Con Wilson Benia, coordinador adjunto del estudio “Salud y enfermedades en condiciones de privación de libertad”, y Eduardo Levcovitz, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Uruguay.

El Diagnóstico Epidemiológico en Centros de Privación de Libertad presentado ayer deja en evidencia que el derecho a la salud también es un debe en el sistema penitenciario de adultos y jóvenes del país, y que todavía no existe una política pública sobre el tema.

WB: -Hay que destacar que el ingreso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado [a las cárceles de la zona metropolitana] cambió significativamente la atención, pero la brecha entre lo deseable y lo real continúa. Los responsables de las instituciones saben que existe esa brecha, sólo que ahora se cuantificó, y conocer la magnitud del problema es un elemento importante para empezar a cambiar. Hay una brecha importante entre la población y la población carcelaria; el proyecto busca dar cuenta de esa brecha y ser insumo de protocolos para homogeneizar la calidad de la atención.

EL: -El 1º de agosto presentaremos protocolos para adultos y adolescentes, para atender enfermedades específicas, crónicas, no transmisibles, VIH, tuberculosis, de salud bucal, mental -particularmente suicidio e intento de autoeliminación- y de salud sexual y reproductiva. También se realizaron capacitaciones y se elaboraron dos documentos de estrategia general sobre la función de promoción y prevención; la idea es aprovechar el tiempo en el que esa población está privada de libertad para implementar este tipo de medidas.

WB: -Se está capacitando a quienes trabajan en los centros de privación de libertad, ya sea el equipo de salud o el personal penitenciario a cargo de la custodia, para que puedan detectar [síntomas] y factores de riesgo de forma precoz y dar un tratamiento oportuno. Sólo un operador penitenciario, u otro recluso, puede detectar precozmente un proceso de aislamiento y de ideación suicida, por ejemplo.

¿Como cuáles?

WB: -1% de los privados de libertad tenía una sífilis activa, pero sólo un tercio tenía tratamiento. Esos dos tercios son hombres recluidos en el interior del país; esto sucede porque en la zona metropolitana se implementó una muy buena práctica que detecta si tienen VIH y sífilis, y se los trata. El protocolo de ingreso toma esta buena práctica y se busca llevarla al interior del país. Las lanchitas se mueven más rápido que los buques grandes; en los centros muy grandes [la implementación de los protocolos] va a exigir más tiempo.

Respecto de la información recabada sobre salud sexual y reproductiva, ¿hay datos sobre embarazos y acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)?

WB: -No lo exploramos. Lo que queremos es que las personas privadas de libertad tengan restringido solamente el derecho a la libre deambulación, manteniendo un ejercicio de todos los demás derechos. Por eso hicimos énfasis en la visitas íntimas: nos parece problemático que sólo un tercio de la población acceda, que sólo 12%, es decir, una de cada diez mujeres, acceda. Eso es una limitación del ejercicio de la sexualidad, de los modos de vivir su sexualidad. También hicimos énfasis en el acceso a preservativos y métodos anticonceptivos. En el intercambio entre el estudio epidemiológico y el protocolo de salud sexual y reproductiva, incorporaremos el acceso a IVE, para que las personas puedan elegir sus prácticas sexuales con seguridad, decidir si quieren tener hijos o no.

Un dato que llama la atención sobre lesiones y violencia es que la causa principal de lesiones en los adolescentes fue un disparo de arma de fuego. Considerando que el promedio de reclusión que surgió del estudio es de 17 meses, y que el estudio se realizó preguntando sobre los últimos 12 meses, ¿hay posibilidad de que una proporción de esas lesiones se haya dado dentro de la cárcel?

WB: -La intención no fue preguntar si la lesión fue en la cárcel. El objetivo no es evaluar la cantidad de armas de fuego [dentro de los centros de reclusión], sino ver la magnitud de la exposición de esta población a las lesiones por armas de fuego o por objetos cortantes, por ejemplo. Usamos el conjunto de preguntas que tiene la OPS para evaluar poblaciones y tratamos de adaptarla al sistema penitenciario.

EL: -Es la misma herramienta que se usa para la población en general, para no tener preconcepciones o prejuicios sobre esa población. El estudio es fotográfico, te indica temas para profundizar; este es un tema, el suicidio es otro.

WB: -Si algo atenta contra la salud mental es la sensación de aislamiento y abandono. Vimos que hay una desigualdad de género muy importante: los varones acceden mucho más a la visita que las mujeres. Un tercio de los varones son visitados, predominantemente por sus madres, padres y parejas; un quinto de las mujeres son visitadas, principalmente por sus hijos. Además de los aspectos vinculados a la red de sostén y apoyo afectivo, [evidencia] que el puente con el afuera está determinado por múltiples factores, también por los estereotipos de género que atraviesan a toda la población, y a esta en particular.

¿Qué recomendaciones realizan?

WB: -Ponemos el acento en que dentro de los centros se generen espacios grupales de intercambio y expresión, para que las personas puedan expresar sus afectos, sentimientos, enojos, frustraciones y, a la vez, limitar la sensación de aislamiento, abandono, melancolía. Para que puedan poner en palabras muchas cosas que, si no, se convierten en actos. Esa enorme cantidad de episodios de lesiones graves también tiene que ver con la dificultad de usar la palabra como vía de resolución de conflictos; son la expresión de actos concretos sobre los cuerpos propios y de otros. Esto debe ser atendido para propender a un mayor bienestar.

EL: -Hay que aprovechar las buenas prácticas de algunos centros y diseminarlas a los otros.

*Otro dato que surgió del estudio fue el consumo de psicofármacos no indicados. *

WB: -El número surgió desde un formulario autoadministrado, por lo que hay algunos márgenes de incertidumbre respecto de qué entendió la persona que leyó. Observamos un consumo del orden de 18%: si son fuera de la prescripción médica significa que hay un tráfico interno que también debe ser atendido; si se entendió mal y estamos ante medicación prescrita, quizá haya que revisar las pautas de prescripción.

En cuanto al consumo de sustancias, ¿qué surgió?

WB: -Si bien el uso del alcohol está restringido y es lo que menos se consume, 2,5% consume diariamente; cifra muy similar a la de la población en general. Los dos problemas principales son el consumo de marihuana y de tranquilizantes; ese consumo está por encima de la media de la población en general.