El diputado del Frente Amplio (FA) Alejandro Sánchez (Movimiento de Participación Popular), candidato a la presidencia de esta fuerza política, dijo ayer que respecto de la regulación del cannabis, “tras las transformaciones legislativas, hay que modificar la forma en que el Estado se relaciona con los ciudadanos cotidianamente”. Explicó que “si el policía que está en la calle no tiene una formación que le permita asimilar el nuevo paradigma que intentamos construir, por más que la ley exista, va a tener una acción que no va a ir en consonancia con los ámbitos que estamos construyendo. Y lo mismo pasa con las fiscalías, el Poder Judicial y el sistema sanitario”. El legislador resumió que “si no transformamos ese funcionamiento del Estado, vamos a tener muy buenas leyes pero enormes dificultades para aplicarlas”.
En ese contexto, según Sánchez el “escollo más grande [...] cada vez que hablamos de derechos, transformaciones y profundizaciones de cambios” es “cómo lograr la transformación del Poder Judicial”: “Necesitamos trabajar fuertemente por su reforma y transformación, y porque la madre de las reformas, que ha sido la reforma del Estado, no llegó ni siquiera a tocar la puerta del Poder Judicial”.
Además, Sánchez resaltó que mientras que el “paradigma prohibicionista” hacía énfasis en la sustancia, la política de regulación y reducción de daños que impulsa el gobierno se basa en “nuestra relación con la sustancia”. “Es necesario fortalecer la divulgación de información, uno tiene que conocer los efectos de las sustancias en los organismos, y así poder discutir de qué forma nos relacionamos con las drogas”, añadió.
Sánchez fue parte de una mesa redonda organizada por el sector M764 Frente en Movimiento, en la que participaron el hasta ayer secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, el ex titular de ese cargo durante el gobierno de José Mujica, Julio Calzada, la diputada suplente Romina Napiloti (Ir), el psicólogo y académico Juan Fernández Romar y su par Aldo Tomassini, que integra la Comisión de Atención a Personas en Situación de Calle de la Intendencia de Montevideo.
Fernández observó que la idea de “poner sobre el tapete la problemática de los derechos humanos y que aparezca como idea rectora” en las políticas sobre drogas “lleva mucho tiempo [para] que haga carne” y “que los actores institucionales en los diferentes niveles lo asuman”. Según destacó, “hasta el día de hoy hay muchísimos actores institucionales que están metabolizando eso”.
En tanto, Romani cuestionó que “es muy poco lo que el FA y el sistema político debaten sobre drogas”. Dijo que se trata de una “batalla de primer orden”, aunque es un debate en el que la fuerza política “ha estado omisa”. Además, advirtió de que el paradigma prohibicionista de las drogas “está instalado en nuestra sociedad y en el mundo entero”. El tema, dijo, atraviesa incluso a la izquierda: “Los compañeros de Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen un cuadrado en la cabeza, y promueven la guerra contra las drogas con más énfasis que los gringos”.
Por su parte, Calzada dijo que si el FA no logra “aggiornarse al siglo XXI, difícilmente se puedan realizar transformaciones más profundas en la sociedad y la cultura, que son cada vez más imprescindibles”. El ex jerarca dijo que los eventuales cambios que consiga hacer la fuerza política no van a durar si no se transforma la relación de esta con la sociedad. Entre los desafíos que el FA “tiene por delante” mencionó “cómo encarar de una manera dinámica un proceso de transformación cultural que a nuestra sociedad le falta”.
Napiloti observó que tras más de diez años de gobierno del FA, todavía no existe una red de atención para usuarios problemáticos de drogas que sea “efectiva y eficiente” y cuya oferta esté a la altura de la demanda existente. “Entonces hay dos puertas: una posibilidad es que [la persona adicta] se vaya a Beraca -y ya sabemos qué pasa allí-; otra es que se fisure y entre en relación con el delito, entonces termina privado de libertad. Y yo me pregunto si trabajamos el problema del consumo dentro de las cárceles: no lo hacemos. Tenemos deficiencias en todos lados, en buena medida porque arrastramos una cultura institucional que trata al consumidor desde el punto de vista patológico”. Además, pidió revisar la política penal sobre narcotráfico, porque “no podemos castigar al narcomenudeo de la misma forma que al narcotraficante”. Finalmente, dijo que para consolidar el cambio de paradigma es necesario dar una discusión que permita avanzar hacia una “ley integral de drogas”, que contemple todos los aspectos de este nuevo abordaje de una forma “integral”.
En tanto, Tomassini dijo que a la hora de establecer políticas sobre drogas, “deberían reconocerse los beneficios asociados al consumo de la sustancia”, es decir, preguntarse “por qué se la consume”.