De los millones de dólares que gasta el Estado anualmente en compras públicas, los pequeños productores y pescadores podrán acceder a una parte. Para ello, y según la Ley 19.292, aprobada en 2014, y que declara de interés general la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal, deben nuclearse al menos cinco productores agropecuarios (de los cuales, como mínimo, 70% deben ser productores familiares agropecuarios y/o pescadores artesanales, con registro activo en la Dirección General de Desarrollo Rural) e inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (Renaoh). La ley establece que el Estado garantizará una “reserva mínima” de 30% del mercado de bienes alimenticios para las compras centralizadas y de 100% para las no centralizadas, siempre que exista oferta.
Esta semana se puso en marcha el Renaoh, una herramienta que nace en el marco de la mencionada ley y que es llevada adelante por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Desarrollo Social (Mides), a la que el propio director general de Desarrollo Rural, José Olascuaga, describió como “un instrumento para el desarrollo de sectores con políticas diferenciadas” como los de la agricultura familiar y la pesca artesanal.
Si bien hay cinco organizaciones de este tipo que ya le venden al Estado, Olascuaga consideró que este registro “va a abrir la cancha a otras que estén interesadas en regularizarse”. De acuerdo con el último censo agropecuario, de 2011, hay unos 25.000 productores familiares y más de 500 embarcaciones de pesca artesanal registradas.
Dos de las organizaciones que tienen comercio con el Estado son la Cooperativa Agraria Limitada de Productores de Cerdos (Caluprocer) y la Cooperativa de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (Conafpu), ambas proveedoras del Ministerio del Interior.
Caluprocer, creada en 2006 por la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos, nuclea a 260 productores, de los cuales un centenar vende a esa cartera. La cooperativa debe cumplir con una cuota de entrega de aproximadamente 30 toneladas por mes (500 animales) a las cárceles, y además el mes pasado empezó a cumplir un segundo convenio, este con la Escuela Nacional de Policía, a la que le vende unos siete animales mensuales. Estas cantidades implican unos cinco animales por productor, por mes.
Por otro lado, 20 productores de Conafpu venden unas 40 toneladas mensuales de pollo entero a la Dirección de Cárceles. La cooperativa está gestionando con la Intendencia de Canelones la posibilidad de acceder a un cupo de 2.000 kilos mensuales de pollo trozado para la Dirección General de Desarrollo Social (DGDR).
Entre los beneficios derivados de estos acuerdos los integrantes de las cooperativas mencionan la posibilidad de planificar la producción, la certeza en la colocación y un manejo más directo entre el productor y el consumidor. Pero el régimen también presenta algunas dificultades a solucionar, como el atraso del Estado en los pagos, que llega a los seis meses. Consultado al respecto, Olascuaga afirmó que hay ciertos instrumentos pensados especialmente para hacer frente a este problema “nombrado por tantos productores”. Por un lado, están los fondos rotatorios de la DGDR, y por otro, República Microfinanzas, ambas proveedoras de soluciones que permiten sortear el desfasaje financiero.
Para Olascuaga, la nueva política es “novedosa e innovadora” y requerirá “mucho esfuerzo de ambas partes”. Por el lado de los productores, el de “organizar la producción y cumplir” con la cantidad, las fechas y los estándares pactados, y por el de los compradores, el de adaptarse a una modalidad diferente, “ajustando los mecanismos de compra para que no se hagan inaccesibles”. “Para el Estado es una ventaja, porque termina comprando una mercadería de buena calidad y a precio más accesible”, afirmó.
Por su parte, la directora nacional de Economía Social e Integración Laboral del Mides, Mariela Fodde, calificó al Renaoh de “una reivindicación histórica” y un “hito fundamental”, sobre todo en lo que tiene que ver con la descentralización. Para Fodde, uno de los los grandes desafíos para ponerlo en práctica será “fortalecer la interinstitucionalidad” y, en la misma línea, la difusión de la ley.
Para inscribirse como organización habilitada en el Renaoh deberán juntarse al menos cinco productores agropecuarios con registro activo en la DGDR y registrarse por única vez.