa investigación dura más tiempo del deseado; otras veces son reservadas, cuesta hacer el seguimiento, entonces se dilatan los resultados. Una de las cosas en las que hacemos énfasis es en las víctimas de delitos violentos, en su derecho a estar informadas, en hacer transparente la actuación, explicarla, hacerse cargo de las violaciones que pudieron haber sucedido. Tener en cuenta que la víctima tiene la necesidad de escuchar.
Otra cuestión que queda clara en el informe es que el Estado ejerce violencia institucional.
-A veces no lo hace directamente, pero sí indirectamente. Si no tiene una conducta proactiva de generar políticas para cambiar la sociedad, por ejemplo. La violencia de género dejó de ser una cuestión privada y pasó a la vida pública, pero seguimos en una sociedad machista. Hay altos índices de muerte de mujeres por género; ahí el Estado tiene un rol para jugar. En esa área hay progresos, el Ejecutivo envió una ley, se puso el foco en este tema; sin embargo, a veces los resultados no dan vuelta las cifras. Ahí hay que ajustar más.