Sin librarlo al azar

“De aprobarse una ley que está a estudio en el Parlamento, empresarios extranjeros podrán ganar millones de millones de dólares que no podrán ser regulados y estrictamente controlados por las autoridades económicas”, denuncia la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en un comunicado mediante el cual convoca a una conferencia de prensa hoy de mañana. Allí dejará sentada su posición contraria al proyecto de ley que regula los casinos y los juegos de apuestas, a estudio del Parlamento, y anunciará una actividad de debate sobre el tema, que generó discordia en la bancada del Frente Amplio (FA). En el oficialismo subsisten algunas diferencias respecto de la iniciativa.

La Federación Nacional del Juego (Fenaju), que nuclea a los trabajadores del sector, ya expresó su posición en diciembre del año pasado. El miércoles, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, reiteraron su postura. El proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo deja la regulación del juego a cargo de la Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas, que sustituirá a la actual Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, mientras que la explotación por parte del Estado será realizada por un servicio descentralizado, sucesor de la actual Dirección General de Casinos, denominado Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado. Los trabajadores entienden que esta estructura supone una “privatización” de la explotación del juego y de su control.

Leonel Revelese, de Fenaju, dijo el miércoles en comisión que los trabajadores son “totalmente contrarios” a la iniciativa. Según consta en la versión taquigráfica, el abogado de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce), Daniel Parrilla, sostuvo que el texto instala “un nuevo modelo” que echa por tierra el “principio fundamental de ilicitud” del juego y “somete” la actividad “a las reglas del mercado y a la libre competencia”. “Con el agravante de que estamos incursionando en un tema esencialmente vinculado con el orden social y con aspectos tan importantes como la salud de la gente”, acotó.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti negó que este sea el espíritu del proyecto. “Quedó claro en la exposición de motivos y en la presentación hecha en sala que el Poder Ejecutivo parte de la base de la ilicitud del juego”, remarcó el legislador en comisión.

Los trabajadores cuestionan, entre otros artículos, el 2º, que dispone que el Ejecutivo podrá “otorgar las autorizaciones, permisos, licencias o las concesiones necesarias a los efectos de que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, exploten o coadyuven a la explotación y administración de una determinada modalidad de juego, sujetas al contralor estatal correspondiente”. Jorge Pérez, dirigente de Anfuce, dijo en comisión que esto da facultades al “gobierno de turno” para que, “ungido de un poder absoluto, por vía administrativa y salteándose al Parlamento nacional”, otorgue “las autorizaciones a voluntad”.

Los trabajadores también cuestionan el literal “ñ” del artículo 11, que da a la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar la facultad de “celebrar convenios con firmas de auditoría de reconocida trayectoria, a efectos de encomendar a estas las tareas de contralor, auditoría y asesoramiento que opte por no ejercer directamente”, porque entienden que de ese modo se resigna el control en manos de privados.

En la conferencia de hoy, COFE y Fenaju anunciarán una jornada de debate y reflexión que se realizará el lunes en el Parlamento, denominada “Juegos de azar: políticas y problemática”, donde expondrán expertos internacionales y representantes de los partidos políticos (ver “Falta con aviso”). El miércoles, en comisión, Revelese dio algunos detalles del evento. Afirmó que “toda la sociedad uruguaya debe involucrarse” en el debate del tema, que tendrán apoyo de universidades públicas y privadas y que hablarán “personalidades internacionales, de Inglaterra y España, que tienen experiencia en juego online y [...]cómo ha afectado a la juventud” esta actividad. “También habrá ponencias de parte de los empresarios, a fin de que hablen todos los actores, a favor y en contra”, contó el dirigente a los legisladores. “Pensamos continuar con otros eventos y movilizaciones para sensibilizar a la opinión pública, a fin de que sepa que se está planteando un cambio radical en la institucionalidad del juego y [que] en caso de aprobarse este proyecto retrotraería a Uruguay a épocas que no le harían bien”, agregó.

Acá juega

Asti dijo a la diaria que se presentarán al Ejecutivo algunas propuestas de cambios en la redacción del texto, de modo que quede claro que las nuevas concesiones a casinos se deben hacer por ley, porque con la redacción actual “parece que puede otorgarlas el Poder Ejecutivo”. El legislador remarcó que la iniciativa no modifica la normativa actual.

Otro de los reclamos de los trabajadores es reglamentar el juego online. Asti explicó que hay distintas posiciones en la bancada del FA: algunos legisladores entienden conveniente regularlo en este proyecto, y otros no. Personalmente, Asti consideró que la actividad ya se está desarrollando en el país y “es muy difícil cortarla”, y se mostró partidario de “mejorar la situación autorizando algunos [juegos] y dando garantías, por ejemplo, de pago en caso de ganar”. De todos modos, sí se acordó en la bancada establecer algún tipo de limitación a la publicidad de juegos online no autorizados -por ejemplo, prohibiendo la publicidad que se emita en los canales de televisión por cable, dijo el legislador- y prohibir la utilización de tarjetas de crédito emitidas en el país para pagar juegos online no autorizados.

En cuanto a las máquinas tragamonedas, los legisladores interpretan que tal como está redactado el texto, estarían prohibidas, y que debería incluirse una regulación explícita al respecto, o no regularlas expresamente.

Otro posible cambio que tendrá la iniciativa se vincula a la dirección del servicio descentralizado a crearse. El Ejecutivo propuso que fuera unipersonal, por un tema de costos y ejecutividad, pero para ello precisa dos tercios de votos en el Parlamento, y algunos legisladores de la oposición ya expresaron su rechazo a esta composición. El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo en abril a la diaria que le “rechina” que el servicio descentralizado “tenga como cabeza a una sola persona”, y el diputado nacionalista Gustavo Penadés señaló que “convertir dos direcciones nacionales en un servicio descentralizado, y dirigido por una sola persona”, no le “convence”. Por lo tanto, la iniciativa “muy probablemente” se modifique para disponer una dirección colectiva, informó Asti.

La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lilián Galán, integrante de la comisión, prefirió no opinar sobre el proyecto porque “está muy verde” y su sector no tiene “una posición definitiva”. “Estamos analizando el texto; el abogado de los trabajadores fue muy claro, pero todavía no tenemos una posición definitiva. El 13 (día del debate en el Parlamento) va a ser una instancia muy importante para nosotros”, se limitó a señalar.